California debate permitir que aseguradoras rastreen tu manejo para ajustar primas

En California, la asambleísta Tina McKinnor está impulsando una propuesta que cambiaría fundamentalmente cómo se calculan las primas de seguros de auto. El Consumer Driving Data Protection Act permitiría a las aseguradoras recopilar datos sobre velocidad, frenadas y distracciones del conductor para ajustar las pólizas cada seis meses, siempre que el automovilista acepte voluntariamente ser monitoreado. La iniciativa llega en un momento de tensión en el mercado: desde 2022, las principales compañías aseguradoras han aumentado sus tarifas en más del 30%, afectando a los 27 millones de conductores con licencia en el estado.

Actualmente, California prohíbe el uso de telemática para fijar primas de seguros particulares, una restricción que la convierte en una excepción nacional. En el resto de Estados Unidos, esta práctica existe desde hace más de dos décadas, siempre de forma voluntaria. La recolección de datos funcionaría mediante aplicaciones en teléfonos inteligentes, transpondedores y otras tecnologías capaces de detectar no solo la velocidad y el frenado, sino también si el conductor manipula el teléfono. Los sistemas ofrecerían información en tiempo real y permitirían a los usuarios impugnar los resultados. Quienes rechacen participar seguirían bajo el sistema actual, donde el historial de conducción depende del Departamento de Vehículos Motorizados y se basa en infracciones de tránsito y accidentes registrados.

McKinnor, demócrata de Hawthorne, dice que su compromiso con la seguridad vial nace de una tragedia personal: perdió a tres amigos en accidentes de tránsito. Su argumento central es que el monitoreo incentiva comportamientos más seguros. "Para mí, esta es una forma de incentivar a que la gente baje la velocidad. Si 10 personas se suman y reducen la velocidad, y si pudiéramos salvar 10 vidas, eso me haría extremadamente feliz", afirmó. Los defensores de la ley citan estudios financiados por la industria aseguradora que muestran reducciones en hábitos de conducción inseguros, incluyendo uno publicado en la revista médica JAMA que también recibió fondos de agencias gubernamentales. Ryan McMahon, vicepresidente senior de Cambridge Mobile Telematics, la mayor empresa de telemática automotriz del país, señaló un estudio que detectó una reducción de choques del 20% en flotas comerciales que usan estos sistemas.

La industria de la telemática tiene intereses económicos significativos en juego. El mercado global superaría los 92.000 millones de dólares este año y se proyecta que llegue a 270.000 millones en 2033, según la consultora Grand View Research. Las aseguradoras argumentan que enfrentan siniestros más costosos debido a la inflación de repuestos, vehículos más caros y complejos, y mayores velocidades en las autopistas que agravan las colisiones. Allison Adey, lobista de la Personal Insurance Federation of California, defendió la iniciativa no como una fuente de ganancias sino como una vía de ahorro: menos choques y menos reclamos modifican la estructura de pagos de las compañías.

La oposición, sin embargo, es contundente. Carmen Balber, directora ejecutiva del grupo de defensa del consumidor Consumer Watchdog, afirmó que "esta ley obliga a los californianos a elegir entre su privacidad y un seguro de auto asequible". Consumer Watchdog, fundada por el abogado Harvey Rosenfield, autor de la Proposición 103 de 1988, sostiene que la iniciativa vacía las protecciones de esa norma histórica que impuso regulación estricta sobre la fijación de tarifas. Balber cuestionó que aunque la ley prohíba la venta de datos, dejaría vacíos que permitirían su divulgación. Su crítica más profunda apunta a los algoritmos propietarios: "Arranca las protecciones de buen conductor de la Proposición 103 y reemplaza tu historial real de manejo por una puntuación de caja negra construida sobre una recolección masiva de datos".

La preocupación por privacidad tiene antecedentes recientes que la justifican. Este año, General Motors aceptó pagar 12,75 millones de dólares por violaciones a la Ley de Privacidad del Consumidor de California tras vender, sin aviso ni consentimiento adecuados, datos de conducción de automovilistas que se habían inscripto en el servicio OnStar a intermediarios de datos. El Departamento de Seguros del estado también se opone por ahora. En una carta del 20 de junio enviada al Comité de Seguros del Senado, el organismo sostuvo que el proyecto traslada la responsabilidad de cumplimiento regulatorio de las aseguradoras a los proveedores de telemática, no le da supervisión suficiente sobre esos proveedores e impone una carga regulatoria grande a la agencia.

Hay también preocupaciones sobre equidad. Consumer Watchdog advierte que el esquema podría permitir que automovilistas con malos antecedentes paguen menos que excelentes conductores que no quieran ser rastreados, lo que implicaría que estos últimos subsidien los descuentos de quienes aceptan el monitoreo. Chris Draghi, directivo de A.M. Best, añadió una advertencia sobre sesgo: quienes se anotan voluntariamente pueden ser ya conductores más prudentes que el promedio, lo que distorsionaría los resultados.

McKinnor aseguró que está negociando cambios con el departamento. "Me dieron como 15 o 20 páginas de enmiendas. Creo que vamos a lograrlo. Estamos trabajando esas enmiendas con ellos porque, de lo contrario, no creo que el proyecto avance", reveló. Entre los testigos más visibles a favor aparece Damian Kevitt, fundador de Streets Are For Everyone, quien perdió la pierna derecha en 2013 cuando un conductor se dio a la fuga tras atropellarlo en bicicleta. Aunque dijo no saber con certeza qué causó ese choque, argumentó: "Sabemos que escribir mensajes mientras se conduce provoca colisiones de tránsito, así que tener algo que sea un incentivo en lugar de una sanción para impulsar una conducción más segura es algo evidente". El proyecto avanza en el Senado estatal con estas tensiones sin resolver entre seguridad vial, privacidad del consumidor y regulación.