Comisión aprueba que expresidentes no abandonen Perú por un año tras su mandato

En los últimos días de una legislatura que terminaría el 18 de diciembre, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso peruano aprobó por unanimidad una reforma que obligaría a los expresidentes a permanecer en el país durante un año después de dejar el cargo. La medida, respaldada por los diez miembros presentes de la comisión presidida por Omar Chehade, surgió de propuestas conjuntas del Frepap, el Partido Morado y Acción Popular, y busca modificar el artículo 112 de la Constitución Política.

La propuesta establece que cualquier expresidente "o quien hubiese ocupado el cargo" no podrá abandonar el territorio nacional durante ese período de un año, a menos que el Congreso apruebe su salida con más de la mitad de sus miembros presentes y considerando razones objetivas que justifiquen la solicitud. El texto sustitutorio aprobado crea lo que la comisión denominó un "régimen de residencia temporal del expresidente de la República". En el dictamen, los legisladores justificaron la medida señalando que existe una alta probabilidad de que los expresidentes enfrenten investigaciones judiciales, y que su permanencia en territorio peruano es necesaria para facilitar la acción de la justicia y evitar los costosos y prolongados procedimientos de extradición.

Durante el debate, surgieron diferencias sobre la duración del período de restricción. Gino Costa, del Partido Morado, cuestionó el plazo de un año y propuso reducirlo a seis meses, argumentando que ese tiempo sería suficiente para que las autoridades fiscales y judiciales impusieran medidas cautelares restrictivas más amplias contra los investigados antes de que abandonaran el país. Costa enfatizó que el objetivo era permitir que las autoridades competentes iniciaran investigaciones y aplicaran restricciones de libertad si lo consideraban necesario, evitando que la salida del país obstaculizara la acción de la justicia.

Otro punto de vista provino de Otto Guibovich, portavoz de Acción Popular, quien argumentó que seis meses era "casi nada" considerando los antecedentes de los últimos treinta años respecto a los expresidentes peruanos. Guibovich manifestó que la comisión debería ser "menos tolerante con la corrupción y más severa en la aplicación de la norma", y expresó que habría preferido los dos años que proponía el Frepap, aunque consideraba que un año podría ser un término intermedio razonable. Señaló que la experiencia histórica demostraba que los expresidentes empleaban "todas las formas y todas las argucias" para evadir la justicia.

Antes de la votación, Costa retiró su propuesta de seis meses para mantener el consenso dentro de la comisión. El texto sustitutorio fue aprobado con el plazo de un año. Sin embargo, esta no es la versión final: como se trata de una reforma constitucional, requiere aprobación en dos plenos del Congreso en legislaturas diferentes. La legislatura en curso estaba prevista que concluyera el 18 de diciembre, y la semana siguiente sería de representación, lo que significaba que la votación en el pleno tendría que realizarse antes de que terminara esa semana. Además, el pleno podría introducir modificaciones al texto aprobado por la comisión.