Brasil aprueba ley que reduciría drásticamente la pena de Bolsonaro y adelantaría su liberación

En la madrugada del 10 de diciembre, el Congreso de Brasil aprobó una ley que reescribiría el cálculo de las penas impuestas a los condenados por los ataques a las sedes de los Tres Poderes en enero de 2023. La votación fue de 291 a favor y 148 en contra. El proyecto de ley de Dosimetría, impulsado por el senador Flávio Bolsonaro —hijo mayor del expresidente encarcelado— busca alterar drásticamente cómo se suman las condenas cuando los delitos ocurren en el mismo contexto. Para Jair Bolsonaro, condenado por el Tribunal Supremo a 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho, esta modificación tendría consecuencias inmediatas y profundas.

La sesión fue convocada con urgencia junto con otras medidas constitucionales controvertidas, aprovechando que los diputados se preparaban para el receso de fin de año. El timing no fue casual: Flávio Bolsonaro había anunciado recientemente su precandidatura presidencial y condicionó su continuidad política a una negociación sobre amnistía para su padre y otros condenados. Aunque el texto final eliminó la amnistía total que inicialmente se demandaba, la Cámara negoció un término medio: la reducción de penas mediante el recálculo de sentencias.

Bajo la nueva ley, los crímenes cometidos en el mismo contexto ya no tendrían penas sumadas. En su lugar, se aplicaría solo la sanción más grave. Para Bolsonaro, esto significa que su base de condena se reduciría de 27 años y 3 meses a un rango de 4 a 12 años. Según las proyecciones del diputado Paulinho da Força, relator del proyecto, la combinación de esta pena única con una progresión de régimen más flexible podría reducir su permanencia en prisión cerrada de casi ocho años actuales a solo 2 años y 4 meses. Si el Senado confirma la propuesta, Bolsonaro —preso desde noviembre de 2024— podría estar en régimen semiabierto o abierto en 2029. La ley también cuenta el tiempo de estudio y trabajo realizado durante la prisión domiciliaria, etapa por la que Bolsonaro ya pasó, como reducción adicional de días de condena.

El ambiente en el plenario fue de fuerte tensión. El presidente de la Cámara, Hugo Motta, justificó la celeridad argumentando la necesidad de voltear la página y alejar al Congreso de la polarización tóxica del 8 de enero. Presentó la medida como un ajuste técnico, no como un favor a una de las partes, sino como reconocimiento de que algunas personas habían recibido penas exageradas sin haber desempeñado un papel central en los ataques. Sin embargo, los partidos del oficialismo calificaron la votación como un asalto legislativo al Poder Judicial. La diputada Talíria Petrone, vinculada al Gobierno de Lula da Silva, fue directa: fue un ataque a la democracia.

Del lado bolsonarista, diputados como Marcel van Hattem defendieron que el texto no constituía amnistía, sino alivio al sufrimiento de personas que no habían hecho nada. La aprobación cierra el año preelectoral con una tensión política aguda entre los poderes. El Ejecutivo y el Supremo están en enfrentamiento directo contra estas medidas. Ahora el Senado debe confirmar la propuesta, pero la batalla legislativa ya ha dejado claro que el futuro político de Bolsonaro seguirá siendo un punto de quiebre en la institucionalidad brasileña.