Bogotá debatirá militarización como respuesta a crisis de inseguridad

Bogotá enfrenta un agujero de más de diez mil uniformes. Esa es la cifra que el concejal Julián Uscátegui cita cuando habla del déficit de policías en la capital, y es el punto de partida para una conversación que pronto ocupará las sesiones del Concejo: si militarizar la ciudad es la respuesta que la inseguridad exige.

La idea no surgió en un despacho. Surgió en las calles, en las conversaciones de ciudadanos hartos, en la percepción de que casi siete de cada diez bogotanos viven preocupados por su seguridad. Uscátegui recogió firmas para convocar un cabildo abierto en el que se pudiera debatir la militarización como herramienta contra la criminalidad. La iniciativa superó con amplitud el número de apoyos necesarios, lo que significa que existe un interés genuino y extendido en explorar esta opción.

La propuesta, según explicó el concejal a esta revista, no busca que los militares reemplacen a la policía ni que asuman funciones distintas a las de apoyo. Se trata, en cambio, de sumar capacidad: más personal en las calles, mayor presencia territorial, vehículos adicionales, tecnología que la Policía Nacional no posee en la cantidad que requiere. El respaldo legal existe. El artículo 170 del Código de Policía y Convivencia Ciudadana permite que el Ejército asista a la autoridad civil y a la policía cuando hay alteraciones graves de seguridad, riesgo inminente, emergencias o calamidades públicas. No es una medida sin precedente legal; es una herramienta que el ordenamiento ya contempla.

La geografía de la ciudad determinaría dónde se desplegarían estos recursos. Uscátegui fue claro: la asistencia militar se concentraría en zonas de mayor complejidad geográfica, lugares donde operan estructuras criminales sofisticadas y donde la presencia policial ha resultado insuficiente. La lógica es simple, aunque su ejecución sea compleja: la sola visibilidad de uniformes militares en esos territorios podría actuar como disuasivo, reduciendo la operación criminal.

Lo que está en juego es más que una medida de seguridad. Es una pregunta sobre qué tan lejos está dispuesta a llegar una ciudad cuando siente que sus instituciones de orden público no dan abasto. Los homicidios y los hurtos han bajado en los últimos períodos, según los registros, pero esa mejora no ha calmado la inquietud ciudadana. La percepción de inseguridad persiste, y cuando la percepción es tan generalizada, cuando afecta a la mayoría de los habitantes, se convierte en una realidad política que los gobiernos no pueden ignorar.

Ahora el Concejo tendrá que deliberar. Tendrá que examinar si la militarización es una solución o un parche, si refuerza la seguridad o simplemente la desplaza de un lugar a otro. Tendrá que preguntarse qué significa para una ciudad democrática aumentar la presencia militar en sus calles, incluso si es en apoyo de la policía. Y tendrá que hacerlo sabiendo que detrás de cada voto hay ciudadanos que viven con miedo, que ven sus barrios como territorios donde el crimen opera sin freno, y que están pidiendo, con firmas y con voces, que algo cambie.