Bruselas retrasará al 30 de noviembre la evaluación del último pago del plan de recuperación, tras las elecciones

El examen es casi a muerte súbita
Lo que decida Bruselas sobre los hitos del último pago ya no podrá corregirlo el Gobierno.
Mark

¿Por qué importa tanto que se publique el 30 y no antes?

Mimi

Porque la cita electoral es el 29 y Bruselas no quiere que la evaluación coincida con la campaña. Son 25.861 millones, el pago más grande.

Luke

Aun así, varias fuentes dan por hecho que el proceso terminará antes de las elecciones. Lo que se retrasa es la publicación, no necesariamente la evaluación.

Mark

¿Y qué cambia respecto a pagos anteriores?

Mimi

Antes se podía repetir un suspenso hasta seis meses después, como el hito 167. Ahora no habrá rectificación: es casi muerte súbita.

Luke

Esa expresión y lo de negociación muy dura vienen de fuentes anónimas. Es la lectura de quienes negocian, no un dato oficial.

Mark

¿Hay dinero concreto en riesgo?

Mimi

La Ley de Lobbies decayó, y Bruselas probablemente descontará al menos 260 millones. También está el hito 144 de interinos, con 626,6 millones.

Luke

Ojo: lo de los 260 millones es probable, no confirmado. Y el hito 144 se describe como revertido, pero el texto no dice cuánto se perderá finalmente.

Mark

¿Y lo de la vivienda?

Mimi

Fedea sostiene que el decreto revierte el hito, pero no consta que los evaluadores lo estén considerando.

Luke

Exacto, es una tesis de un think tank. Y la reclamación futura de fondos es una posibilidad legal sin plazo, no algo anunciado.

  • La Comisión Europea reserva para el 30 de noviembre la opinión que desbloquea 25.861 millones, justo el día después de las urnas.
  • Un Gobierno en funciones recibirá la evaluación sin posibilidad de enmendar los hitos, y cada decisión será definitiva.
  • La Ley de Lobbies, que decayó en el Congreso, arriesga al menos 260 millones, y el decreto de vivienda abre la puerta a reclamaciones futuras.
  • La negociación se desarrolla casi a muerte súbita mientras Bruselas, cansada de renegociar, busca cerrar el expediente sin nuevas concesiones.

Bruselas ha decidido reservarse hasta el 30 de noviembre, un día después de las elecciones generales, la opinión que activará el último y más cuantioso desembolso del plan de recuperación español, unos 25.861 millones. Es el cierre de un programa que mide, en buena parte, la capacidad de un país para convertir promesas europeas en obras reales, y lo hace en un momento en que el Gobierno saliente recibirá la sentencia sin margen para corregirla. Lo que la Comisión decida sobre cada hito quedará firmado de forma definitiva, algo que tensa una negociación que casi nadie se atreve a describir como amable.

El plazo vence el 30 de noviembre, un día después de las elecciones generales, y Bruselas ha decidido apurarlo hasta el final. Ese día la Comisión Europea hará pública su evaluación del séptimo pago, el último del plan de recuperación: hasta 25.861 millones de euros, alrededor del 30% del programa. Aunque el trabajo técnico podría estar listo antes de la votación, Bruselas se ha reservado la opinión que activa el pago hasta el día siguiente.

El Gobierno en funciones, sea cual sea el resultado de las urnas, será quien reciba la nota, y esta vez no habrá segunda oportunidad. En evaluaciones anteriores España podía corregir un hito suspendido, como ocurrió con la digitalización autonómica, pero ahora la decisión será definitiva. Entre los puntos débiles figura la Ley de Lobbies, que decayó en el Congreso y puede costar al menos 260 millones.

El plan ha sido el gran proyecto de Ursula von der Leyen, y los examinadores, cansados de tantas renegociaciones, quieren cerrar el expediente sin nuevas objeciones. Queda además una inquietud de fondo: una posible atonía inversora en 2027, antes de que en 2028 arranquen los nuevos instrumentos europeos que tomarán el relevo.

