Blindex: la empresa blindada detrás del 'papamóvil' de De La Espriella

Cuatro horas después de que cerraron las urnas, Abelardo de la Espriella se presentó en el monumento de la Ventana del Mundo en Barranquilla para pronunciar su primer discurso como presidente electo de Colombia. Lo que llamó la atención de quienes lo vieron no fue solo su victoria sobre Iván Cepeda del Pacto Histórico, sino la forma en que llegó: dentro de un vehículo blindado que a su vez estaba encerrado en una caja de cristal también blindada. Los espectadores especularon de inmediato. ¿Era parte del dispositivo de seguridad que el gobierno Petro había desplegado para los candidatos? ¿Una donación de un país extranjero? ¿Un esquema especial para proteger al abogado del movimiento Firmes por la Patria?

En las fotos y videos del discurso se veía claramente el logo de Blindex, una empresa de blindaje, sobre un vehículo que pertenecía a otra compañía del mismo sector llamada Neoestar. La Unidad Investigativa de El Tiempo indagó y descubrió que esa protección —comparada por algunos con el famoso papamóvil que se habilitó en el Vaticano después del atentado a Juan Pablo II— no provenía de los esquemas que el Estado proporcionaba a los candidatos, que consistían en treinta efectivos de la Fuerza Pública y hasta cinco vehículos en un solo dispositivo. Tampoco era una donación de gobiernos extranjeros.

Lo que había ocurrido era un convenio entre Blindex y la campaña de De la Espriella. Un acuerdo que, hasta el momento de la investigación, no aparecía en el formulario de Cuentas Claras que los candidatos deben presentar ante las autoridades electorales, y que tampoco sería deducido de la reposición de gastos que recibe un candidato por los votos que obtiene. El convenio se había habilitado después de que circularan versiones sobre posibles amenazas contra el candidato, incluso con la modalidad de francotirador. Sus detractores sugirieron que esas amenazas eran parte de una estrategia electoral.

Blindex es una empresa que opera desde 1993 con plantas de blindaje en Bogotá, Cali y Barranquilla. Se dedica a la fabricación de vidrios blindados certificados, soluciones de blindaje arquitectónico para oficinas, residencias y espacios comerciales, además de proyectos para transporte de tropa, ambulancias, aeronaves y transporte de valores. Según documentos en poder de El Tiempo, la firma registraba a 2026 activos por 54 mil 383 millones de pesos. Entre sus accionistas figuran George Isaak Levy Preuss con el 23 por ciento, Felipe Adolfo Arbeláez con el 7 por ciento, Felipe Uribe Escobar con el 9 por ciento, Aielet Weissman Zilvestein con el 1 por ciento, la firma Spinstar Holding LTD. con el 49 por ciento e Inversiones Prado Grande S.A.S con el 8 por ciento.

La investigación reveló que Blindex registra en plataformas públicas contratos por más de 139 mil millones de pesos, al menos desde 2004 hasta enero del año anterior. En el último cuatrienio tuvo contratos con la Rama Judicial para suministro e instalación de elementos y servicios de restauración de vehículos blindados. También con Metro Cali S.A. para alquiler de vehículos blindados para el desplazamiento del presidente de esa entidad, y con la Cámara de Comercio de Cali para desmonte de blindajes. A través de su unión temporal Armor International SA, la empresa había tenido contratos con el Ministerio de Defensa en 2007 para adquisición de ambulancias, con Ecopetrol en 2017 para arrendamiento de vehículos blindados, con la Dirección General de la Policía Nacional para adquisición de vehículos, y con la Fiscalía en 2012 para entrega de 23 camionetas doble cabina con platón a Diesel.

Cuando El Tiempo contactó a Blindex para preguntar sobre la caja blindada utilizada en la campaña, uno de sus accionistas se negó a referirse al tema argumentando que se trataba de un asunto de seguridad del candidato. Sin embargo, confirmó que había un convenio entre De la Espriella y la firma cuyo monto y detalles no podían revelarse por razones de confidencialidad. La empresa no aclaró por qué el convenio no había sido reportado en los formularios de financiamiento de campaña, ni respondió sobre las implicaciones legales de un arreglo de seguridad que no aparecía en los registros públicos. La pregunta que quedaba sin respuesta era si ese tipo de convenios debería haber sido reportado ante las autoridades electorales como parte del financiamiento de la campaña presidencial.