En el barrio de María Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife, tres administraciones públicas han unido recursos para levantar 37 viviendas protegidas que representan algo más que ladrillos y cemento: son una respuesta institucional a la pregunta de si las familias canarias podrán seguir llamando hogar a sus islas. Con una inversión global de 25 millones de euros y finalización prevista para principios de 2027, el proyecto encarna la tensión entre el derecho a permanecer y la presión de un mercado que empuja hacia la emigración.
Canarias avanza en construcción de 37 viviendas protegidas en Santa Cruz de Tenerife
Permitir que las familias desarrollen su proyecto de vida sin tener que irse
¿Por qué es importante que estas viviendas sean de tipologías tan variadas? ¿No sería más eficiente construir todas iguales?
Porque las familias no son todas iguales. Hay personas solas, parejas jóvenes, familias con tres hijos, abuelos que cuidan nietos, personas con discapacidad. Si solo construyes pisos de dos dormitorios, dejas fuera a quien necesita menos espacio o más. La diversidad es precisamente lo que hace que la vivienda sea accesible de verdad.
Aunque hay que notar que no sabemos cuál será el precio final de alquiler o compra de estas viviendas, ni los criterios exactos de asignación. El comunicado dice que son protegidas, pero eso puede significar cosas muy distintas según la comunidad autónoma.
¿Y los 25 millones de euros? ¿Es mucho dinero para 37 viviendas?
Son casi 675.000 euros por vivienda si dividimos el total. Pero eso incluye garajes, infraestructuras, adaptaciones para movilidad reducida, y el suelo ya urbanizado. No es solo ladrillos y puertas.
Cierto, pero el comunicado no detalla cuánto cuesta realmente cada vivienda terminada, ni qué parte de esos 25 millones va a gastos administrativos o a otras infraestructuras del barrio. Es un número grande, pero opaco.
¿Qué pasa con esas 226 viviendas de Cuevas Blancas que mencionan?
Están en fase de planificación. El Ayuntamiento ya ha valorado el suelo en más de 7,5 millones. Es el siguiente paso en la estrategia de vivienda pública de la ciudad.
Pero no hay fecha de inicio de obras, ni presupuesto confirmado para construcción. Solo sabemos que el terreno existe y está valorado. Eso es muy diferente de tener un proyecto en marcha.
O Pulso
- La crisis de acceso a la vivienda en Canarias amenaza con vaciar las islas de sus propios habitantes, convirtiendo la emigración en una salida forzada para muchas familias.
- Un edificio de 37 viviendas protegidas —desde estudios hasta una vivienda tutelada de cinco dormitorios— avanza en Santa Cruz de Tenerife con el respaldo coordinado del Gobierno canario, el Cabildo y el Ayuntamiento.
- La financiación de 25 millones de euros se reparte entre tres administraciones, con el Gobierno de Canarias asumiendo la mayor parte, lo que revela tanto la voluntad política como la magnitud del esfuerzo necesario.
- Las obras, iniciadas en octubre de 2024, apuntan a su conclusión en febrero de 2027, con el alcalde anticipando que las primeras familias podrían acceder a sus hogares poco después.
- El proyecto forma parte de una estrategia más amplia: más de 2.000 viviendas en construcción y otras 4.000 planificadas en todo el archipiélago, con la retención de población como objetivo declarado.
En el barrio de María Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife, tres administraciones públicas han unido recursos para levantar 37 viviendas protegidas que representan algo más que ladrillos y cemento: son una respuesta institucional a la pregunta de si las familias canarias podrán seguir llamando hogar a sus islas. Con una inversión global de 25 millones de euros y finalización prevista para principios de 2027, el proyecto encarna la tensión entre el derecho a permanecer y la presión de un mercado que empuja hacia la emigración.
En el barrio de María Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife, se levanta un edificio que el Gobierno canario presenta como respuesta concreta a una crisis habitacional que lleva años presionando a las familias del archipiélago. Este lunes, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, visitaron las obras de las 37 viviendas protegidas de promoción pública que allí se construyen.
