Cantabria impulsa ley de vivienda contra la ocupación pese a solo 10 casos en 2025

Cantabria está a punto de aprobar su primera ley de vivienda, y el documento que circula por el Parlamento autonómico cuenta una historia clara sobre las prioridades del Gobierno regional: combatir la ocupación de viviendas sin contrato es urgente; poner límites a los precios de alquiler y venta, no. La paradoja que subyace bajo esta decisión legislativa es incómoda: en 2025 hubo exactamente diez demandas judiciales por ocupación ilegal en Cantabria, una cifra que representa una caída del 47 por ciento respecto al año anterior y del 77 por ciento desde 2020, cuando se registraron 43 casos.

Roberto Media, consejero de Vivienda del Gobierno de Cantabria y miembro del PP, ha mantenido durante toda la legislatura que la ocupación es el problema central a resolver. Ha rechazado explícitamente la posibilidad de declarar zonas tensionadas —una herramienta estatal que permite poner topes a los precios de alquiler y venta— incluso cuando municipios como Castro, Comillas y Astillero lo han solicitado. En una comisión estatal de vivienda celebrada en Madrid, Media fue categórico: Cantabria no aplicaría zonas tensionadas, independientemente de los incentivos económicos que el Gobierno central ofreciera a las comunidades que sí lo hicieran. Argumentó que esas políticas son "absolutamente equivocadas" y que hipotecarían "el futuro de nuestros hijos".

La estrategia legislativa del Gobierno se articula alrededor de una oficina de denuncias que Media puso en marcha en 2025, donde los ciudadanos pueden reportar ocupaciones por teléfono o correo electrónico. Blindar este servicio en la ley es, según el Gobierno, la solución principal para desbloquear el acceso a vivienda asequible. Media ha sostenido que la ocupación mantiene más de 50.000 viviendas vacías en Cantabria por el miedo que infunde en los propietarios, aunque esta cifra nunca ha sido publicada oficialmente, solo comunicada verbalmente.

Los datos disponibles, sin embargo, pintan un panorama muy diferente. El Consejo General del Poder Judicial registró esos diez casos de ocupación en juzgados civiles durante 2025. El Ministerio del Interior contabilizó 115 denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles entre 2020 y 2025, aunque estas cifras son testimoniales en relación a la población total. La Fiscalía de Cantabria, que utiliza el término "usurpaciones" en lugar de "okupaciones", reportó 86 diligencias previas en 2025, un 24 por ciento menos que los 113 casos de 2024. Los fiscales aclaran que la mayoría de estos casos corresponden a ocupaciones de casas deterioradas, en desuso o con construcción inacabada y largo tiempo de abandono.

Los desahucios en Cantabria también han seguido una tendencia a la baja: 191 en 2025, dejando a la región 12 puntos por debajo de la media nacional en la tasa por cada 10.000 habitantes. El Gobierno ha argumentado que las cifras judiciales de ocupación son bajas porque muchos casos se resuelven mediante mediación previa y porque los procesos se dilatan antes de llegar a los tribunales. Sin embargo, incluso reconociendo estos factores, la magnitud numérica del problema no coincide con la intensidad retórica que Media ha mantenido.

En febrero de 2025, tres meses antes de que la iniciativa saliera a exposición pública, Media declaró: "Da igual una o mil, la sensación de los ciudadanos es de que le puede tocar a cualquiera". Un año después, en abril de 2026, Media encontró un caso concreto: denunció la ocupación ilegal de una vivienda de protección oficial en Orejo, Marina de Cudeyo, rehabilitada por Gesvican, la empresa cántabra de vivienda. También citó intentos de ocupación en viviendas públicas en Cerrias, Piélagos, que obligaron al Ejecutivo a contratar servicios de vigilancia, y en Arnuero, donde tras varios intentos el Gobierno invirtió 250.000 euros de dinero público en seguridad.

La radiografía más amplia de la vivienda en Cantabria muestra escasez de vivienda pública de alquiler asequible, un aumento modesto de vivienda nueva (de 742 a 1.867 unidades según el Colegio de Aparejadores en cinco años), y un número de viviendas vacías que permanece sin verificación oficial. El Gobierno rechaza aplicar límites de precios mientras prioriza una ley enfocada en ocupación, una decisión que refleja una visión liberalizadora del suelo heredada de acuerdos previos entre PSOE y PRC. El PSOE se opone a la ley actual, mientras que el PRC pide "cambios profundos" en el documento sin comprometerse públicamente con una posición clara.