Bomberos y trabajadores sociales cuestionan su participación obligatoria en desahucios

En Madrid, profesionales de emergencias están cuestionando una responsabilidad que consideran no les corresponde: participar en desahucios. La tensión no surge de una objeción moral abstracta, sino de algo más concreto: muchos de estos trabajadores ni siquiera saben que van a intervenir en un lanzamiento hasta que llegan al lugar.

Según un informe del Centro Sira titulado Tensar la línea del rescate, casi tres de cada cuatro bomberos que han participado en un desahucio —el 70,8% exactamente— aseguran que desconocía de antemano que el aviso estaba vinculado a un lanzamiento. Llegan pensando que responden a una emergencia de rescate, a una situación de riesgo, y se encuentran con que su presencia se utiliza para legitimar un desalojo. Desde colectivos como Bomberxs contra los Desahucios, la demanda es clara: no piden invocar objeción de conciencia, sino simplemente que no se les movilice para tareas que consideran ajenas a las competencias del cuerpo de bomberos.

El conflicto en Samur Social, el servicio municipal de emergencias sociales, tiene otra dimensión. Cuando los trabajadores acuden a un desahucio, se encuentran con familias que necesitan alojamiento inmediato. Los recursos disponibles son limitados y, en muchos casos, insuficientes. Las Caracolas, un centro de emergencia temporal ubicado en Vallecas, es emblemático de este problema: ofrece 300 plazas en construcciones prefabricadas. Proporciona un techo, cubre necesidades básicas, pero no es una solución residencial estable. Una familia que acaba de perder su vivienda no puede quedarse allí indefinidamente. Los trabajadores de Samur Social se encuentran así en una posición incómoda: deben intervenir en un lanzamiento sabiendo que la alternativa que pueden ofrecer es provisional, insuficiente, y que no resuelve el problema de fondo.

Esta tensión se agudiza por las condiciones laborales de quienes trabajan en Samur Social. A diferencia de otros servicios municipales de emergencias en Madrid, Samur Social sigue siendo mayoritariamente externalizado a empresas privadas. Sus trabajadores denuncian precarización: salarios bajos, contratos inestables, falta de protección laboral. Cuando alguien trabaja en esas condiciones, la disposición a participar en una acción con la que no está de acuerdo se vuelve aún más complicada. No es solo una cuestión ética; es también una cuestión de supervivencia económica. Un trabajador precario tiene menos margen para negarse.

Lo que emerge de estos testimonios es una contradicción en el sistema: se moviliza a profesionales de emergencias para legitimar desahucios, muchas veces sin su conocimiento previo, y se les pide que ofrezcan soluciones habitacionales que simplemente no existen. Los bomberos se sienten utilizados. Los trabajadores sociales se sienten atrapados entre la obligación de intervenir y la imposibilidad de resolver el problema. Y las familias desalojadas terminan en centros de emergencia temporal que no ofrecen salida.

La reivindicación de estos profesionales apunta a algo más amplio: una redefinición de qué tareas corresponden a cada servicio público, y una exigencia de que esas tareas sean realizadas con transparencia y con recursos reales. No se trata solo de que los bomberos sepan de antemano que van a participar en un desahucio, sino de que existan alternativas habitacionales reales para las personas desalojadas, y de que quienes trabajan en servicios de emergencias no sean utilizados como herramientas de legitimación de decisiones que toman otros.