Cinco temas clave: ELN acusa a Petro, Trump pausa aranceles y USAID en limbo

La mañana del lunes 4 de febrero trajo consigo una cascada de decisiones que redefinen la política en tres continentes. En Colombia, el líder máximo del Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, rompió el silencio con una acusación directa: el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha incumplido el único compromiso que importa en la mesa de negociaciones. García, quien respondió por escrito a una entrevista exclusiva de CNN, señaló que el acuerdo sobre el alto el fuego y la participación de la sociedad civil en la construcción de una agenda de paz permanece sin cumplirse. Es una acusación que pone en jaque los esfuerzos de paz que Petro ha presentado como pilar de su administración.

Mientras tanto, en la frontera norte de América, Donald Trump ejecutó una maniobra política de precisión. Después de semanas de amenazas, pausó los aranceles a México y Canadá por treinta días. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum negoció el respiro a cambio de un compromiso inmediato: desplegar diez mil miembros de la Guardia Nacional para reforzar la frontera. Estados Unidos, por su parte, se comprometió a trabajar para detener el tráfico de armas de alto poder hacia México. Con Canadá, Trump fue más allá: acordó con el primer ministro Justin Trudeau la creación de una Fuerza de Ataque Conjunta dedicada a combatir el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero. La pausa es temporal, pero el mensaje es claro: la seguridad fronteriza es ahora moneda de cambio en las negociaciones comerciales.

En Washington, la incertidumbre rodea el destino de USAID. Elon Musk, el hombre más rico del mundo y encargado de reformar el Gobierno federal, anunció que Trump había aprobado el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La agencia, que ha operado durante décadas como instrumento de política exterior estadounidense, enfrenta ahora un futuro sombrío. No hay claridad sobre cuándo ocurriría el cierre ni qué sucedería con sus operaciones en decenas de países.

La crisis migratoria, mientras tanto, se profundiza. Miles de solicitantes de asilo, muchos de ellos venezolanos que viajaron con la esperanza de encontrar refugio en Estados Unidos, quedaron varados después de que Trump cancelara todas las citas de CBP One el 20 de enero. CBP One era el sistema mediante el cual personas podían solicitar asilo por violencia o persecución. Ahora, algunos de estos solicitantes están atrapados en refugios en Juárez, sin dinero y sin claridad sobre qué viene después. La incertidumbre es casi tan paralizante como la pobreza.

En El Salvador, el Gobierno de Nayib Bukele aceptó una propuesta que amplía el alcance de la deportación estadounidense. El secretario de Estado Marco Rubio informó que El Salvador recibirá y encarcelará a personas indocumentadas de cualquier nacionalidad que tengan antecedentes penales en Estados Unidos. Es una expansión significativa de los acuerdos de deportación existentes, que convierte a las cárceles salvadoreñas en extensiones del sistema penitenciario estadounidense.

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa respondió a estas tensiones comerciales con su propia medida: un arancel del 27 por ciento a todos los productos importados desde México, además del cierre de fronteras previsto para el sábado. La escalada arancelaria se propaga como un virus económico a través de la región.

En las calles de Estados Unidos, miles de personas salieron a protestar contra las nuevas medidas antiinmigratorias. Con banderas en alto y voces unidas, gritaban una frase simple pero poderosa: "Nadie es ilegal". Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas continuaban mientras los manifestantes marchaban en varios estados, rechazando la dirección que Trump ha impuesto a la política migratoria. El contraste es brutal: mientras algunos negocian pausas y acuerdos en salones de poder, otros luchan por su permanencia en las calles.