En el delicado equilibrio entre poderes que sostiene a toda democracia, la juez Tardón introdujo una grieta al solicitar telefónicamente que se retuviera un informe policial sobre Ceuta que ella misma había ordenado diez días antes por vía formal. El gesto, aparentemente menor, toca una pregunta antigua y urgente: ¿quién controla la información del Estado, y bajo qué reglas? Lo que ocurra con este precedente dirá mucho sobre la salud de las instituciones españolas y su capacidad de coordinarse sin traicionarse mutuamente.