En un salón cerrado del Hotel Gran Meliá de Caracas, delegados del chavismo y de la oposición venezolana retoman la conversación en una cuarta ronda impulsada desde Washington, con la vista puesta en algo que la política del país lleva años esquivando: unas reglas de juego que todos acepten. Se trata de revisar leyes que han servido para inhabilitar opositores y castigar protestas, en un intento de devolver a las instituciones una credibilidad perdida. Como tantos procesos de transición, avanza entre silencios y promesas, con la renovación del árbitro electoral como primer peldaño de un camino
Chavismo y oposición inauguran cuarto ciclo de diálogo con miras a elecciones en Venezuela
El oro se pactó en la primera ronda y aún no se concreta
¿Qué se está negociando exactamente en esta cuarta ronda?
Reformas legales: la ley de partidos, la de Financiamiento al Terrorismo y la de la Contraloría, en lo que toca a las inhabilitaciones políticas. Además, seguir con la renovación del Tribunal Supremo.
¿Por qué importa la ley de Financiamiento al Terrorismo?
Porque es un delito que suele imputarse a manifestantes. Cambiarla tocaría directamente a quienes han sido procesados por protestar.
Ojo: lo que sabemos de la agenda viene de Desiree Barboza y de fuentes opositoras. El chavismo no ha revelado la suya.
¿Y Machado? Volvió al país, pero no está en la mesa.
Su formación no forma parte de la delegación opositora. Ella confía en que las mesas den resultados, pero no se espera que participe.
Tampoco hay declaraciones públicas previstas. Solo los fotógrafos entran, así que no sabremos qué se acuerda hasta que alguien lo comunique.
¿Qué hay de los presos políticos?
Se espera que se hable de ellos y de los exiliados, según fuentes opositoras, pero hasta ahora las excarcelaciones no han sido punto de agenda.
Y hay un antecedente: el desbloqueo del oro en el Banco de Inglaterra se pactó en la primera ronda y sigue sin concretarse. Que se acuerde algo no significa que se cumpla.
Der Puls
- Las puertas están cerradas y solo los fotógrafos han cruzado el umbral, lo que alimenta la incertidumbre sobre lo que realmente se negocia.
- Leyes de partidos y de financiamiento al terrorismo quedan sobre la mesa, y con ellas el destino de decenas de opositores ya inhabilitados.
- María Corina Machado queda fuera de la delegación, aunque confía en que estas mesas abran el camino hacia las urnas.
- El Consejo Nacional Electoral espera renovación, y la suerte de los presos políticos aún no aparece en la agenda, dejando una tensión abierta que marcará los próximos días.
En un salón cerrado del Hotel Gran Meliá de Caracas, delegados del chavismo y de la oposición venezolana retoman la conversación en una cuarta ronda impulsada desde Washington, con la vista puesta en algo que la política del país lleva años esquivando: unas reglas de juego que todos acepten. Se trata de revisar leyes que han servido para inhabilitar opositores y castigar protestas, en un intento de devolver a las instituciones una credibilidad perdida. Como tantos procesos de transición, avanza entre silencios y promesas, con la renovación del árbitro electoral como primer peldaño de un camino cuyo final todavía nadie puede prever.
El viernes, en un salón del Hotel Gran Meliá de Caracas, delegados del chavismo y de la oposición se sentaron a puerta cerrada para abrir la cuarta ronda de negociaciones impulsada por Estados Unidos. Por ahora no habrá declaraciones públicos, y la ronda, que podría durar cerca de una semana, tiene un objetivo claro: reformar marcos jurídicos que permitan renovar las instituciones y preparar elecciones transparentes.
Es la primera ronda desde que María Corina Machado regresó al país, aunque su partido no forma parte de la delegación opositora. Ella, sin embargo, confía en que las mesas den frutos.
La exdiputada Desiree Barboza, de la mesa técnica de garantías políticas, explicó que se revisarán la ley de partidos y la de financiamiento al terrorismo, una figura que suele usarse contra manifestantes, además de los procesos de inhabilitación que han dejado fuera de carrera a decenas de opositores, entre ellos la propia Machado. Fuentes opositoras esperan que también se hable de exiliados y de presos políticos, aunque las excarcelaciones todavía no están en la agenda.
El chavismo no ha detallado sus prioridades, pero reclama el levantamiento de sanciones y el desbloqueo del oro depositado en el Banco de Inglaterra, un punto acordado en la primera ronda que aún no se concreta. Sus delegados lo presentan como parte de la gestión de Delcy Rodríguez, que prometió un "nuevo momento político" tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el 3 de enero.
Todo, según Barboza, forma parte de la ruta hacia unas elecciones presidenciales, cuyo primer paso es renovar el Consejo Nacional Electoral. Ese movimiento, junto con el destino de los presos políticos, será lo que vigilar en los próximos días.
El viernes, en un salón del Hotel Gran Meliá Caracas, en una zona céntrica de la capital venezolana, delegados del chavismo y de la oposición se sentaron a puerta cerrada para abrir la cuarta ronda de las negociaciones que impulsa Estados Unidos. Por ahora solo los fotógrafos tienen acceso a los encuentros, y no están previstas declaraciones públicas.
El objetivo declarado es reformar los marcos jurídicos y legales que ayuden a renovar las instituciones del país y a sentar las bases de unas elecciones transparentes. Se prevé que la ronda dure aproximadamente una semana, con la posibilidad de que se alargue.
Es la primera ronda desde que María Corina Machado volvió a Venezuela. La formación de Machado no forma parte de la delegación opositora y no se espera que participe en los encuentros, aunque ella confía en que las mesas den frutos y allanen el camino hacia los comicios.
La exdiputada opositora Desiree Barboza, miembro de la mesa técnica de garantías políticas, explicó el jueves a EFE qué se discutirá. Según dijo, esta ronda se concentrará en definir qué cambios o derogaciones caben en leyes como la de partidos políticos y la de Financiamiento al Terrorismo, un delito que suele imputarse a manifestantes. También se revisará la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en lo relativo al proceso de inhabilitaciones políticas, que ha afectado a decenas de opositores. Entre ellos está Machado, a quien se inhabilitó para ser candidata en las elecciones de 2024.
Fuentes opositoras consultadas por EFE esperan que se aborden además los casos de opositores en el exilio y la liberación de presos políticos. Sin embargo, hasta la fecha las excarcelaciones no han figurado como punto de la agenda. Otro asunto pendiente es la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, acordada en la primera ronda, cuyo proceso ya está en la fase de recepción de postulaciones de aspirantes a magistrados.
El chavismo no ha revelado su agenda para esta mesa. Entre sus demandas principales figuran el levantamiento de sanciones y el desbloqueo del oro depositado en el Banco de Inglaterra. Ese punto ya se pactó en el primer ciclo de diálogo, pero aún no se concreta. El chavismo defiende además las reformas como parte de la gestión de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien prometió un “nuevo momento político” tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.
Barboza señaló que todos estos puntos forman parte de la ruta hacia la convocatoria de elecciones presidenciales, que pasa, en primer lugar, por la renovación del Consejo Nacional Electoral. Esa renovación, junto con la suerte de los presos políticos, es lo que habrá que seguir en los próximos días.
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Todos estos puntos forman parte de la ruta hacia la convocatoria a elecciones presidenciales, que pasa primero por la renovación del CNE.— Desiree Barboza, exdiputada opositora, a EFE