Chile: La Defensa Nacional enfrenta crisis de prioridades políticas y presupuestarias

Chile gasta en defensa lo que políticamente está dispuesto a gastar, no lo que sus estrategas militares dicen que necesita. Esta brecha entre capacidades requeridas y recursos asignados es, según Richard Kouyoumdjian, vicepresidente de Athenalab, tácitamente aceptada por el Ejecutivo y el Legislativo. No se trata de escasez de dinero en las arcas públicas. Se trata de una elección deliberada de invertir en otras prioridades.

La pregunta que atraviesa el análisis es fundamental: ¿quién es responsable cuando la Defensa Nacional no recibe la atención que requiere? El Presidente de la República ostenta la responsabilidad final. Fija las prioridades nacionales, aprueba la política de defensa, controla el presupuesto, designa a los comandantes en jefe y a los altos mandos. Cuenta con una unidad especializada en el segundo piso presidencial para verificar que las decisiones se ejecuten. Pero en el Chile actual, las prioridades están en otro lado: reconstrucción de capacidades económicas y mejora sustantiva de la seguridad pública. Reducir delitos, derrotar al crimen organizado antes de que sea demasiado tarde. La defensa no figura en esa lista de urgencias, a pesar de lo que ocurre en la Macrozona Sur y en las fronteras del norte y noreste.

El argumento de que Chile no enfrenta amenazas externas inmediatas no resiste escrutinio. El mundo atraviesa uno de sus momentos más complejos. Las superpotencias han dejado claro que cada país debe defenderse con sus propias capacidades. No es época para andar sin músculo militar relevante. Los países necesitan la capacidad de enfrentar amenazas vecinales, regionales y globales a su territorio e intereses nacionales. Eso no se construye de la noche a la mañana. Si las amenazas no están claras, al menos se deben desarrollar las capacidades mínimas que aseguren la supervivencia nacional. Chile, a pesar de estar en el extremo sur del mundo, no está exento de riesgos.

Hay un problema estructural: en Chile la política de defensa no conversa con la política presupuestaria. La primera dice lo que debería tenerse. La segunda dice lo que se puede tener en términos de capacidades y presupuestos operativos. El resultado es que se invierte lo que aparentemente se puede pagar, no lo que se necesita. La inversión en defensa representa menos del 1,5% del PIB y algo menos del 4,5% del presupuesto público total, incluyendo pensiones. Esto ocurre porque el poder político privilegia claramente el gasto social y la seguridad pública. No es que no haya dinero. Es que no se quiere invertir en defensa.

Los comandantes en jefe tienen responsabilidades, pero el mundo político les impone deberes de obediencia, no de deliberación. Se espera que no hablen en público, solo a través de canales regulares o cuando el Congreso los requiere. Esto es un error porque impide que la opinión pública y la sociedad civil evalúen el estado real de las Fuerzas Armadas. Falta un Consejo de Seguridad Nacional activo donde los líderes militares puedan opinar sin riesgo de ser cancelados. Idealmente, debería existir una política de Seguridad Nacional que articule lo que se espera de la Defensa Nacional, los sistemas de seguridad pública y de inteligencia, que juntos conforman la base de la seguridad nacional.

El ministro de Defensa ya informó que la política de financiamiento de capacidades estratégicas falló poco después de iniciarse. Se asumió que el sistema político era serio y responsable. La solución que emerge del análisis es que la defensa debe convertirse en una política de Estado, con independencia financiera respecto de las administraciones de turno. Solo así se evitarían los vaivenes políticos que dejan a las Fuerzas Armadas en un estado de incertidumbre permanente, incapaces de planificar a largo plazo o de desarrollar las capacidades que el país necesitará enfrentar en los próximos años.