Bradford: «Musk no debería vender en Europa si incumple normas»

Anu Bradford, catedrática de Derecho en la Universidad de Columbia, lleva más de veinte años estudiando cómo la Unión Europea ha convertido la regulación en un instrumento de poder global. Finlandesa de nacimiento, académica de formación, ha acuñado un concepto que ahora resuena en los pasillos de Bruselas: el "efecto Bruselas", esa capacidad de proyectar valores europeos hacia el mundo entero a través de normas que las empresas extranjeras deben cumplir si quieren operar en el mercado europeo. En una época de escepticismo europeo, su optimismo resulta reconfortante. Ha publicado recientemente un ensayo titulado Imperios digitales y un documental llamado Por qué Europa importa, ambos dedicados a entender cómo la tecnología redefine la geopolítica mundial.

Bradford sostiene que Europa es una superpotencia, pero no en el sentido tradicional. Su poder reside en la capacidad de exportar valores a través de la regulación. Cuando la Unión Europea aprueba normas sobre protección de datos o derechos del consumidor, esas regulaciones se convierten en estándares globales porque las empresas tecnológicas no pueden permitirse el lujo de mantener dos sistemas paralelos: uno para Europa y otro para el resto del mundo. El resultado es una expansión global de los derechos europeos sin necesidad de ejercer poder militar o económico coercitivo. Además, esto nivela el terreno de juego para las empresas europeas, que compiten en igualdad de condiciones en mercados internacionales en lugar de estar en desventaja.

Pero Bradford advierte que Europa corre el riesgo de socavar su propia ventaja estratégica. La Comisión Europea está posponiendo regulaciones clave como la Ley de Inteligencia Artificial, y existe una narrativa cada vez más influyente que presenta la desregulación como el camino hacia la competitividad. Bradford rechaza esta lógica. Distingue entre simplificar regulaciones que no funcionan y erosionar protecciones esenciales. Lo segundo sería peligroso, especialmente cuando se justifica con la falsa premisa de que la desregulación impulsa la innovación europea. Lo que Europa realmente necesita, según ella, es integrar su mercado único digital, construir una unión de mercados de capitales y reformar las leyes de quiebra. Esas son las reformas que deberían estar en el centro de la agenda política, no la carrera por desmantelar protecciones.

La presión externa es real. La administración Trump ha atacado directamente la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. Grandes empresas europeas como Airbus, Siemens y ASML presionan a Bruselas pidiendo cambios para acelerar el desarrollo tecnológico. Bradford reconoce que el poder regulatorio por sí solo no es suficiente. Europa también necesita poder duro, capacidad de financiación, infraestructura tecnológica propia. Pero rechaza la idea de que haya que elegir entre proteger derechos o construir esos otros pilares. Ambas cosas deben avanzar en paralelo.

Lo que más preocupa a Bradford es la fragmentación. Aunque Europa tiene regulaciones pioneras, su aplicación es desigual. Los Estados miembros añaden variaciones nacionales, implementan directivas de formas distintas, crean barreras internas que debilitan el mercado único. Sería mucho mejor tener una ley de inteligencia artificial única que 27 leyes nacionales diferentes. La Comisión, como guardiana de los tratados, debe actuar contra los Estados miembros que no cumplan las regulaciones europeas. De lo contrario, Europa no aprovecha realmente su escala: 450 millones de consumidores y un mercado rico.

Cuando se le pregunta qué hacer con alguien como Elon Musk, que se niega a cumplir las normas europeas, Bradford es contundente: no debería ofrecer sus productos en Europa si no las respeta. Y no cree que la calidad de vida europea empeore si X desaparece del mercado. La plataforma no hace a los europeos más inteligentes, más amables ni más resilientes; es una distracción que mantiene discursos de odio y desinformación. Europa debe distinguir entre tecnologías perjudiciales y tecnologías esenciales. Las primeras pueden prohibirse sin problema. Las segundas, como las infraestructuras de las que dependen hospitales y bancos, requieren un enfoque diferente.

Pero lo que realmente inquieta a Bradford es la deriva autoritaria de Estados Unidos. Con Trump, el Gobierno se ha vuelto profundamente intervencionista: toma participaciones en empresas tecnológicas, exige a Nvidia una parte de los beneficios como condición para hacer negocios en China. Washington, que fue un faro de la democracia, ahora juega el juego de Pekín. Bradford se pregunta si Estados Unidos sigue comprometido con los mismos valores democráticos que alguna vez defendió. El riesgo es que el "efecto Pekín" desplace al "efecto Bruselas". China no tiene dificultades para aplicar sus normas; si el Partido Comunista Chino quiere que algo ocurra, ocurre. Los gobiernos democráticos deben ser capaces de hacer lo mismo, pero a su manera: con transparencia, debate abierto, rendición de cuentas de los políticos y determinación para hacer cumplir las leyes aprobadas por instituciones democráticas. Ese es el gran reto de las democracias, y es mucho más complejo que el autoritarismo.