Bolsonaro presenta Auxilio Brasil para reemplazar Bolsa Familia con aumento de 50%

El presidente brasileño Jair Bolsonaro caminó hasta el podio del Congreso el lunes pasado con un decreto-ley en las manos y una promesa de alivio para los pobres. Venía a enterrar un programa que había durado casi dos décadas—el Bolsa Familia, creado por Lula da Silva en 2003—y a reemplazarlo con algo nuevo: el Auxilio Brasil, con un aumento del bono de hasta 50 por ciento. Acompañado por su ministro de Economía, Paulo Guedes, y el jefe de gabinete, Ciro Nogueira, Bolsonaro explicó la lógica de la medida con palabras que sonaban a preocupación genuina. La pandemia había disparado los precios de los alimentos en todo el mundo, dijo. No podían abandonar a los más vulnerables. Así que decidieron aumentar el bono mínimo en 50 por ciento.

Lo que Bolsonaro no dijo en voz alta, pero que todos en la sala entendían, era que estaba en problemas políticos. Sus números de aprobación eran los peores desde que asumió el poder en enero de 2019. Los sondeos mostraban que perdería contra Lula si ambos se enfrentaran en las elecciones de 2022. Un gesto de generosidad social, especialmente uno que llevaba el nombre de un programa nuevo en lugar del de su predecesor, podría ayudarlo a recuperar terreno con los votantes más pobres antes de que llegara el momento de las urnas.

El Bolsa Familia había sido el corazón del legado social de Lula. Creado en 2003, el programa entregaba un promedio de 190 reales—unos 36,5 dólares—a aproximadamente 14,6 millones de brasileños pobres. Era simple, directo, y había sido clave para la popularidad que Lula disfrutó durante sus dos mandatos entre 2003 y 2010. Ahora Bolsonaro proponía transformarlo. El nuevo Auxilio Brasil aumentaría el bono a alrededor de 300 reales y extendería los beneficios a más de 16 millones de brasileños. El gobierno esperaba que el programa entrara en vigor en noviembre, justo después de que terminaran los pagos de emergencia por la pandemia en octubre.

Pero había detalles sin resolver. El monto exacto del beneficio y los recursos que financiarían el Auxilio Brasil aún tenían que definirse en los próximos meses, una vez que el Congreso aprobara el presupuesto de 2022, que el gobierno debía presentar antes del 31 de agosto. La ampliación dependía de otras votaciones en el Congreso. No era un hecho consumado. Era una propuesta, una apuesta política, un intento de Bolsonaro de reescribir la narrativa de su gobierno antes de que fuera demasiado tarde.

Lo que hacía más urgente esta maniobra era el contexto más amplio en el que ocurría. Brasil había perdido más de 560.000 personas a causa de la COVID-19. El gobierno de Bolsonaro estaba siendo investigado por posibles omisiones en el manejo de la pandemia. El presidente mismo enfrentaba una investigación judicial por sospechas de prevaricación, acusado de no denunciar indicios de corrupción en la compra de vacunas contra el virus. Solo en 2020, las ayudas de emergencia por la pandemia habían costado al estado casi 231 mil millones de reales—cerca de 45 mil millones de dólares al cambio de ese año. Ahora, mientras enfrentaba esas acusaciones y esa erosión de popularidad, Bolsonaro estaba pidiendo al Congreso que aprobara un programa de gasto social ampliado. Era un movimiento que combinaba la necesidad real con el cálculo político, la preocupación por los vulnerables con la desesperación de un presidente que sabía que podría perder.