En el Perú de 2026, el gobierno propone reclasificar a las organizaciones criminales como terroristas, buscando ampliar el alcance legal del Estado frente a una inseguridad que parece desbordarlo. El debate que surge no es solo técnico ni jurídico: es una pregunta antigua sobre si cambiar el nombre de un mal equivale a combatirlo. Especialistas de distintas tradiciones coinciden en que el verdadero desafío no es la etiqueta, sino la capacidad del Estado para investigar, perseguir y condenar con eficacia.