Brasil y España demuestran que el modelo progresista genera prosperidad y justicia

Existe una idea que resurge una y otra vez en los debates sobre economía, pese a que la evidencia la ha desmentido repetidamente: que los gobiernos de derecha son guardianes naturales de la prosperidad mientras que los de izquierda están condenados al fracaso económico. Esta creencia persiste porque descansa sobre una visión estrecha de lo que significa economía, una que ignora la sostenibilidad real, la distribución del crecimiento, y las condiciones concretas en que viven las personas. La experiencia neoliberal en múltiples países cuenta una historia diferente: déficits públicos que crecieron, desigualdades que se profundizaron, crisis que se repitieron, economías que quedaron más frágiles. Con frecuencia han sido gobiernos progresistas quienes tuvieron que ordenar las cuentas que la derecha dejó en desorden. Sin embargo, parte de la izquierda ha cometido el error de ceder a la derecha la bandera del crecimiento, la estabilidad fiscal y el control de la inflación, incluso cuando los números mostraban que los había manejado mejor. Eso ha erosionado su credibilidad ante ciudadanos que simplemente quieren trabajar, emprender y mejorar sus vidas.

Brasil y España ofrecen en este momento dos demostraciones concretas de que existe un modelo progresista de gestión económica que funciona. En ambos países, el bienestar compartido es la brújula que orienta las decisiones, no el crecimiento del PIB como fin en sí mismo, sino el bienestar cotidiano de las familias. En Brasil, el gobierno actual retomó una senda de responsabilidad fiscal unida a justicia social que había sido abandonada. Aumentó la transparencia, redujo beneficios tributarios que favorecían desproporcionadamente a grandes grupos económicos, y al mismo tiempo amplió las políticas sociales. El resultado visible: desempleo en mínimos históricos, ingresos de los hogares en crecimiento, y millones de personas saliendo de la pobreza. En España, el logro ha sido compatibilizar una de las mayores tasas de crecimiento entre las grandes economías avanzadas durante tres años consecutivos con una caída del déficit a su nivel más bajo en dos décadas. El país generó cinco de cada diez nuevos empleos creados en toda la zona euro, alcanzó un nivel de ocupación récord, e implementó reformas estructurales que ya están mejorando la calidad del empleo, la productividad y la innovación. La lección es idéntica en ambos casos: responsabilidad fiscal, crecimiento y desarrollo social no se contradicen sino que se refuerzan mutuamente, aunque exigen políticas valientes y ambiciosas.

Ambos gobiernos enfrentan ahora tres grandes transiciones que definirán el desarrollo del siglo XXI: la demográfica, la ecológica y la digital. La transición demográfica tensiona los sistemas de protección social en ambas orillas del Atlántico. España tiene una de las pirámides poblacionales más envejecidas del mundo, mientras que Brasil comienza a ver cerrarse el bono demográfico que impulsó su desarrollo durante décadas. La respuesta conservadora tradicional es recortar prestaciones y elevar la edad de jubilación, trasladando el costo a quienes menos pueden soportarlo. La apuesta progresista es diferente: aumentar la productividad y construir sistemas tributarios más justos y progresivos. Brasil aprobó recientemente una reforma del impuesto sobre la renta que exonera a 15 millones de trabajadores de renta media-baja e impone una contribución mínima efectiva a quienes perciben rendimientos muy elevados. España, por su parte, gravó los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y bancarias para financiar la respuesta a la escalada inflacionista tras la invasión rusa de Ucrania, y fue pionera con un impuesto a las grandes fortunas.

La transición ecológica constituye la base del desarrollo duradero. Brasil posee activos estratégicos sin equivalente: la mayor selva tropical del mundo, las mayores reservas de agua dulce, y una matriz eléctrica renovable. El presidente Lula ha hecho de la protección de la Amazonia un pilar de la política exterior brasileña, porque protegerla no es renunciar al desarrollo sino garantizar que sea sostenible. España se ha transformado en un referente mundial en energías limpias. Las renovables generan más de la mitad de su electricidad, y el país es el segundo destino mundial de nueva inversión en el sector. La menor dependencia de los hidrocarburos ha amortiguado el impacto de las crisis energéticas sobre los hogares y abaratado la electricidad para sus industrias.

La transición digital decidirá las condiciones de vida de las próximas generaciones. Hoy unas pocas empresas controlan la infraestructura tecnológica sobre la que operan nuestras economías y democracias, lo que entraña riesgos serios de deshumanización porque esas empresas optimizan la rentabilidad de sus accionistas y no la cohesión social ni la integridad democrática. Para afrontar este reto, Brasil combina la regulación de plataformas con el fomento de centros de datos y un marco para la inteligencia artificial basado en la gestión de riesgos. España ha propuesto prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, exigiendo mayor responsabilidad a las grandes plataformas y contribuyendo al desarrollo de una IA que respete la dignidad, la autonomía y la equidad.

En el plano internacional, ambos gobiernos han demostrado que las políticas progresistas construyen no solo economías más prósperas sino también sociedades más estables y justas. El presidente Lula ha ejercido un liderazgo diplomático manteniendo canales abiertos con todos los actores, renunciando a alineamientos automáticos y reafirmando que el Sur Global tiene voz propia. El presidente Sánchez ha defendido el derecho internacional frente a las acciones unilaterales y una Unión Europea con mayor autonomía estratégica. La firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, el mayor de la historia por PIB combinado, es la expresión más concreta de esa apuesta por un orden multipolar.

Frente a la lógica de la fuerza, la lógica del derecho. Frente a la fragmentación, la gobernanza multilateral. Frente a la concentración tecnológica, la soberanía digital al servicio de las personas. El progresismo no se mide en discursos sino en las vidas que transforma: en si las personas trabajan en mejores condiciones, si pueden pagar el alquiler a fin de mes, si sus hijos tienen acceso a una educación que les abra oportunidades reales. Eso es lo que Brasil y España están construyendo, y eso es lo que el mundo necesita ver demostrado hoy más que nunca.