En el peor momento de su crisis sanitaria, Brasil buscó abrir nuevos canales para acelerar el acceso a vacunas contra el COVID-19, aprobando una ley que permite al sector privado, estados y municipios adquirir sus propias dosis bajo la condición de priorizar al sistema público. Con más de 257.000 muertos y apenas el 3,36% de su población inmunizada, el Congreso brasileño actuó con urgencia, aunque la medida aún aguarda la firma de Bolsonaro para convertirse en realidad. Es el retrato de una nación que, desbordada por la muerte, intenta repartir la carga de salvar vidas entre el Estado y el mer
Brasil aprueba ley que autoriza a empresas privadas comprar vacunas contra el coronavirus
Mientras se completa la inmunización de grupos prioritarios, todo lo que compren las empresas va al sistema público
¿Por qué Brasil necesitaba esta ley si ya tenía un plan de vacunación en marcha?
El plan existente estaba colapsando. Apenas habían vacunado al 3,36 por ciento de la población cuando aprobaron esto, y había suspensiones por falta de dosis. El Gobierno buscaba abrir otra fuente de suministro.
Pero hay que ser precisos: no sabemos si las empresas privadas realmente tenían acceso a vacunas que el Gobierno no tenía. La ley autoriza la compra, pero ¿había vacunas disponibles en el mercado internacional para que las compraran?
¿Y qué pasa con la equidad? ¿No es injusto que las empresas privadas tengan acceso mientras la gente espera?
La ley intenta equilibrarlo. Mientras se vacunan los grupos prioritarios, todo lo que compren las empresas va al sistema público. Solo después pueden quedarse con el 50 por ciento.
Eso suena bien en teoría, pero ¿quién verifica que realmente donen? ¿Hay sanciones si no lo hacen? El texto no lo especifica.
¿Cuál era la urgencia de aprobar esto justo cuando Brasil estaba en su peor momento?
Estaban desesperados. 1.641 muertes en un día. Necesitaban cualquier solución que pudiera acelerar la vacunación.
Aunque también es cierto que la aprobación rápida puede significar que no pensaron bien en los detalles de implementación o fiscalización.
El Pulso
- Brasil registró 1.641 muertes en un solo día, su cifra más letal desde el inicio de la pandemia, mientras solo el 3,36% de sus 210 millones de habitantes había recibido alguna vacuna.
- La campaña nacional de inmunización, iniciada a finales de enero, fue suspendida en varias ciudades por escasez de dosis, dejando al país con apenas dos opciones disponibles: Sinovac y AstraZeneca.
- El Congreso aprobó con rapidez una ley que permite a empresas privadas y gobiernos locales comprar vacunas, obligándolos a donar el 100% de las dosis al sistema público hasta completar la inmunización de grupos prioritarios.
- Una vez protegidos los grupos vulnerables, las empresas podrán retener el 50% de sus compras futuras, creando un modelo híbrido que mezcla interés privado con responsabilidad colectiva.
- La ley aún requiere la firma presidencial de Bolsonaro, y su entrada en vigor se produce en medio de una profunda incertidumbre sobre la capacidad real del país para organizar y sostener su plan de vacunación.
En el peor momento de su crisis sanitaria, Brasil buscó abrir nuevos canales para acelerar el acceso a vacunas contra el COVID-19, aprobando una ley que permite al sector privado, estados y municipios adquirir sus propias dosis bajo la condición de priorizar al sistema público. Con más de 257.000 muertos y apenas el 3,36% de su población inmunizada, el Congreso brasileño actuó con urgencia, aunque la medida aún aguarda la firma de Bolsonaro para convertirse en realidad. Es el retrato de una nación que, desbordada por la muerte, intenta repartir la carga de salvar vidas entre el Estado y el mercado.
