En un momento en que muchas familias chilenas enfrentan la presión cotidiana de sostener a sus hijos, el Estado extiende una mano concreta: un bono de $30.000 por cada menor de 0 a 13 años perteneciente al 80% más vulnerable del país. La medida, que avanza en el Congreso con indicaciones para incluir a familias de acogida y mujeres embarazadas, no exige postulación alguna, reconociendo que el acceso a los beneficios no debería depender de la capacidad de navegar la burocracia. Es un gesto pequeño en cifras, pero significativo en su intención de llegar sin que nadie tenga que pedir.