En el eterno debate entre el poder que juzga y el poder que gobierna, el ministro Salvador Bolaños ha presentado un escrito formal ante el Consejo General del Poder Judicial acusando a la institución de ampararse en el corporativismo para no sancionar al juez Juan Carlos Peinado, instructor del llamado caso Begoña. La denuncia, que trasciende lo procedimental para convertirse en una pregunta sobre la rendición de cuentas dentro de la judicatura, anuncia además el traslado del conflicto al Tribunal Supremo. En el fondo late una tensión tan antigua como las democracias mismas: ¿quién vigila a qu