Ceuta abre curso escolar con escoltas y barrios vedados para menores

El primer día de clases en Ceuta llegó este septiembre no con la rutina habitual de mochilas nuevas y nervios de estudiantes, sino con guardias de seguridad privada apostados en las puertas de los colegios y escoltas acompañando a los menores. La ciudad autónoma española, situada en la costa norte de África frente a Marruecos, abrió su curso escolar bajo un régimen de medidas extraordinarias que reflejaba una crisis de seguridad que ya había penetrado profundamente en la vida cotidiana de sus habitantes.

Los profesores de Ceuta enfrentaban la mañana con una angustia que iba más allá de la preocupación típica del inicio de año. Varios docentes expresaron públicamente que no podían garantizar a los padres que sus hijos estarían seguros dentro de las aulas, ni siquiera durante el horario escolar. La ausencia de seguridad y normalidad era tan evidente que algunos maestros advertían abiertamente que los estudiantes simplemente no acudirían a clases si las condiciones no mejoraban. No era una amenaza retórica: era el reflejo de una realidad que ya estaba ocurriendo.

Los padres de Ceuta enfrentaban restricciones sin precedentes sobre dónde podían permitir que sus hijos se movieran. Barrios enteros de la ciudad se habían convertido en zonas donde los menores no podían circular solos, obligando a familias a reorganizar completamente sus rutinas diarias. Lo que debería ser un derecho básico de la infancia—caminar a la escuela, jugar en el barrio, moverse con libertad—se había vuelto imposible en amplias áreas de la ciudad. Los padres reconocían que esta situación no era normal, que algo fundamental se había roto en el tejido social de su comunidad.

La crisis migratoria que azotaba la región había transformado a Ceuta en un punto de tensión permanente. La llegada continua de migrantes que intentaban cruzar hacia Europa había generado una situación de seguridad que ahora se filtraba directamente en las instituciones educativas. Las autoridades locales, encabezadas por el presidente de la ciudad, respondieron con la única herramienta que parecía disponible: seguridad privada en los centros escolares. Era una solución que reconocía implícitamente que el Estado no podía garantizar un ambiente seguro mediante los mecanismos convencionales.

Lo que hacía particularmente inquietante esta situación era que no se trataba de una medida temporal. Los profesores, padres y autoridades hablaban de estas restricciones como si fueran a permanecer indefinidamente. La pregunta que flotaba sin respuesta era cuánto tiempo podría sostenerse un sistema educativo bajo estas condiciones. Si los estudiantes no asistían a clases por miedo, si los maestros no podían enseñar con tranquilidad, si los niños no podían transitar libremente por su propia ciudad, entonces la crisis migratoria había dejado de ser un problema de fronteras y se había convertido en una crisis de la infancia misma en Ceuta.