CGT convoca paro nacional sin movilización contra reforma laboral en Diputados

El jueves 19 de febrero, mientras la Cámara de Diputados se disponía a debatir la reforma laboral del Gobierno a partir de las 14 horas, la Confederación General del Trabajo (CGT) activó su cuarta paro general contra la gestión de Javier Milei. A diferencia de protestas anteriores, esta vez la central obrera optó por una huelga sin movilización hacia el Congreso, una decisión que reflejaba tanto presión interna como cálculos estratégicos sobre dónde concentrar la fuerza del movimiento sindical.

La CGT había estado bajo fuego. Sectores más radicales la cuestionaban por haber negociado en privado con funcionarios del Gobierno, buscando introducir cambios en el proyecto libertario a través del diálogo. Esa estrategia de puertas cerradas había generado tensiones dentro de la confederación, especialmente después de que el artículo 44 del proyecto—que permitía descontar salarios por faltas por enfermedad o lesión—pasara desapercibido en el Senado solo para explotar en la opinión pública después de la votación. El Gobierno, presionado, terminó retirando esa disposición antes del debate en Diputados. Pero la confianza en las negociaciones ya se había erosionado. La decisión de convocar al paro sin marcha fue un intento de la cúpula cegetista de mantener el control sobre la protesta mientras evitaba enfrentamientos callejeros que pudieran desgastar políticamente a la central.

La medida contó con adhesión total de los gremios de transporte, lo que le daba su potencia real. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a unos 40.000 choferes de colectivos en todo el país, confirmó su participación después de semanas de cautela. Su líder, Roberto Fernández, de 82 años, había roto con la CGT en noviembre anterior en protesta por la designación de Cristian Jerónimo en el triunvirato de mando. Ahora, bajo presión de múltiples dirigentes sindicales que lo contactaban por teléfono, Fernández accedía a parar. Su decisión era crucial: sin los colectivos, la protesta perdería capacidad de paralizar los centros urbanos e industriales. Junto a la UTA, se sumaban la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), que nucleaban a ferroviarios, aeronáuticos, portuarios y camioneros.

Más allá del transporte, la adhesión fue amplia. La Asociación Bancaria confirmó su participación, lo que significaba que no habría atención al público en entidades públicas ni privadas, aunque el homebanking seguiría funcionando. El Sindicato de Empleados de Comercio se sumaba, aunque advirtió que la apertura de grandes centidades comerciales dependería del transporte. Los gastronómicos, bajo la conducción de Luis Barrionuevo, también paraban. En la administración pública, tanto ATE como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) adhirieron, lo que afectaría hospitales, municipios y organismos nacionales. El Gobierno anunció que descontaría el sueldo de los empleados estatales que participaran, un monto aproximado de 50.000 pesos según fuentes sindicales, dependiendo de la categoría.

Pero la decisión de no movilizar generó fracturas. El Frente de Sindicatos Unidos, con base en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, anunció una marcha independiente para el mismo día. ATE, a través de su secretario general Rodolfo Aguiar, criticó públicamente el "paro dominguero" sin protesta callejera, argumentando que si la reforma volvía al Senado, la medida se extendería a 36 horas con movilización. La CTA también convocó a su propia protesta con desplazamiento. Estos sectores más combativos veían en la decisión de la CGT una capitulación táctica, una renuncia a la capacidad de presión que solo la presencia masiva en las calles podía generar.

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) expresó su respaldo al paro y celebró el "contundente acatamiento del 90%" de la medida. Desde el lado del Gobierno, economistas argumentaban que la reforma beneficiaría a los 10 millones de trabajadores en negro que no accedían a jubilación digna ni asistencia de salud. El Ministerio de Seguridad, por su parte, emitió un comunicado pidiendo a los periodistas que no se "autopongan" en peligro durante la cobertura, una advertencia que reflejaba la tensión esperada en las calles.

Lo que quedaba claro era que el paro de 24 horas sin movilización representaba un punto de inflexión en la relación entre el sindicalismo y el Gobierno Milei. La CGT había optado por concentrar su poder en los centros productivos, paralizando servicios esenciales sin exponerse a los riesgos de una confrontación callejera. Pero esa decisión dejaba abierta la pregunta sobre si la paralización económica sería suficiente para frenar una reforma que el Gobierno parecía decidido a aprobar, con o sin negociaciones previas.