Cinco países latinoamericanos firman pacto regional contra el crimen organizado transnacional

Cinco ministros de Relaciones Exteriores se sentaron alrededor de una mesa en Santiago el jueves pasado con un propósito que sus gobiernos llevan tiempo persiguiendo: encontrar la manera de enfrentar juntos lo que ninguno puede resolver solo. Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú firmaron ese día el Compromiso de Santiago, un acuerdo regional diseñado para coordinar esfuerzos contra el crimen organizado transnacional, la migración irregular y el narcotráfico. No fue un gesto simbólico. Fue el reconocimiento de que las fronteras que separan a estos países son exactamente las que el crimen usa para escapar.

El presidente chileno José Antonio Kast participó en la cumbre y fue directo en sus palabras. Dijo que estos cinco países estaban cansados de ver cómo el crimen organizado mataba a sus jóvenes, tomaba control de los barrios y corrompía a quienes tenían poder para detenerlo. El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna fue más técnico pero igual de claro: la delincuencia organizada se ha convertido en una de las amenazas más serias para la gobernanza, la seguridad de las personas y la estabilidad institucional de la región. Los esfuerzos que cada país hace por su cuenta, explicó, simplemente no son suficientes. Necesitaban compartir información, coordinar políticas, trabajar como un bloque.

El acuerdo fue suscrito por los cancilleres de cada nación: Pablo Quirno de Argentina, Fernando Aramayo de Bolivia, Carlos Pareja de Perú y Gabriela Sommerfeld de Ecuador, junto con las autoridades chilenas. El documento establece un plan de acción conjunto y fija un plazo claro: en 180 días, los cinco países se reunirán nuevamente para medir qué han logrado. Después, presentarán los resultados ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos con la intención de invitar a otros países del continente a sumarse a la iniciativa.

Pero la cumbre ocurre en un contexto político complicado para Chile. El gobierno de Kast ha enfrentado críticas por no tener un plan concreto de seguridad pública, a pesar de que fue una de sus promesas principales durante la campaña. Esa falta de claridad llevó a la renuncia de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, después de menos de tres meses en el cargo. El actual ministro de Seguridad, Martín Arraú, quien también participó en la cumbre, intentó aclarar la posición del gobierno esta semana. Dijo que existe una política nacional de seguridad pública vigente, promulgada por el gobierno anterior, que durará seis años y que su administración operará bajo ese marco.

A nivel regional, los números muestran por qué esta coordinación es urgente. En Perú, solo en febrero se registraron 196 homicidios. La inseguridad ya se perfila como un tema decisivo para las próximas elecciones presidenciales en ese país. Ecuador ha anunciado operaciones conjuntas con Estados Unidos para desmantelar grupos criminales designados como terroristas. Argentina ya había firmado acuerdos similares con Washington. Lo que estos cinco países reconocen ahora es que el crimen no respeta fronteras, y tampoco puede hacerlo la respuesta.