El valor territorial que genera cada megavatio es la pregunta que importa
La instalación de megacentros de datos en Extremadura y Aragón promete inversión, pero el valor económico real puede no quedarse en la región. El consumo de agua y energía, junto con la escasez de capacidad de red, requiere negociaciones transparentes que vinculen permisos a compromisos verificables.
- Dos megacentros anunciados en Extremadura de 1 GW cada uno, superarían toda la capacidad comercial española de 2025
- La capacidad operativa real es aún reducida, limitada a AWS en Aragón e instalaciones menores en Madrid, Cataluña y País Vasco
- El estudio de Fedea propone cinco criterios de decisión: industrial, laboral, tecnológico, infraestructuras y fiscal
Un estudio de Fedea advierte que los centros de datos no garantizan beneficio local si no cumplen condiciones específicas de captura de valor, empleo y sostenibilidad ambiental.
Los centros de datos se han convertido en el nuevo sueño de las regiones españolas. Extremadura y Aragón persiguen estos proyectos como si fueran unicornios tecnológicos, atraídos por promesas de inversión masiva y capacidad energética sin precedentes. Pero un reciente estudio de Fedea plantea una pregunta incómoda: ¿de verdad benefician a los territorios que los acogen, o simplemente extraen sus recursos más valiosos?
La economista Judith Arnal, autora del análisis, lo expresa sin ambigüedad. La presencia física de un centro de datos no garantiza que la comarca capture valor local. Los rendimientos pueden marcharse con los operadores, mientras que los costes —ambientales, energéticos, de consumo de agua— se quedan. El estudio propone una apuesta condicionada: ni entusiasmo ciego ni rechazo frontal, sino exigencias claras. Y la pregunta que importa no es cuántos megavatios atrae una región, sino cuánto valor territorial genera cada megavatio que realmente se conecta.
Dos proyectos en Extremadura ilustran la magnitud del fenómeno. En Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros se han anunciado sendos campus de cerca de 1 GW de capacidad cada uno, lo que significa que cualquiera de ellos superaría por sí solo toda la capacidad comercial instalada en España a finales de 2025. Decenas de proyectos adicionales de alrededor de 300 MW se concentran principalmente en Aragón. Pero existe un problema fundamental: la brecha entre lo anunciado y lo ejecutado es enorme. La práctica totalidad de esa potencia corresponde a proyectos aún en construcción o apenas planificados. La capacidad operativa real es todavía reducida, limitada esencialmente a la región cloud de AWS en Aragón y algunas instalaciones menores en Madrid, Cataluña y el País Vasco. El verdadero reto no es la escasez de anuncios, sino convertirlos en realidad.
El estudio señala que el mayor valor económico de estos centros se concentra en pocas capas: el equipamiento informático, los servicios en la nube y la inteligencia artificial. Estas son precisamente las capas más difíciles de retener en el territorio y están dominadas por un puñado de empresas extranjeras. Cobrar el suelo, el agua y la energía a precio de mercado no es suficiente, advierte Arnal, porque ese precio no refleja el coste social real. La capacidad de acceso a la red, el recurso que verdaderamente condiciona estos proyectos, no se asigna por mercado sino administrativamente, y tiene un altísimo coste de oportunidad frente a usos rivales como la electrificación, el transporte o la vivienda. Lo mismo ocurre con el agua escasa y la presión sobre servicios locales.
El consumo de agua presenta un dilema técnico que revela la complejidad del asunto. Los sistemas de refrigeración por evaporación utilizan agua pero reducen significativamente el consumo eléctrico. Los sistemas de refrigeración seca o por aire pueden alcanzar consumo de agua casi nulo, pero a costa de un mayor gasto energético. Un estudio comparativo en Phoenix lo demostró: el centro refrigerado por aire usaba dos terceras partes menos agua, pero consumía alrededor de un 13% más de electricidad. No existe una solución universalmente superior; cada diseño ahorra en un recurso mientras gasta más de otro. Anunciar un centro de datos de cero consumo de agua, por tanto, no es necesariamente buena noticia ambiental si simplemente ha trasladado ese ahorro a un mayor consumo eléctrico.
