Benidorm expulsa a sus trabajadores: el alquiler turístico y la inversión extranjera cierran el acceso a la vivienda

Benidorm ha dejado de ser un lugar donde sus propios trabajadores puedan vivir. Los precios de la vivienda en la ciudad turística de la Costa Blanca han alcanzado cifras que expulsan a quienes la mantienen funcionando: alquilar un piso de 80 metros cuadrados cuesta en promedio 1.408 euros mensuales, según datos de Idealista, mientras que comprar una vivienda del mismo tamaño ronda los 348.320 euros de acuerdo con Fotocasa. Estos números no son simples estadísticas. Son la razón por la que jóvenes profesionales que trabajan en la ciudad duermen en municipios vecinos o siguen viviendo con sus padres bien entrada la adultez.

La crisis tiene múltiples capas. Cuatro de cada diez viviendas en Benidorm permanecen vacías, según el Instituto Nacional de Estadística. Los propietarios las mantienen así porque los alquileres turísticos generan más ingresos que arrendar a trabajadores permanentes. El suelo disponible se dedica casi exclusivamente a construcción de lujo dirigida a compradores extranjeros, especialmente en la zona de Poniente. Un informe de OBS Business School publicado durante el verano señaló que Benidorm, junto con Marbella y Torrevieja, son los únicos tres municipios españoles donde el esfuerzo financiero necesario para comprar una vivienda nueva supera el 80 por ciento de la renta media local. El peso del comprador internacional es determinante en esta ecuación.

Jaime tiene 25 años, nació en Benidorm y sigue viviendo en casa de sus padres. Estudia Ingeniería en Tecnologías Industriales, teletrabaja 30 horas semanales y dedica otras 30 a buscar piso en internet. Los anuncios que encuentra dicen lo mismo una y otra vez: "Solo para alquiler vacacional" o "Desplazados/Profesores: alquiler de septiembre a junio". Casi todos tienen cuatro cifras. Junto a su pareja gana aproximadamente 1.600 euros mensuales. Ni siquiera en localidades vecinas como La Nucía o Finestrat encuentra opciones viables, porque esos pueblos también se encarecen aceleradamente. Altea y Polop han limitado el uso turístico, pero Benidorm no. "Estoy un poco harto de no poder independizarme y estar con mi novia", dice Jaime.

Pepe llegó a Benidorm desde Vallada, Valencia, hace seis meses. Tiene 24 años, es biotecnólogo y un hospital privado lo contrató para trabajar en su laboratorio. La empresa le pagó hotel el primer mes y medio mientras buscaba vivienda. Rastreó todas las inmobiliarias físicas y virtuales, preguntó a conocidos y compañeros. Los estudios más baratos costaban más de 900 euros. Terminó mudándose a Mutxamel, a 30 minutos en coche, donde encontró un piso compartido por 350 euros. Ahora viaja diariamente. "Si no llego a encontrar algo en el tiempo que me daban me hubiera tocado bajarme los pantalones y pagar lo de Benidorm", reconoce.

La hostelería, que es el motor laboral de Benidorm y primer empleo de muchos jóvenes, sufre las consecuencias directas. Desde la pandemia, las temporadas altas se caracterizan por la falta de mano de obra. Sindicatos y patronal coinciden en la causa: los trabajadores no encuentran casa. Comisiones Obreras añade otro factor: el transporte público está pensado para turistas, no para residentes. María Cueva, secretaria provincial de Juventud y Acción Sindical de CCOO, describe el sistema como "una odisea a consecuencia de la poca frecuencia de horarios y las incontables conexiones para llegar del punto A al B". La Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm y Comarca descarta la precariedad laboral como factor determinante, pero reconoce las dificultades para encontrar personal, especialmente en cocina. Su gerente, Irene Carreño, señala que "la solución no es fácil, no queda suelo libre y las plantillas se completan con los jóvenes que buscan un primer trabajo".

Las administraciones ofrecen respuestas que no terminan de resolver el problema. Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda, apuesta por construir cien viviendas de alquiler asequible en Poniente, la zona más cara de la ciudad, donde inversores extranjeros del este de Europa están comprando pisos de lujo en los últimos rascacielos. Fernández acusa al gobierno autonómico anterior de no haber proyectado ninguna vivienda protegida en toda la comarca y defiende no haber aplicado limitación de precios porque, según asegura, en Cataluña y otros países europeos ha generado el efecto contrario: menos oferta y más precio. El alcalde Toni Pérez, también del Partido Popular, considera que las administraciones locales tienen pocas competencias y que la solución está en cambiar la Ley de Vivienda y fomentar seguridad jurídica a propietarios. Afirma que Benidorm ha incrementado el parque de vivienda para colectivos vulnerables con presupuestos municipales y ha desbloqueado planes parciales que venían sin desarrollarse desde 1990.

La oposición municipal ve otra salida. El portavoz adjunto del PSOE, Sergi Castillo, propone que afloren las miles de viviendas vacías y desaprovechadas en Benidorm. Ha planteado en el pleno bonificar impuestos a propietarios que alquilen o gravar a quienes no lo hagan. Los números son contundentes: según la última actualización del INE, hay 24.000 casas vacías o de uso esporádico en Benidorm, lo que representa el 40 por ciento del parque residencial de la ciudad. Madrid tiene el 15 por ciento de viviendas vacías; Barcelona, el 18. Mientras los políticos se pasan la responsabilidad, Jaime y Pepe siguen buscando. Quizás encuentren algo en el futuro ensanche de Levante, donde está previsto construir 600 viviendas protegidas, pero establecer una fecha para que eso sea realidad es casi tan difícil como encontrar un hogar asequible en Benidorm hoy.