El plazo vence el 30 de noviembre, un día después de las elecciones generales, y Bruselas ha decidido apurarlo hasta el final. La Comisión Europea hará pública ese día su evaluación del séptimo pago del plan de recuperación, el último y el más cuantioso: hasta 25.861 millones de euros, aproximadamente el 30% del programa. Varias fuentes de la negociación dan por hecho que el trabajo técnico estará terminado antes de la votación, pero la Comisión ya ha avisado al Gobierno de que se reserva publicar la opinión que activa el pago hasta el día siguiente.

Un portavoz del Ejecutivo comunitario explica que el objetivo es cerrar las evaluaciones de todos los países antes de que acabe el mes, y admite que esa frase incluye el 30 de noviembre. El 1 de octubre, ante el Congreso y pocos días antes de la convocatoria anticipada e inesperada de elecciones, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había hablado de una evaluación preliminar hacia mediados de noviembre.

Sea cual sea el resultado de las urnas, el lunes posterior el Gobierno de Pedro Sánchez seguirá en funciones y será quien reciba la nota. Y esta vez no habrá segunda oportunidad. En evaluaciones anteriores, España podía enmendar un hito suspendido o aportar nuevas pruebas hasta seis meses después de emitida la opinión. Ocurrió con el hito 167, sobre la digitalización de las comunidades autónomas, comprometido en el quinto pago: Bruselas y Madrid discreparon y finalmente se dio el visto bueno, con parte del dinero liberado en el sexto pago. Ahora lo que decida la Comisión sobre los hitos será definitivo, lo que explica una negociación que una fuente del proceso, que pidió el anonimato, califica de muy dura.

El plan ha sido el gran proyecto del primer mandato de Ursula von der Leyen, y la capacidad de los países de absorber el dinero mide en buena medida su éxito. A España le corresponden hasta 80.000 millones en subvenciones y cerca de 21.500 millones en préstamos, de un total de 101.300 millones. Para que digiriera tal volumen, el programa se ha renegociado varias veces, con hitos y condiciones más flexibles y la renuncia a los créditos adjudicados. Eso ha dejado cierto cansancio entre los examinadores, que ya han adaptado las exigencias lo bastante para que España cumpla con holgura y no quieren seguir poniendo reparos en el examen final.

El desembolso en juego revisa 148 hitos y objetivos. Desde el 31 de agosto no se puede iniciar ninguna actuación nueva, y los últimos meses han servido para reunir la documentación que acredite ante los funcionarios europeos lo ejecutado. Entre los puntos débiles figura la Ley de Lobbies, ligada a uno de los hitos de este pago, que decayó en el Congreso. Lo más probable es que Bruselas descuente al menos 260 millones; antes de los reajustes del plan, esa reforma de transparencia y relación con los grupos de interés valía hasta 1.500 millones. El hito más notable ya revertido es el 144, sobre la reducción de la temporalidad en el empleo público, asociado a 626,6 millones no reembolsables.

La Comisión, además, conserva la facultad de reclamar dinero ya pagado si se revierte una reforma compensada, y el reglamento no fija fecha límite. Así, un futuro gobierno que deshiciera lo pactado podría enfrentarse a un procedimiento por incumplimiento. Un informe de Fedea sostiene que el decreto Maricarmen revierte el hito de vivienda al drenar casas del mercado, y que la Ley de Vivienda de 2023, evaluada en el cuarto pago, no ha logrado su objetivo de no limitar la oferta. Añade que la renuncia a los créditos dejó sin fondos la construcción de vivienda social. No consta que el equipo evaluador europeo se haya tomado en serio esa tesis. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha dicho que derogará la Ley de Vivienda si gobierna.

Apenas 48 horas antes de la votación, los jefes de Estado y de Gobierno celebrarán un Consejo Europeo extraordinario en Bruselas, centrado en el presupuesto comunitario y la ayuda a Ucrania. Von der Leyen y Sánchez podrían aprovecharlo para rematar los flecos técnicos de la evaluación. Queda además una preocupación de fondo: una posible atonía inversora en 2027, hasta que en 2028 arranquen los nuevos instrumentos de financiación europeos que tomarán el relevo.

La Comisión tiene el objetivo de acabar las evaluaciones de todos los países antes de acabar el mes.
— Portavoz de la Comisión Europea
Esperaba la evaluación preliminar hacia mediados de noviembre.
— Carlos Cuerpo, ministro de Economía, el 1 de octubre en el Congreso
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