Comisión aprueba que reformas constitucionales requieran aprobación previa del Congreso

Arrebatarle a la ciudadanía su derecho a modificar la Constitución
La crítica de Verónika Mendoza resume la preocupación de la oposición sobre el nuevo mecanismo de aprobación.
Mark

¿Por qué es importante que el Congreso apruebe primero las reformas constitucionales?

Mimi

Porque así se asegura que cualquier cambio a la Constitución pase por un filtro de representantes elegidos antes de ir al pueblo. Es un mecanismo de control.

Luke

Pero ¿quién decide que eso es mejor? El argumento de Mendoza es que los ciudadanos pierden poder directo. ¿Hay evidencia de que esto funciona mejor en otros países?

Mark

¿Y qué pasa con esa cláusula de los dos tercios en dos legislaturas?

Mimi

Eso permite que si hay consenso muy fuerte en el Congreso, la reforma se apruebe sin referéndum. Evita dilatar el proceso.

Luke

Pero eso también significa que con suficiente acuerdo parlamentario, se pueden cambiar reglas fundamentales sin que vote la ciudadanía. ¿Eso es democrático o es concentración de poder?

Mark

¿Cuántos votos se necesitaban para aprobar esto en la comisión?

Mimi

Once a favor, seis en contra, uno se abstuvo. Patricia Juárez lo lideró desde Fuerza Popular.

Luke

Así que pasó con una mayoría clara pero no abrumadora. Hay una tercera parte de la comisión que se opone. Eso sugiere que el tema sigue siendo divisivo.

Mark

¿Qué sigue ahora?

Mimi

Tiene que ir al pleno del Congreso. Ahí se verá si hay apoyo más amplio o si la oposición logra frenarla.

Luke

Y mientras tanto, ¿cuál es el procedimiento actual? ¿Cómo funcionan las reformas ahora?

Mimi

Actualmente, el Congreso puede iniciar una reforma, pero hay más flexibilidad. Esta propuesta cierra esos espacios.

Luke

Entonces esto no es un cambio técnico menor. Es un cambio de poder sobre quién controla el proceso constitucional.

  • La Comisión de Constitución aprobó una reforma que convierte al Congreso en filtro obligatorio para cualquier cambio a la Constitución, antes de que los ciudadanos puedan pronunciarse.
  • La tensión es inmediata: con solo 11 votos a favor y 6 en contra, la medida revela una cámara dividida sobre quién debe tener la última palabra en las reglas del Estado.
  • La oposición, encabezada por Verónika Mendoza, denuncia que la propuesta despoja a la ciudadanía de su derecho a reformar directamente la Constitución vía referéndum.
  • El mecanismo aprobado abre además una puerta silenciosa: con dos tercios del Congreso en dos legislaturas consecutivas, las reformas pueden entrar en vigor sin consultar a los ciudadanos en absoluto.
  • La propuesta aún debe superar el voto del pleno del Congreso, donde se decidirá si esta nueva arquitectura constitucional se convierte en ley vigente.

En el corazón de toda democracia late una pregunta que nunca se agota: ¿quién custodia la voluntad del pueblo? El 27 de noviembre, la Comisión de Constitución del Congreso peruano aprobó una propuesta que exige que cualquier reforma constitucional transite primero por el Congreso antes de llegar a manos de los ciudadanos en referéndum. Con once votos a favor y liderada por Patricia Juárez de Fuerza Popular, la iniciativa reaviva el eterno debate entre la democracia representativa y la democracia directa, recordándonos que las reglas del juego político son, en sí mismas, el campo de batalla más profundo.

El 27 de noviembre, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso peruano aprobó una propuesta que redefine el camino que deben recorrer las reformas constitucionales en el país. La votación fue estrecha —11 a favor, 6 en contra y 1 abstención— y el resultado es sustancial: de ahora en adelante, ninguna reforma podrá llegar directamente a los ciudadanos sin pasar antes por el Congreso.

