Bolsonaro condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en Brasil

El jueves pasado, un panel de cinco jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil dictó sentencia contra Jair Bolsonaro: 27 años y tres meses de prisión. La acusación era clara: intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder después de perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva. Cuatro de los cinco magistrados votaron por condenarlo en cinco cargos distintos, un veredicto que convierte a Bolsonaro en el primer expresidente brasileño en ser condenado por un intento de golpe.

Bolsonaro, quien ha negado sistemáticamente cualquier delito, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en Brasilia. La sentencia no lo envía de inmediato a prisión. El tribunal tiene hasta 60 días para publicar formalmente el fallo, y una vez que lo haga, sus abogados disponen de cinco días para presentar mociones de aclaración. Después vendrá el proceso de apelación, que probablemente se extenderá durante años. Pero el mensaje de los jueces fue contundente: la evidencia mostraba que Bolsonaro no solo participó en una conspiración, sino que la lideró.

La jueza Cármen Lúcia explicó su voto con palabras que resumían la posición de la mayoría. Dijo estar convencida por las pruebas presentadas por la Procuraduría General de que Bolsonaro era "el instigador, el líder de una organización que orquestó todos los movimientos posibles para mantener o tomar el poder". El juez Alexandre de Moraes, quien supervisó el caso, fue más allá: describió a Bolsonaro como el cabecilla de un complot golpista y de una organización criminal. Para respaldar su argumento, mostró videos de Bolsonaro frente a miles de seguidores entre 2021 y 2023, instándolos a presionar al Supremo Tribunal. También proyectó imágenes de los daños causados dentro de la sede del tribunal después de los disturbios del 8 de enero de 2023.

Uno de los cinco jueces, Luiz Fux, votó en disidencia. Su argumento fue que nadie puede ser castigado simplemente por pensar en un golpe de Estado. Argumentó que un golpe requiere acciones coordinadas de grupos organizados con recursos y capacidad estratégica, no solo actos aislados o demostraciones individuales. Los fiscales, sin embargo, habían acusado a Bolsonaro de cargos que incluían organizar un golpe, ser parte de una organización criminal armada, intentar abolir violentamente el Estado de derecho democrático, e incitar a la violencia. Lula, hablando el jueves por la mañana antes de que se conociera el veredicto, fue directo: "Bolsonaro intentó un golpe en este país, y hay cientos de pruebas".

La reacción política fue inmediata y dividida. El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, publicó en redes sociales que la condena era una "persecución suprema" y que la historia demostraría que estaban del lado correcto. Su hermano, el legislador Eduardo Bolsonaro, no mencionó la condena de su padre, pero abogó por una amnistía que está buscando a través del Congreso. La ex primera dama Michelle Bolsonaro escribió en redes sociales: "Hay un Dios en el cielo que ve todo, que ama la justicia y odia la iniquidad".

La sentencia también tuvo repercusiones internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump, quien había expresado previamente su descontento con el proceso, dijo que consideraba a Bolsonaro como "sobresaliente" y calificó el fallo como "muy malo para Brasil". Trump había vinculado previamente un arancel del 50% sobre bienes importados de Brasil con la situación legal de su aliado, a quien acusó de ser víctima de una "cacería de brujas". Los observadores advierten que Estados Unidos podría anunciar nuevas sanciones contra Brasil, lo que tensaría aún más las ya frágiles relaciones diplomáticas entre los dos países.

A pesar de sus problemas legales, Bolsonaro sigue siendo una figura política poderosa en Brasil. Ya había sido inhabilitado para postularse a un cargo hasta 2030 en un caso anterior separado. Ahora, la condena podría impulsar a sus aliados en el Congreso a buscar una amnistía que lo libere de los cargos. Al mismo tiempo, el expresidente enfrenta presión para elegir un heredero político que probablemente desafíe a Lula en las elecciones generales del próximo año. La sociedad brasileña permanece profundamente dividida: algunos apoyan el proceso judicial como una defensa de la democracia, mientras que otros aún respaldan a Bolsonaro y ven su persecución como política.