Comenzó el juicio contra los “sanadores egipcios” de Traslasierra

En Córdoba, comenzó esta semana el juicio contra Álvaro Aparicio Díaz y su esposa Carolina Laura Cannes, acusados de encabezar una organización que explotó laboralmente a sus miembros y cometió abusos sexuales. Aparicio se presentaba ante sus seguidores bajo el nombre Ahú Sari Merek, afirmando ser maestro en las artes curativas ancestrales de Egipto. Ante el Tribunal Oral Federal N° 2, negó todos los cargos y sostuvo que la causa estaba completamente fabricada en su contra. Ambos acusados llegaron a esta etapa del proceso en libertad, después de haber estado detenidos durante la investigación inicial.

La operación que desmanteló la organización, denominada Fundación Académica Sêshen, ocurrió en marzo de 2020 en San Lorenzo, en el Valle de Traslasierra, al oeste de Córdoba. Once personas presentaron denuncias contra la pareja. La investigación reveló un sistema sofisticado de captación y control. Aparicio se comercializaba como especialista en egiptología con décadas de experiencia, vendiendo cursos sobre medicina tradicional egipcia, psicología Sêshen y meditación. Cobraba millones de pesos por consultas en las que aseguraba haber curado cánceres, depresiones, y que asesoraba a políticos. Sus víctimas pagaron miles de dólares por estos servicios, vendiendo posesiones personales y cortando lazos con sus familias y parejas anteriores para financiar su participación.

Carolina Laura Cannes cumplía un rol administrativo clave: asignaba turnos, cobraba consultas y monitoreaba constantemente lo que cada seguidor publicaba en redes sociales. La pareja comercializaba cursos con títulos como Kábalah Ciencia Egipcia, La Flor de la Vida: Meditando en las Dimensiones de la Luz, y Geometría Sagrada Jeroglífica del Antiguo Egipto. Estos productos se presentaban como obras profundas que demostraban conexiones energéticas entre jeroglíficos egipcios y letras hebreas. Los peritos que analizaron la estructura de la organización concluyeron que funcionaba como un grupo de abuso psicológico que empleaba técnicas de persuasión coercitiva, captando deliberadamente a personas en estados de vulnerabilidad emocional y personal.

A principios de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 comenzó a expandirse, Aparicio convocó a un grupo de seguidores que consideraba elegidos a mudarse a una propiedad llamada Pozos Azules, también en San Lorenzo. Allí, bajo el pretexto de protegerse del fin del mundo que supuestamente se aproximaba, los residentes pasaban días sin comer ni bañarse mientras trabajaban sin descanso en tareas asignadas. Aparicio exhibía armas, justificándolas como defensa contra posibles ataques externos. El ambiente recreaba un escenario de catástrofe inminente que reforzaba la dependencia psicológica de los miembros.

Una de las víctimas escribió años después a este diario describiendo cómo fue capturada gradualmente. Relató que Aparicio se posicionó simultáneamente como su maestro, psicólogo y padre, manipulando sus emociones para hacerla sentir que así era. Logró aislarla de su familia, amigos y pareja, y controló tanto sus finanzas personales como las que compartía con otros. Durante su tiempo en la organización, perdió un embarazo, un evento traumático que Aparicio utilizó para profundizar su control emocional, convenciéndola de que se lo merecía. Ella reflexionó posteriormente sobre la imperceptibilidad del proceso: cómo, durante días, meses y años, fue sometida sin darse cuenta, hasta que su vida entera estuvo en manos de alguien cuyas intenciones eran, en sus palabras, repugnantes.

El tribunal está integrado por los jueces Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís. El fiscal Carlos Casas Noblega lleva la acusación. La causa pasó inicialmente por la justicia provincial de Córdoba antes de ser elevada al fuero federal, donde el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó la liberación de las víctimas que habían sido detenidas durante la investigación inicial. El juicio continúa en desarrollo, con las acusaciones de trata laboral y abusos sexuales como delitos centrales, mientras las once víctimas buscan que se reconozca el daño sistemático que sufrieron bajo la manipulación de esta pareja.