Comisión aprueba reforma para someter a jefes de organismos electorales a juicio político

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó este martes una reforma constitucional que abriría la puerta a procesos de juicio político contra los máximos dirigentes de las tres instituciones que administran las elecciones en Perú. Con 16 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, los legisladores respaldaron una propuesta que modificaría el artículo 99 de la Constitución para incluir a los presidentes del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil como sujetos susceptibles de denuncias y antejuicios constitucionales.

La iniciativa, presentada por Martha Moyano de Fuerza Popular, quien encabeza la comisión, responde a un exhorto que el Tribunal Constitucional hizo al Congreso hace varios años. Ese tribunal consideró que los titulares de estos organismos electorales debían poder ser sometidos a procesos de responsabilidad política. Moyano explicó durante el debate que el dictamen incorporaba elementos de seis proyectos de ley diferentes y que la reforma permitiría que el Congreso ejerciera un control sobre estas autoridades que hasta ahora gozaban de cierta protección constitucional.

Si la reforma logra aprobación en el Pleno en dos legislaturas consecutivas con al menos 87 votos, los efectos serían significativos. Los titulares de estas instituciones electorales podrían ser destituidos de sus cargos y inhabilitados para ejercer funciones públicas durante hasta una década. Esto incluiría la posibilidad de iniciar procesos de antejuicio político, que es una denuncia constitucional presentada ante el Congreso, seguida de un juicio político formal con capacidad de remover del cargo.

La propuesta cobra particular relevancia en el contexto político actual. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, ya enfrenta denuncias constitucionales que podrían verse afectadas por esta reforma. Además, los titulares de la ONPE y Reniec podrían ser objeto de denuncias una vez que terminen sus mandatos, según lo expresado ante la Junta Nacional de Justicia. Esto sugiere que la reforma no solo busca afectar a autoridades actuales, sino también crear un mecanismo para responsabilizar a funcionarios después de que dejen sus cargos.

El apoyo a la medida provino de una coalición que domina el Congreso. Fuerza Popular aportó cinco votos, mientras que APP, Renovación Popular y Acción Popular contribuyeron con dos votos cada una. Podemos también respaldó la propuesta con dos votos, y Avanza País y Somos Perú sumaron uno cada una. La congresista no afiliada Maricarmen Alva también votó a favor. Durante el debate, Diana Gonzales de Avanza País señaló que el Tribunal Constitucional en su exhorto original había apuntado solo a que los funcionarios estuvieran sujetos a antejuicio, no necesariamente a juicio político. Moyano reconoció este punto pero argumentó que el Congreso tenía derecho a ir más allá e incluir el juicio político por infracción constitucional, que conlleva la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El contexto más amplio de esta reforma es un Congreso que busca expandir su capacidad de destituir a funcionarios de diversas instituciones. El fujimorismo y sus aliados parlamentarios han estado presionando para someter a las autoridades electorales a procesos de juicio político, parte de una estrategia más amplia de control sobre instituciones clave. La aprobación en comisión es solo el primer paso; la reforma aún debe ser debatida y votada en el Pleno, donde necesitará una mayoría calificada de 87 votos en dos legislaturas consecutivas para convertirse en ley. Con esta aprobación inicial, la coalición gobernante ha demostrado que cuenta con los números necesarios para avanzar en su agenda institucional.