Dos gigantes corporativos estadounidenses tienen poder de veto sobre cualquier comprador de Sherritt gracias a reclamaciones históricas por propiedades confiscadas durante la revolución cubana de 1959. La Ley Helms-Burton ha creado un campo minado legal con casi 6.000 reclamaciones pendientes valuadas en más de US$9.000 millones, haciendo prácticamente imposible invertir en Cuba sin resolver estos derechos.