Ceuta: entre lo urgente y lo importante, las preguntas de fondo sin respuesta

Un mes ha transcurrido desde que decenas de miles de personas atravesaron la frontera de Ceuta en cuestión de horas, y recién esta semana el Gobierno español ha puesto en marcha una respuesta coordinada a la crisis. El viernes, todos los partidos políticos de la Asamblea de Ceuta emitieron un comunicado conjunto condenando la violencia contra los inmigrantes en las calles, un gesto que los líderes locales reconocieron como necesario para evitar que la ciudad autónoma se desmoronara bajo el peso de la tensión. Sin embargo, detrás de esa unidad política persisten preguntas fundamentales que ningún funcionario ha respondido de manera clara.

Entre el 30 y el 31 de julio, entre 70.000 y 80.000 personas llegaron a Ceuta y entraron al mar sin que se les impidiera el paso. Para dimensionar esa cifra: es aproximadamente la población entera de Fnideq, la ciudad marroquí gemela de Ceuta. Durante semanas, decenas de miles de personas permanecieron en las calles de la ciudad autónoma en condiciones de crisis humanitaria grave, sin alojamiento adecuado ni servicios básicos garantizados. El Gobierno tardó en reaccionar, permitiendo que una situación ya crítica se deteriorara aún más. Solo esta semana, con la designación del ministro Ángel Víctor Torres como responsable único de la crisis —un funcionario con experiencia previa gestionando tensiones migratorias en Canarias— el Estado comenzó a movilizar recursos de verdad.

La respuesta oficial ahora incluye elementos que debieron activarse desde el primer día: el Gobierno ha declarado la situación como asunto de seguridad nacional, ha solicitado apoyo financiero y recursos a la Unión Europea, y ha comenzado a coordinar con las comunidades autónomas el traslado de menores fuera de Ceuta. En el terreno, se refuerza la seguridad fronteriza y se trabaja en alojar a los migrantes en refugios temporales mientras se procede a identificarlos uno por uno para determinar quiénes tienen derecho a solicitar asilo. El Gobierno estima que quedan alrededor de 5.000 inmigrantes irregulares en las calles y cree poder resolver lo más urgente en dos semanas. Eso es lo inmediato, lo que requiere acción táctica.

Pero lo importante —lo que España debe debatir ahora— sigue sin ser abordado. Seis ministros comparecieron ante el Congreso esta semana sin ofrecer un relato coherente de cómo sucedió lo que sucedió. El Gobierno insiste en que fue una crisis migratoria momentánea, pero los números y la organización sugieren algo más complejo. La narrativa oficial de que 70.000 a 80.000 personas se movilizaron espontáneamente a través de redes sociales, sin que nadie pudiera anticiparlo, no se sostiene sin evidencia sólida. Más inquietante aún: en las comparecencias de los ministros de Exteriores y del Interior, incluso los aliados políticos más cercanos al Gobierno expresaron su perplejidad no solo por la ausencia de crítica hacia Marruecos, sino por las alabanzas a su cooperación. La pregunta que flota en el aire es si Marruecos permitió deliberadamente que ocurriera, y si el Gobierno español ha exigido explicaciones.

El Gobierno sostiene que no podía anticipar lo ocurrido. Pero ¿cómo pudo suceder sin que Marruecos lo viera? ¿Se le han pedido las explicaciones debidas? Estas preguntas no son retóricas; son fundamentales para entender si España enfrentó un fenómeno migratorio descontrolado o un acto coordinado de presión política. La comparecencia del presidente Pedro Sánchez ante el Congreso el 3 de septiembre será la oportunidad para unificar las explicaciones del Gobierno y comenzar a responder.

España tiene experiencia en gestionar migraciones irregulares masivas. Canarias y la propia Ceuta han vivido situaciones de desborde de recursos. Pero lo que ocurrió en Ceuta fue diferente en escala y en naturaleza. La ciudadanía está traumatizada, y con razón. El Gobierno ha anunciado un refuerzo de la infraestructura fronteriza, lo que sugiere un endurecimiento de la política migratoria, especialmente ahora que comienza a aplicar el nuevo Pacto Migratorio Europeo. Pero la respuesta no puede limitarse a aumentar la capacidad represiva del Estado. Para continuar elogiando la cooperación marroquí, España debe detallar en qué consiste esa cooperación y reevaluar sus términos si es necesario. El presidente Sánchez mismo describió lo ocurrido como un ataque a la frontera española. Todas las preguntas que ese diagnóstico suscita siguen sin respuesta.