Bastiones blindados, élites que armaron a las pandillas y soldados salvadoreños secuestrados en Haití

El domingo 18 de octubre, un vehículo blindado con cuatro militares salvadoreños fue emboscado en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe. Los hombres pertenecían a la Fuerza de Represión de Pandillas, la fuerza internacional desplegada en Haití, y cumplían tareas de evacuación médica, no de combate. Desde entonces fueron secuestrados por un grupo criminal. Hasta la mañana del viernes, según el seguimiento de Diario Libre, no había confirmación de su liberación ni datos verificables sobre su paradero.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reclamó su libertad en X. Escribió que la misión consiste únicamente en pilotos y personal técnico, cuyo trabajo principal es realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no hacer la guerra, según recogió BBC News Mundo. Después endureció el tono: según EFE, advirtió que el ataque de ese día no era nada comparado con lo que vendría si no liberaban a los cuatro rehenes vivos.

Días después llegaron a Puerto Príncipe más de 100 soldados de fuerzas especiales salvadoreñas para reforzar la búsqueda, lo confirmó la propia Fuerza de Represión de Pandillas. Según Diario Libre, el refuerzo se sumó a operativos en Butte Boyer y Cité Doudoune, sectores donde opera la organización 400 Mawozo. El episodio fue el primer ataque de esa magnitud contra la fuerza internacional y ocurrió en medio de una ofensiva más amplia para arrebatar territorio a las bandas.

Para entender a qué se enfrentan esos soldados, Diego Da Rin, especialista en resolución de conflictos de International Crisis Group, describió en una entrevista con DW Español lo que vio al recorrer el país. Habló de bastiones rodeados de muros, vigilados con precisión militar, con francotiradores en las periferias y redes de informantes. Distinguió entre esas zonas de control absoluto y las áreas donde el dominio se disputa con las fuerzas de seguridad.

Según Da Rin, el poder de las bandas ya no depende de objetivos políticos inmediatos, sino de ampliar sus arsenales, sus hombres y sus finanzas propias. La mayor parte de la infraestructura crítica de Puerto Príncipe, incluidos el principal terminal petrolero y el de contenedores, quedó bajo su control. Desde allí se extendieron a los departamentos de Artibonite y del Centro, siguiendo las rutas que conectan la capital con el resto del país.

El investigador sostuvo que el origen no se reduce a la pobreza o al vacío institucional. Durante años, políticos y sectores económicos recurrieron a estas bandas para ganar elecciones, organizar manifestaciones o desestabilizar gobiernos rivales. «Hay un círculo vicioso entre la corrupción, la impunidad y la violencia», afirmó. Con el tiempo, añadió, los grupos se independizaron de sus patrocinadores y hoy ningún actor político los controla de verdad, lo que agrava el riesgo de una escalada sin negociación posible.

Su financiación, explicó, descansa sobre todo en impuestos ilegales cobrados en los barrios bajo su dominio y en secuestros que generan ingresos crecientes. El control de las carreteras permitió además instalar peajes ilegales, inexistentes en Haití hasta hace pocos años y hoy una de las principales fuentes de dinero. El tráfico de drogas y armas existe, pero lo calificó de vía marginal.

Da Rin advirtió que los ciclos de violencia continuarán hasta que se rompan los vínculos entre grupos poderosos de las élites políticas y económicas y estos grupos armados ilegales. Mientras tanto, la atención se centra en los cuatro militares salvadoreños: su paradero y su liberación seguían sin confirmarse.