El edificio ha sido diseñado con una composición variada: dos viviendas de un dormitorio, 17 de dos, 14 de tres, una de cuatro, dos unidades adaptadas para personas con movilidad reducida y una vivienda tutelada de cinco dormitorios. A ellas se suman 37 plazas de garaje. La diversidad tipológica refleja una intención de atender distintas realidades familiares y sociales.
La financiación global alcanza los 25 millones de euros, distribuidos entre el Gobierno de Canarias —que aporta 19 millones a través del Instituto Canario de la Vivienda—, el Cabildo de Tenerife —con seis millones— y el Ayuntamiento de Santa Cruz, que ha cedido el suelo urbanizado valorado en más de 525.000 euros. La empresa VVO Construcciones ejecuta las obras, iniciadas en octubre de 2024, con fecha de finalización prevista para el 19 de febrero de 2027.
El alcalde José Manuel Bermúdez anticipó que las viviendas estarán listas a principios del año que viene, lo que permitiría el acceso de las primeras familias poco después. El proyecto no es un hecho aislado: el consejero Rodríguez subrayó que actualmente se construyen más de 2.000 viviendas en toda Canarias y que otras 4.000 están ya planificadas. El objetivo, según las autoridades, es claro: que las familias canarias puedan desarrollar sus proyectos de vida en las islas sin verse obligadas a marcharse.
En el barrio de María Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife, avanza la construcción de un edificio que albergará 37 viviendas protegidas de promoción pública. El proyecto, visitado este lunes por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, representa un esfuerzo coordinado de tres administraciones para ampliar el parque de vivienda asequible en la capital tinerfeña.
La composición del edificio refleja una estrategia de diversidad habitacional. Contará con dos viviendas de un dormitorio, 17 de dos dormitorios, dos unidades adaptadas para personas con movilidad reducida, 14 de tres dormitorios, una de cuatro dormitorios y una vivienda tutelada de cinco dormitorios. Junto a estas 37 viviendas se construirán 37 plazas de garaje. La inversión de adjudicación asciende a 4.415.905,84 euros, aunque la financiación global alcanza los 25 millones de euros cuando se incluyen los aportes de las tres administraciones implicadas.
La estructura de financiación distribuye la responsabilidad entre el Gobierno de Canarias, que aporta 19 millones de euros a través del Instituto Canario de la Vivienda; el Cabildo de Tenerife, que contribuye con seis millones; y el Ayuntamiento de Santa Cruz, que ha cedido el suelo urbanizado valorado en 525.859 euros. Esta colaboración forma parte de un convenio más amplio destinado a reforzar la construcción de vivienda pública en la ciudad.
La empresa VVO Construcciones es responsable de la ejecución del proyecto. Las obras comenzaron el 21 de octubre de 2024 y tienen prevista su finalización para el 19 de febrero de 2027. Según el alcalde, José Manuel Bermúdez, las viviendas estarán terminadas a principios del año que viene, lo que permitiría el acceso de las primeras familias poco después.
Este proyecto se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno canario para abordar la crisis de acceso a la vivienda en las islas. Durante la visita a las obras, Rodríguez señaló que actualmente se están construyendo más de 2.000 viviendas en toda Canarias, con más de 4.000 adicionales ya planificadas. El objetivo declarado es permitir que las familias canarias puedan desarrollar sus proyectos de vida en las islas sin verse obligadas a emigrar. El Ayuntamiento también ha recordado su compromiso con futuras promociones, como las 226 viviendas públicas previstas en Cuevas Blancas, cuyo suelo ha sido valorado en 7.578.489,83 euros.
Citações Notáveis
Estamos construyendo actualmente más de 2.000 viviendas en toda Canarias y tenemos más de 4.000 planificadas. Queremos que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en las islas sin tener que irse.— Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias