Colombia logra acuerdo con campesinos tras 43 días de protestas en Caquetá

Después de seis semanas de tensión creciente en el sur de Colombia, el Gobierno y los campesinos de San Vicente del Caguán llegaron a un acuerdo el domingo que puso fin a una crisis que había dejado cicatrices profundas en la región. Durante 43 días, los agricultores de Caquetá mantuvieron una movilización que escaló hasta enfrentamientos directos con la fuerza pública. El saldo fue grave: un policía y un civil perdieron la vida, varios más resultaron heridos, y en un momento de máxima tensión, los campesinos retuvieron a 79 uniformados, a quienes posteriormente liberaron. El presidente Gustavo Petro anunció el cierre de las negociaciones a través de redes sociales, señalando que el diálogo había concluido tras varios días de trabajo en el terreno.

El acuerdo que emergió de estas conversaciones representa un giro significativo en cómo el Gobierno aborda los conflictos rurales. Una de sus piezas centrales es la creación de una comisión mixta de derechos humanos integrada por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, y representantes de ambas partes. Esta comisión tendrá la responsabilidad de acompañar a los campesinos en los procesos legales que enfrentan como consecuencia de la protesta social que ocurrió en Los Pozos el 2 de marzo. La participación de la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano de los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales —conocida como Coscopaas— en esta estructura institucional marca un reconocimiento formal de su legitimidad como representante de las comunidades rurales de la región.

Otro componente central del pacto establece un canal de comunicación directo entre el Gobierno y Esmerald Energy, la empresa extractiva cuyas operaciones habían sido punto de fricción. Se creará una mesa técnica específicamente para examinar el cumplimiento de los contratos de concesión y para atender las demandas de la comunidad relacionadas con compensación ambiental y social del proyecto Capela. Simultáneamente, el Gobierno se comprometió a iniciar obras de pavimentación en la vía que conecta San Vicente del Caguán con Los Pozos y Delicias, una inversión en infraestructura que responde a demandas históricas de la zona.

El acuerdo también integra en un solo documento los compromisos que habían quedado pendientes desde octubre de 2022, cuando se habían alcanzado acuerdos parciales en Altamira, Villavicencio, Lejanías y Solano. Esta consolidación busca dar visibilidad y garantizar el cumplimiento de cada uno de esos compromisos, con una comisión conjunta encargada de revisar, ajustar y supervisar su ejecución. El Gobierno reconoce formalmente a Coscopaas como interlocutor válido de las organizaciones sociales de Caquetá, Meta y Guaviare, un reconocimiento que amplía su capacidad de negociación futura.

En materia ambiental, el acuerdo marca una ruptura con la política de la administración anterior. El plan Artemisa, que había sido criticado por su énfasis en operaciones militares para combatir la deforestación, fue descontinuado. El Gobierno se comprometió a revisar y modificar las políticas que considere contrarias a sus nuevos lineamientos estratégicos en defensa, seguridad y medio ambiente. En su lugar, se propone trabajar con las comunidades en modelos de reconversión productiva que promuevan una economía basada en la biodiversidad, el ecoturismo, etnoturismo y agroturismo, con financiación estatal. También se revisarán alternativas para la transición de la ganadería y la industrialización de la producción campesina.

La investigación de las causas profundas de la deforestación también entra en el acuerdo. El Gobierno se articularía con la Fiscalía General de la Nación para investigar los capitales y actores detrás de las grandes operaciones de deforestación y acaparamientos de tierra en la Amazonía, un compromiso que va más allá de la represión hacia la identificación de responsables estructurales. Como cierre del proceso, Coscopaas se comprometió a dar por terminada la movilización social pacífica y las comunidades comenzarían a regresar a sus lugares de origen en las 24 horas siguientes a la firma del acuerdo. El documento representa un intento de transformar la confrontación en canales institucionales de negociación, aunque su implementación real determinará si los compromisos se traducen en cambios tangibles en la vida de los campesinos de Caquetá.