Bassa cuestiona reforma de seguridad: "La Constitución no está para administrar venganzas"

El diputado Jaime Bassa, del Frente Amplio, se levantó esta semana para cuestionar una reforma constitucional de seguridad que el Gobierno está impulsando con urgencia. El proyecto contempla once modificaciones a la Constitución, todas orientadas a expandir el poder del Estado para perseguir delitos como el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Pero para Bassa, lo que el Ejecutivo está proponiendo va más allá de fortalecer herramientas de seguridad: es, a su juicio, una reconfiguración peligrosa de lo que la Constitución debe ser.

El corazón de la propuesta incluye la creación de un nuevo artículo 9 bis que establecería regímenes penitenciarios diferenciados según el tipo de delito. Pero hay algo más que preocupa al parlamentario. La reforma también plantea que personas condenadas por ciertos delitos queden excluidas, durante quince años después de cumplir su pena, de acceso a prestaciones financiadas con fondos públicos: salud, educación, trabajo, seguridad social. Es decir, una vez que alguien termina de pagar su deuda con la justicia, el Estado seguiría castigándola durante una década y media más.

Bassa expresó su inquietud con claridad. Le preocupa que el Gobierno intente convertir la Constitución en un "catálogo de exclusiones", confundiendo una política de seguridad legítima con la simple acumulación de castigos. Reconoce que el Estado necesita herramientas más fuertes para enfrentar al crimen organizado. Pero sostiene que extender los efectos punitivos del Estado mucho más allá de lo que los tribunales imponen es algo fundamentalmente distinto: es castigar dos veces, una vez en la sentencia y otra vez en la exclusión social prolongada.

El parlamentario plantea una visión alternativa. Una política de seguridad seria, dice, debe perseguir y sancionar con firmeza, pero también debe prevenir, rehabilitar y evitar que el delito se reproduzca. La mano dura sin visión de futuro puede funcionar como consigna política, pero no construye un país más seguro. Y luego viene la frase que resume su posición: "La Constitución no está para administrar venganzas".

La reforma también incluye un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública que podría ser decretado cuando organizaciones criminales actúen. Este mecanismo permitiría restringir derechos como la libertad de locomoción y de reunión, además de establecer fórmulas de cooperación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Para Bassa, esto requiere un análisis parlamentario especialmente cuidadoso.

Su posición no es que el Estado no deba tener poder para combatir el crimen organizado. Es que ese poder debe ejercerse dentro de límites constitucionales claros y respetando garantías fundamentales. El debate que viene en el Congreso, según el diputado, deberá examinar con atención si las modificaciones propuestas mantienen esos límites o si, en nombre de la seguridad, el país está aceptando una redefinición de lo que la Constitución protege y para quién.