La iniciativa, presentada por Patricia Juárez de Fuerza Popular, quien preside la comisión, establece que toda reforma debe ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso y luego ratificada en referéndum. Sin embargo, el texto incluye una excepción de peso: si la reforma obtiene más de dos tercios de los votos en dos legislaturas ordinarias consecutivas, el referéndum puede omitirse por completo, y la reforma entra en vigencia sin consulta ciudadana directa. Además, la convocatoria al referéndum queda en manos del presidente de la República, pero solo por mandato del Congreso, eliminando cualquier margen de acción independiente del ejecutivo.

La reacción opositora no tardó. Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, acusó a la propuesta de arrebatarle a la ciudadanía su derecho fundamental a modificar la Constitución por vía directa. Su crítica expresa una preocupación más amplia: que fortalecer el rol del Congreso en este proceso significa, en la práctica, debilitar la capacidad de los peruanos de intervenir en las decisiones constitucionales más trascendentes.

El debate de fondo es tan antiguo como la democracia misma: ¿quién debe tener la última palabra sobre las reglas del juego político? La propuesta aprobada en comisión es solo un paso; aún debe enfrentar el voto del pleno del Congreso, donde se definirá si esta nueva arquitectura para las reformas constitucionales se convierte en realidad.

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso peruano aprobó el 27 de noviembre una propuesta que redefine cómo pueden modificarse los artículos de la Constitución. El cambio es sustancial: de ahora en adelante, cualquier reforma constitucional deberá pasar primero por el Congreso antes de llegar a manos de los ciudadanos en un referéndum. La votación fue cerrada: 11 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

La iniciativa, presentada por Patricia Juárez de Fuerza Popular, quien preside la comisión, lleva el nombre técnico de "Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulados en los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de derechos de participación y control ciudadano". Aunque el título habla de fortalecimiento, el contenido modifica significativamente el camino que deben recorrer las reformas constitucionales en el país.

El mecanismo propuesto funciona así: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con una mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los congresistas presentes. Una vez que el Congreso da su visto bueno, el texto va a referéndum para que la ciudadanía se pronuncie. Sin embargo, existe una puerta de salida: si el Congreso logra aprobar la reforma con una votación superior a dos tercios en dos legislaturas ordinarias consecutivas, puede omitir completamente el referéndum y la reforma entra en vigencia sin consultar directamente a los ciudadanos.

La propuesta también especifica que el presidente de la República es quien convoca al referéndum, pero solo por disposición del Congreso. Esto significa que el poder ejecutivo no puede actuar de manera independiente en este proceso. Además, la comisión estableció que no podrán someterse a referéndum aquellas materias que no sigan el procedimiento constitucional establecido en el artículo 206 de la Constitución.

La reacción de la oposición fue inmediata. Verónika Mendoza, legisladora de Juntos por el Perú, criticó duramente la medida, argumentando que el dictamen "pretende arrebatarle a la ciudadanía su derecho a modificar la Constitución vía referéndum". Su posición refleja una preocupación más amplia: que el fortalecimiento del rol del Congreso en este proceso debilita la capacidad de los ciudadanos de intervenir directamente en cambios constitucionales fundamentales.

El debate de fondo toca un punto neurálgico de la política peruana: quién debe tener la última palabra cuando se trata de cambiar las reglas del juego político. ¿El Congreso, como representante elegido del pueblo? ¿O los ciudadanos directamente, mediante referéndum? La aprobación de esta propuesta en comisión es un paso hacia adelante en el proceso legislativo, pero aún debe pasar por el pleno del Congreso antes de convertirse en ley. Lo que suceda en esa votación final determinará si esta nueva arquitectura para las reformas constitucionales se convierte en realidad.

El dictamen pretende arrebatarle a la ciudadanía su derecho a modificar la Constitución vía referéndum
— Verónika Mendoza, Juntos por el Perú
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