En el Chile de agosto de 2026, tres de cada cuatro ciudadanos han llegado a un veredicto colectivo sobre sus propios tribunales: el sistema de justicia no merece su confianza. La encuesta Cadem no revela una opinión pasajera, sino el sedimento de una desilusión acumulada que abarca parcialidad, opacidad, ineficiencia y desigualdad ante la ley. Cuando una sociedad pierde la fe en la institución que arbitra lo justo, el contrato que sostiene la convivencia comienza a resquebrajarse desde adentro.
Cadem: 75% evalúa negativamente al Poder Judicial y culpa a jueces por crisis de justicia
Tres de cada cuatro ciudadanos rechaza al Poder Judicial
Mark
¿Por qué crees que los jueces concentran tanta culpa? ¿Es porque realmente están fallando, o porque la gente necesita un rostro para su frustración?
Mimi
Probablemente ambas cosas. Los jueces son visibles, toman decisiones que afectan directamente a la gente. Pero el aumento de 18 puntos en una sola medición sugiere que algo cambió en cómo se percibe su rol, no solo que empeoraron los fallos.
Luke
Aquí hay que ser cuidadosos. La encuesta pregunta quién es responsable, pero no especifica qué tipo de responsabilidad. ¿Es que los jueces están siendo negligentes, o que el sistema los pone en posiciones imposibles? La cifra de 67% nos dice que la gente los culpa, pero no nos dice por qué.
Mark
¿Y el Plan Cancerbero? ¿Realmente es un espectáculo o la gente simplemente no ve resultados todavía?
Mimi
El cambio es dramático: 17 puntos en confianza, 16 puntos en la percepción de que es puro marketing. Eso sugiere que hubo un momento en que la gente esperaba algo, y luego decidió que no estaba sucediendo.
Luke
Pero la encuesta no dice cuándo se lanzó el plan, cuánto tiempo ha estado en marcha, o qué resultados específicos la gente esperaba ver. Un 45% que cree en cambio real no es insignificante. Podría ser que la iniciativa sea genuina pero la comunicación haya fallado.
Mark
¿Qué significa que el 82% diga que no hay igualdad ante la ley? ¿Es una crítica al Poder Judicial o al sistema legal en general?
Mimi
Probablemente ambas. Si la gente no confía en que los tribunales apliquen la ley equitativamente, eso es un fracaso del Poder Judicial. Pero también refleja una experiencia más amplia de desigualdad en la sociedad.
Luke
Exacto. Y aquí el dato es importante: no sabemos si la gente está diciendo que los jueces son corruptos, que favorecen a los ricos, o que simplemente el sistema está mal diseñado. La cifra es clara, pero el diagnóstico subyacente no lo es.
Le Pouls
- El 75% de los chilenos evalúa negativamente al Poder Judicial, un salto de nueve puntos en un solo año que convierte la desconfianza en mayoría aplastante.
- Los jueces concentran el 67% de las culpas por el mal funcionamiento de la justicia, subiendo 18 puntos, mientras la Corte Suprema cae a un mínimo histórico de 23% de aprobación.
- La percepción de parcialidad, opacidad e inequidad supera el 79% en cada dimensión medida, dejando sin espacio cualquier lectura optimista del sistema.
- El Plan Cancerbero, presentado como reforma penitenciaria estructural, es visto ahora por el 51% como un espectáculo comunicacional, perdiendo 17 puntos de credibilidad en pocas semanas.
- El presidente Kast cierra agosto con 38% de aprobación y 59% de rechazo, señalando que el malestar institucional desborda la figura presidencial y apunta a una crisis sistémica más profunda.
En el Chile de agosto de 2026, tres de cada cuatro ciudadanos han llegado a un veredicto colectivo sobre sus propios tribunales: el sistema de justicia no merece su confianza. La encuesta Cadem no revela una opinión pasajera, sino el sedimento de una desilusión acumulada que abarca parcialidad, opacidad, ineficiencia y desigualdad ante la ley. Cuando una sociedad pierde la fe en la institución que arbitra lo justo, el contrato que sostiene la convivencia comienza a resquebrajarse desde adentro.
La encuesta Plaza Pública Cadem de la última semana de agosto de 2026 entrega un diagnóstico severo: el 75% de los chilenos evalúa negativamente al Poder Judicial, nueve puntos más que en 2024. La desconfianza no se limita a una queja difusa, sino que se articula con precisión en cada dimensión consultada. El 83% dice que el sistema no le genera confianza, el 81% lo considera parcializado, el 82% cree que no garantiza igualdad ante la ley y el 79% cuestiona su transparencia. Incluso la independencia institucional está en entredicho: seis de cada diez ciudadanos dudan de que los tribunales sean completamente autónomos.
