En el Chile de agosto de 2026, una encuesta Cadem revela que tres de cada cuatro ciudadanos reprueba al Poder Judicial, y que ocho de cada diez creen que la justicia se inclina ante los poderosos. No se trata solo de estadísticas: es el retrato de una sociedad que ha perdido la fe en la igualdad ante la ley, en un momento en que el país también debate cómo enfrentar el crimen organizado sin sacrificar las libertades que la justicia debería proteger. La confianza, una vez erosionada, tarda generaciones en reconstruirse.
Cadem: 75% desaprueba al Poder Judicial y 81% cree que se deja influenciar por poderosos
Tres de cada cuatro ciudadanos ven un sistema capturado por los poderosos
Mark
¿Qué tan profundo es este rechazo al Poder Judicial? ¿Es solo desaprobación o hay algo más?
Mimi
Es desaprobación con una característica muy específica: la gente no solo dice que funciona mal, sino que cree que está capturado. El 81% que dice que se deja influenciar por los poderosos es la cifra que explica todo lo demás.
Luke
Pero espera. ¿Eso es lo que la gente cree o lo que realmente ocurre? Cadem mide percepción, no hechos.
Mimi
Correcto. Pero la percepción es lo que importa para la legitimidad institucional. Si tres de cada cuatro ciudadanos creen que el sistema está capturado, eso es un problema político real, aunque sea una creencia.
Mark
¿Y los jueces? ¿Por qué ellos cargan con tanta responsabilidad?
Mimi
Porque son los rostros visibles del sistema. Cuando un juez ordena un traslado que la gente ve como cuestionable, o cuando los fallos parecen favorecer a los ricos, los jueces son quienes reciben la culpa directa.
Luke
Aunque también hay que notar que el 39% culpa a las leyes y la Fiscalía. No es que los jueces sean los únicos responsables; es que concentran el mayor porcentaje.
Mark
¿Y el estado de excepción? ¿Qué dice la gente realmente?
Mimi
Que quiere seguridad, pero no a cualquier precio. Respalda requisar bienes de criminales y que el ejército ayude. Pero cuando se trata de detener por sospecha o interceptar comunicaciones, el apoyo cae a menos de la mitad.
Luke
Y eso es importante: el 60% rechaza la propuesta presidencial específica, pero el 50% apoya una versión con Congreso y 30 días. No es que rechacen la idea; rechazan cómo el gobierno la plantea.
Mark
¿Qué significa eso para lo que viene?
Mimi
Que hay espacio para negociación, pero el gobierno tendría que ceder en los términos. La gente quiere controles, no concentración de poder.
Luke
Y todo esto ocurre mientras Kast tiene 38% de aprobación y el 79% cree que la economía está estancada. El Poder Judicial no está solo en crisis.
Der Puls
- La desaprobación al Poder Judicial saltó nueve puntos en un año, y la percepción de imparcialidad se desplomó 22 puntos: la institución ya no convence a casi nadie de que la justicia es ciega.
- El 83% desconfía de los tribunales y el 82% cree que no garantizan igualdad ante la ley, señales de una legitimidad institucional en caída libre.
- Los jueces son señalados como los principales responsables por el 67% de los encuestados, un salto dramático desde el 49% registrado hace apenas un año.
- El Plan Cancerbero del gobierno perdió credibilidad en dos semanas: quienes lo ven como un espectáculo comunicacional pasaron de 35% a 51%, mientras el apoyo real se desinfló.
- La propuesta presidencial de estado de excepción por 240 días es rechazada por el 60%, pero una versión acotada con control del Congreso logra mayoría, mostrando que la ciudadanía quiere seguridad con contrapesos.
- Con un 59% de desaprobación presidencial y 22 semanas consecutivas de pesimismo económico, el malestar chileno supera ya los niveles más oscuros de la pandemia.
En el Chile de agosto de 2026, una encuesta Cadem revela que tres de cada cuatro ciudadanos reprueba al Poder Judicial, y que ocho de cada diez creen que la justicia se inclina ante los poderosos. No se trata solo de estadísticas: es el retrato de una sociedad que ha perdido la fe en la igualdad ante la ley, en un momento en que el país también debate cómo enfrentar el crimen organizado sin sacrificar las libertades que la justicia debería proteger. La confianza, una vez erosionada, tarda generaciones en reconstruirse.
A finales de agosto de 2026, la encuesta Cadem dibujó un cuadro sombrío sobre la relación de los chilenos con su sistema de justicia. El 75% reprobó al Poder Judicial en una escala del uno al siete, nueve puntos más que en agosto del año anterior. Solo el 7% le otorgó las notas más altas.
Los atributos cuestionados son casi todos: el 83% no confía en la institución, el 82% cree que no garantiza igualdad ante la ley, el 79% duda de la transparencia de sus procedimientos y el 73% sostiene que trata distinto a las personas según su nivel socioeconómico. El dato más contundente es el de imparcialidad: el 81% afirma que el Poder Judicial se deja influenciar por los sectores más poderosos, frente a solo el 11% que lo considera imparcial. Hace un año, ese 11% era 33%. La caída de 22 puntos en doce meses es la más dramática de la medición.
Los jueces cargan con la mayor parte del descontento: el 67% los identifica como los principales responsables de que la justicia no funcione, cifra que en 2024 era del 49%. La controversia por el traslado de miembros del Clan Chen, ordenado por un juez en contra de la decisión del director de Gendarmería, ilustra esa tensión: el 67% rechaza que un magistrado pueda contravenir a la autoridad penitenciaria.
