En el umbral de unas elecciones presidenciales históricas, Brasil contempla cómo su máxima institución judicial se fractura desde adentro. El Tribunal Supremo, llamado a ser el guardián de la democracia, libra una guerra interna entre magistrados que pone en entredicho su capacidad de arbitrar con imparcialidad. Mientras Lula exige transparencia sobre un fraude bancario y la jefatura policial queda suspendida por decreto judicial, la pregunta que pesa sobre el país no es solo quién ganará las elecciones, sino si las instituciones sobrevivirán intactas al proceso.