Arnal propone que los centros de datos incorporen desde su instalación a empresas locales y nacionales, no solo en la obra sino en las capas especializadas y exportables de la instalación crítica. Esto significa aprovechar el talento vinculado a la Formación Profesional, universidades y certificaciones de la zona. Los proyectos deben ser compatibles con otros usos estratégicos del territorio y generar ingresos fiscales que se traduzcan en retornos visibles para los municipios afectados. El criterio de decisión no debería ser la magnitud del proyecto anunciado, sino la calidad de su respuesta en cinco planos: industrial, laboral y formativo; tecnológico; infraestructuras; ambiental; y fiscal.
El estudio advierte contra malas prácticas que ya han ocurrido en algunos territorios. Las negociaciones bilaterales y opacas entre cada comunidad autónoma y cada promotor reproducen el riesgo que introduce la figura del proyecto estratégico a nivel estatal: inseguridad jurídica para el inversor, trato desigual entre proyectos y margen para la captura del regulador. Las administraciones deben actuar no solo como facilitadoras de permisos, sino como agentes capaces de ordenar la inversión en torno a acuerdos que vinculen la rapidez administrativa y la disponibilidad de recursos escasos a compromisos verificables. Hoy, sin embargo, existe un exceso de demanda que presiona sobre una red eléctrica ya escasa. Los permisos de acceso ya concedidos superan con mucho cualquier previsión realista de despliegue de red. El Real Decreto-ley 7/2026 reforma el régimen de acceso pero introduce dos riesgos: una vía rápida discrecional para proyectos estratégicos cuyos criterios amenazan con convertir el cuello de botella de la red en un instrumento de política industrial, e invade competencias autonómicas. Además, convierte el cumplimiento de requisitos de sostenibilidad en condición de acceso a la red, una llave que la ley reservaba solo a la disponibilidad de capacidad.
Notable Quotes
La presencia física de un centro de datos no garantiza, por sí sola, una elevada captura local de valor— Judith Arnal, economista de Fedea
La pregunta relevante para gobiernos autonómicos y locales no es cuántos megavatios consiguen atraer, sino qué valor territorial genera cada megavatio efectivamente conectado— Estudio de Fedea
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué un centro de datos de mil megavatios no es automáticamente buena noticia para una región?
Porque los megavatios son solo la medida de lo que consume, no de lo que genera localmente. El valor real está en quién se queda con los beneficios: el equipamiento informático, los servicios en la nube, la inteligencia artificial. Eso lo controlan empresas extranjeras. La comarca queda con el consumo de agua, la presión sobre la red eléctrica y poco más.
Entonces, ¿qué debería exigir una región antes de permitir uno de estos proyectos?
Que incorpore empresas locales en las capas especializadas, no solo en la obra. Que genere empleo real vinculado a Formación Profesional y universidades de la zona. Que los ingresos fiscales sean visibles y significativos. Y que sea compatible con otros usos del territorio, especialmente el agua.
El estudio menciona que los permisos ya concedidos superan cualquier previsión realista. ¿Qué significa eso?
Que la administración ha sido demasiado generosa otorgando acceso a la red sin asegurar que esos proyectos se ejecuten realmente. Hay más promesas que capacidad real para cumplirlas. Es como vender entradas para un concierto que no cabe en el estadio.
¿Y el dilema del agua versus electricidad en la refrigeración?
Revela que no hay solución perfecta. Si ahorras agua, gastas más electricidad. Si ahorras electricidad, usas más agua. Lo que funciona depende de qué sea más escaso en cada territorio. Anunciar cero consumo de agua puede ser solo trasladar el problema a otro recurso.
¿Cuál es el riesgo real del nuevo decreto sobre proyectos estratégicos?
Que convierte la red eléctrica en un instrumento de política industrial. Los criterios para declarar algo estratégico son vagos, lo que abre la puerta a favoritismos y a que el regulador sea capturado por los promotores. Y además invade competencias que deberían ser de las comunidades autónomas.