En materia de seguridad, el gobierno propuso un estado de excepción constitucional. La idea en abstracto divide casi por igual a la ciudadanía, pero la versión presidencial —que otorgaría facultad exclusiva al Ejecutivo por hasta 240 días— es rechazada por el 60%. Una fórmula alternativa con autorización del Congreso y un límite de 30 días obtiene apoyo mayoritario del 50%. Las medidas que restringen libertades individuales, como detenciones por sospecha o interceptación de comunicaciones, generan aún menos respaldo.
El contexto general es de malestar extendido. El presidente Kast tiene 59% de desaprobación, el 58% cree que Chile va por mal camino y el pesimismo económico personal lleva 22 semanas consecutivas superando al optimismo, un período más largo que el registrado durante la pandemia de 2020.
A finales de agosto, una nueva medición de Cadem reveló un panorama desalentador sobre cómo los chilenos perciben su sistema de justicia. Tres de cada cuatro ciudadanos —el 75%— calificaron al Poder Judicial con notas reprobatorias, usando una escala de uno a siete. Solo el 7% le otorgó las máximas calificaciones. La cifra representa un deterioro significativo: hace dos años, en agosto de 2024, el rechazo alcanzaba el 66%. En nueve meses, la desaprobación creció nueve puntos porcentuales.
La encuesta profundizó en los atributos específicos que los ciudadanos cuestionan de la institución. El 83% señaló que el Poder Judicial no le genera confianza. El 82% consideró que no asegura igualdad ante la ley. El 79% manifestó dudas sobre la claridad y transparencia de sus procedimientos. El 73% sostuvo que la institución diferencia entre personas según su nivel socioeconómico. Cada cifra apunta a la misma conclusión: los chilenos ven un sistema fragmentado, opaco y desigual.
El resultado más marcado emergió al preguntar sobre imparcialidad. Un 81% respondió que el Poder Judicial sí se deja influenciar por los sectores más poderosos. Solo el 11% consideró que es imparcial. Esta brecha de 70 puntos porcentuales refleja una caída dramática en la confianza: hace un año, el 33% creía que la institución era imparcial. En doce meses, esa proporción se desplomó 22 puntos. La percepción de que la justicia favorece a los poderosos se ha convertido en la creencia dominante.
Al indagar sobre responsabilidades, el 67% identificó a los jueces como los principales culpables de que la justicia no funcione como se espera. Esta cifra también creció desde agosto de 2024, cuando alcanzaba el 49%. El 39% señaló a las leyes y la Fiscalía. El 31% apuntó al gobierno y el Ministerio de Justicia. Los magistrados cargaron con la mayor parte del descontento ciudadano.
La encuesta también midió la percepción sobre el Plan Cancerbero, la iniciativa penitenciaria del gobierno. En solo dos semanas, la proporción que veía el plan como un cambio real cayó de 62% a 45%. En sentido inverso, quienes lo consideraban un espectáculo comunicacional sin efectos reales sobre la seguridad aumentaron de 35% a 51%. Respecto de la controversia sobre el traslado de integrantes del Clan Chen desde La Laguna a Alto Hospicio, ordenado por un juez de Iquique, el 67% se manifestó en desacuerdo con que un magistrado pueda contravenir decisiones del director de Gendarmería.
En materia de seguridad, el gobierno propuso un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar el crimen organizado. Cuando se preguntó genéricamente sobre la necesidad de esta herramienta, las opiniones se dividieron casi equitativamente: 49% la consideró necesaria y 46% no. Pero al consultar específicamente por la propuesta presidencial —que otorgaría al Presidente facultad exclusiva para decretarlo por 120 días, renovable hasta 240 días— el rechazo fue contundente: 60% se manifestó en desacuerdo y solo 33% la respaldó. Una fórmula alternativa, que requeriría autorización del Congreso y limitaría la duración a 30 días, obtuvo apoyo mayoritario: 50% estuvo de acuerdo.
Sobre facultades específicas, el 86% respalda la requisición de bienes asociados a bandas criminales. El 77% apoya que las Fuerzas Armadas asistan a Carabineros. Pero las medidas que restringen libertades individuales generan menos consenso. Solo el 45% apoya detenciones por sospecha sin flagrancia. El 39% respalda interceptar o registrar comunicaciones. Las restricciones a la movilidad y reunión también perdieron apoyo: la proporción que respalda limitar la libertad de tránsito cayó de 49% a 37% en una semana. La que apoya restringir reuniones bajó de 41% a 26%.
En el contexto más amplio, el Presidente José Antonio Kast obtiene 38% de aprobación, mientras que 59% desaprueba su gestión. El 58% considera que Chile va por mal camino. El 79% cree que la economía está estancada o en retroceso. Las percepciones negativas sobre la situación económica personal y familiar alcanzan 59%, frente a 38% de evaluaciones positivas. Esta brecha se ha mantenido durante 22 semanas consecutivas, superando el período más prolongado de descontento registrado durante la pandemia de 2020.
Bemerkenswerte Zitate
El 83% señaló que el Poder Judicial no le genera confianza, mientras que 82% considera que no asegura la igualdad ante la ley— Encuesta Cadem, cuarta semana de agosto
En dos semanas, la proporción que veía el Plan Cancerbero como un cambio real cayó de 62% a 45%, mientras quienes lo consideraban un espectáculo comunicacional aumentaron de 35% a 51%— Medición Cadem
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