El martes 2 de marzo, mientras Brasil vivía su día más mortífero desde el inicio de la pandemia —1.641 fallecidos en 24 horas—, la Cámara de Diputados aprobó una ley que permite a empresas privadas, estados y municipios adquirir sus propias vacunas contra el COVID-19. El proyecto ya había pasado por el Senado y ahora espera la firma del presidente Jair Bolsonaro.
La norma establece condiciones precisas: mientras no se complete la inmunización de los grupos prioritarios del plan nacional, todas las dosis compradas por privados deben donarse íntegramente al sistema público de salud. Solo después de ese umbral, las empresas podrán retener el 50% de sus adquisiciones futuras. Todos los inmunizantes deben contar con aprobación de la agencia reguladora brasileña.
El trasfondo es de urgencia extrema. Brasil acumulaba más de 257.000 muertos y 10,6 millones de contagios, y había logrado vacunar apenas al 3,36% de su población. La campaña, iniciada a finales de enero, avanzaba con lentitud y fue interrumpida en varias ciudades por falta de dosis. El país contaba solo con dos vacunas disponibles: la de Sinovac, producida por el Instituto Butantan, y la de AstraZeneca-Oxford.
El gobierno de Bolsonaro respaldó la iniciativa, que además traslada a estados y municipios la responsabilidad por eventuales efectos adversos. La rapidez con que fue tramitada en el Congreso refleja la presión de un país que busca, con los medios que tiene, salir del peor capítulo de su historia sanitaria.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el martes 2 de marzo una ley que abre la puerta a empresas privadas, gobiernos estatales y municipales para adquirir sus propias vacunas contra el coronavirus. El proyecto ya había pasado por el Senado y ahora espera la firma del presidente Jair Bolsonaro para convertirse en ley.
La medida establece reglas claras sobre qué pueden hacer estas entidades con las dosis que compren. Mientras se completa la inmunización de los grupos prioritarios definidos en el plan nacional de vacunación, todas las vacunas adquiridas por empresas privadas deben ser donadas íntegramente al sistema público de salud. Una vez que esos grupos vulnerables estén completamente protegidos, las compañías podrán comenzar a usar sus propias dosis, pero con una condición: el 50 por ciento de cualquier compra futura seguirá siendo obligatoriamente donado al sistema público. Los inmunizantes utilizados deben haber recibido aprobación de la agencia reguladora brasileña, ya sea para uso definitivo o de emergencia.
La aprobación llega en el peor momento de la pandemia en Brasil. El mismo martes en que el Congreso votó, el país registró su cifra más alta de muertes diarias desde el inicio de la crisis sanitaria: 1.641 fallecidos en 24 horas. Hasta ese momento, Brasil acumulaba más de 257.000 muertos y 10,6 millones de casos confirmados de COVID-19. La nación de más de 210 millones de habitantes había logrado vacunar apenas al 3,36 por ciento de su población, lo que equivalía a aproximadamente 7,1 millones de personas.
El contexto de escasez y desorden en la campaña de vacunación nacional fue determinante. El proceso de inmunización había comenzado a finales de enero, pero avanzaba lentamente y fue suspendido en varias ciudades por falta de nuevas dosis. En ese momento, Brasil contaba únicamente con dos opciones de vacunas: la del laboratorio chino Sinovac, producida localmente por el Instituto Butantan de São Paulo, y la desarrollada conjuntamente por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
El Gobierno de Bolsonaro respalda la medida, que también incluye una disposición que responsabiliza a estados y municipios por cualquier efecto adverso que resulte de la aplicación de estos medicamentos. El proyecto fue tramitado rápidamente en el Congreso durante los últimos días, reflejando la urgencia que el Ejecutivo percibía en la necesidad de acelerar la disponibilidad de vacunas. Ahora la ley depende de la firma presidencial para entrar en vigor, en un momento en que la incertidumbre rodea tanto el ritmo como la efectividad del plan de inmunización nacional.
Citas Notables
Las dosis adquiridas por entidades privadas deberán ser donadas a la red de salud pública hasta que los grupos prioritarios sean totalmente inmunizados— Texto de la ley aprobada