Los órganos superiores cargan con el mayor desprestigio. La Corte Suprema obtiene apenas un 23% de calificaciones positivas, cayendo 14 puntos, mientras las Cortes de Apelaciones retroceden 18 puntos hasta el 22%. Son precisamente los guardianes del sistema los que han perdido más terreno ante la opinión pública. Cuando se preguntó por los responsables del mal funcionamiento, los jueces emergieron como blanco principal con el 67% de las menciones, seguidos por las leyes y la Fiscalía, ambas con 39%.
El Plan Cancerbero, la iniciativa penitenciaria del Gobierno, también acusa el desgaste. Solo el 45% cree que representa un cambio real en el sistema carcelario, mientras el 51% lo percibe como un espectáculo comunicacional. Lo que fue anunciado como transformación estructural es hoy, para la mayoría, teatro político.
En ese contexto, el presidente José Antonio Kast cerró agosto con un 38% de aprobación semanal y un 59% de rechazo. Sus cifras permanecen estancadas, pero el dato más revelador es que el malestar ciudadano parece trascender la evaluación del mandatario: la crisis de confianza apunta a las instituciones mismas, no solo a quienes las conducen.
La confianza en el Poder Judicial chileno ha alcanzado un punto crítico. Según la encuesta Plaza Pública Cadem de la cuarta semana de agosto, tres de cada cuatro ciudadanos —el 75%— evalúa negativamente a los tribunales, una cifra que representa un salto de nueve puntos porcentuales desde 2024. El deterioro no es superficial: abarca prácticamente cada dimensión de cómo los chilenos perciben la justicia que se imparte en el país.
La desconfianza es casi universal. Un 83% dice que el Poder Judicial no le genera confianza. Un 81% lo considera parcializado. Un 82% cree que el sistema no asegura igualdad ante la ley. Un 79% cuestiona la transparencia de sus procedimientos. Un 77% lo ve como ineficiente. Incluso la autonomía institucional está en duda: un 61% sostiene que no es completamente independiente. Estos números no dejan espacio para matices. La ciudadanía ha llegado a un diagnóstico prácticamente unánime de que algo fundamental está roto.
Los tribunales superiores cargan con la peor evaluación. La Corte Suprema obtiene apenas un 23% de calificaciones positivas —notas entre 5 y 7—, una caída de 14 puntos. Las Cortes de Apelaciones están aún peor: 22% de evaluaciones favorables, retrocediendo 18 puntos. Estos son los órganos que la ciudadanía ve como guardianes del sistema, y su credibilidad se ha desplomado.
Cuando se preguntó quién es responsable de que la justicia no funcione, los jueces emergieron como el blanco principal de la crítica. Un 67% de los encuestados los señala como culpables, un aumento de 18 puntos respecto de la medición anterior. Las leyes aparecen en segundo lugar con 39%, bajando cinco puntos. La Fiscalía y los fiscales registran 39%, subiendo tres puntos. El Gobierno obtiene 31%, cayendo seis puntos. La concentración de culpa en los jueces es notable: casi dos tercios de los ciudadanos los responsabilizan directamente por el mal funcionamiento del sistema.
La encuesta también midió la percepción sobre el Plan Cancerbero, la iniciativa penitenciaria impulsada por el Gobierno. Solo un 45% cree que representa un cambio real en el sistema carcelario, una caída de 17 puntos. En contraste, un 51% lo ve principalmente como un "espectáculo comunicacional", una percepción que creció 16 puntos. Lo que fue presentado como una transformación estructural es ahora visto por la mayoría como teatro político.
En el frente presidencial, José Antonio Kast cerró agosto con un 39% de aprobación promedio mensual, dos puntos por encima del promedio de julio. Durante la cuarta semana de agosto específicamente, su aprobación fue de 38%, apenas un punto más que la medición anterior. Un 59% desaprueba su gestión. Los números presidenciales permanecen estancados mientras la crisis de confianza en la justicia se profundiza, sugiriendo que el malestar ciudadano trasciende la evaluación del mandatario y apunta a un problema institucional más amplio.
Citations marquantes
Un 82% considera que el sistema judicial no asegura la igualdad ante la ley— Encuesta Plaza Pública Cadem, cuarta semana de agosto
Un 51% cree que el Plan Cancerbero se trata principalmente de un espectáculo comunicacional— Encuesta Plaza Pública Cadem, cuarta semana de agosto
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