Canacol Energy busca cancelar 19 contratos de gas por US$380 millones en riesgo

Canacol Energy ha presentado ante un tribunal canadiense una solicitud extraordinaria: permiso para romper 19 contratos de suministro de gas natural que mantiene con 12 empresas colombianas. Los documentos radicados ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta, a los que tuvo acceso El Tiempo, revelan una situación de crisis operativa que la compañía considera insostenible. La rescisión entraría en vigencia el 28 de mayo de 2026, pero lo que está en juego va mucho más allá de un trámite administrativo: es un movimiento de supervivencia empresarial que podría dejar sin gas a distribuidoras regionales, plantas industriales y, en última instancia, a hogares y pequeños negocios en toda Colombia.

La raíz del problema es simple pero grave: Canacol ya no tiene el gas natural que prometió entregar. Los yacimientos que alimentaban su producción se han agotado. Las exploraciones recientes no han compensado esa caída. El pozo Monstera, por ejemplo, fue identificado como una fuente potencial de nuevas reservas, pero "no alcanzó los niveles de producción previstos". A esto se sumaron retrasos en la contratación de equipos de perforación y un desempeño inferior al esperado en varios campos existentes. El resultado es lo que la propia empresa describe como una "tormenta perfecta": los volúmenes de gas disponibles en los primeros dos meses de 2026 fueron inferiores a lo proyectado, el flujo de caja se ha contraído a niveles críticos, y la compañía ha dejado de invertir en exploración y explotación de nuevas reservas debido a su situación de liquidez.

Los 19 contratos que busca rescindir involucran a empresas de diferentes sectores. Gases de La Guajira, Gases del Oriente, Gases del Caribe y Surtigas son distribuidoras regionales que abastecen tanto a usuarios residenciales como comerciales. Cerro Matoso, Enel Colombia y Grupo Energético de las Américas son grandes consumidores industriales. Algunos de estos acuerdos tienen vigencia hasta 2030. Además, Canacol mantiene contratos con Canaven para transportar gas natural licuado desde su planta en Jobo hasta Cúcuta, donde se regasifica y se entrega a Gases de Occidente. También tiene tres acuerdos con Promigás para el transporte de parte de su producción. El 13 de abril de 2026, Promigás activó la carta de crédito que respalda estos contratos, extrayendo 3,95 millones de dólares, una señal clara de que los pagos estaban en riesgo.

Pero la verdadera magnitud de la crisis emerge cuando se examinan las penalizaciones contractuales. Si Canacol incumple con los volúmenes de entrega, activaría cláusulas de penalización que, según los documentos judiciales, suman aproximadamente 380,4 millones de dólares en exposición potencial. De esta cifra, 214,3 millones corresponden a contratos que abastecen el mercado no esencial, es decir, usuarios comerciales e industriales. Los 166,1 millones restantes provienen de contratos que alimentan el mercado esencial: hogares y pequeñas empresas. Estos números no son teóricos. Al 31 de marzo de 2026, ya se habían acumulado 33,7 millones de dólares en penalizaciones mensuales. Si la empresa mantiene los contratos hasta junio de 2026, se sumarían otros 59,4 millones de dólares. Y si rescinde los contratos el 30 de junio, enfrentaría una penalización por rescisión anticipada de 287,3 millones de dólares.

La paradoja es brutal: Canacol está atrapada entre dos opciones igualmente devastadoras. Si mantiene los contratos sin poder cumplirlos, acumula penalizaciones mensuales que la asfixian financieramente. Si los rescinde, enfrenta una penalización de rescisión anticipada aún más grande. La empresa argumenta en los documentos que estas cifras "reflejan las consecuencias financieras actuales y potenciales de mantener vigentes los contratos durante un período en el que Canacol carece de la capacidad de producción necesaria". En otras palabras, no tiene dinero para pagar ni para seguir operando.

Lo que hace esta situación particularmente grave es que no afecta solo a Canacol. Las distribuidoras regionales que dependen de su gas tendrían que buscar suministros alternativos en un mercado que ya está bajo presión. Los usuarios residenciales y pequeñas empresas que dependen de esas distribuidoras enfrentarían interrupciones en el servicio o aumentos de precio. Las grandes empresas industriales que usan gas en sus procesos de producción tendrían que detener operaciones o buscar fuentes costosas de energía alternativa. El desabastecimiento potencial de gas natural en Colombia no es un problema abstracto de una empresa en reestructuración; es un problema que toca la cadena de suministro energético del país.

La decisión del tribunal canadiense, esperada en las próximas semanas, determinará si Canacol logra escapar de estas penalizaciones mediante la rescisión autorizada, o si queda atrapada en una situación de insolvencia creciente. Mientras tanto, las 12 empresas que dependen de su gas y los millones de colombianos que dependen de esas empresas permanecen en una zona de incertidumbre. El gas no llegará si Canacol no lo tiene. Y Canacol no lo tiene.