Bases rechazan acuerdo de Provias sobre asfaltado de carretera Huancavelica-Rumichaca

La carretera que conecta Huancavelica con Ayacucho, Ica y Lima lleva setenta y dos kilómetros de abandono. Durante décadas, los gobiernos locales han pedido su rehabilitación. El lunes cuatro de febrero, en el segundo día de un paro indefinido convocado para exigir mantenimiento y asfaltado, las autoridades de tres niveles se sentaron con el director ejecutivo de Provias Nacional, Iván Vladimir Aparicio Arenas, en la localidad de Pilpichaca. Después de casi cuatro horas de negociación, firmaron un acta de acuerdos que prometía soluciones concretas al conflicto que había paralizado la región.

El gobernador regional Leoncio Huallani Taipe, alcaldes provinciales de Castrovirreyna, Huaytará y Huancavelica, alcaldes distritales de Santa Ana, Pilpichaca y Huachocolpa, y el presidente del comité pro asfalto, Domingo Ticllasuca Guerrero, rubricaron el documento junto con representantes del Ministerio de Transportes y el Consejo de Ministros. Provias Nacional se comprometió a desplegar maquinaria en cuatro frentes para el mantenimiento inmediato de la vía mientras se tramitaba la aprobación de los expedientes técnicos. El director ejecutivo también garantizó presupuesto para iniciar el asfaltado definitivo de doble vía, un proyecto pendiente desde 2019, una vez que se levantaran las observaciones del área usuaria.

Pero el acuerdo no duró más allá de las firmas. Las bases que habían convocado el paro desconocieron lo pactado. Su queja era clara: la reunión se había realizado en Pilpichaca, no en la ciudad de Huancavelica como estaba acordado internamente. Algunos dirigentes que se habían sumado a la lucha protestaron porque no fueron invitados a participar en las negociaciones. Esa tarde, mientras el gobernador ofrecía una rueda de prensa para explicar los términos del acuerdo y los plazos establecidos, los manifestantes bloqueaban las salidas de la ciudad desde temprano.

En los exteriores del Gobierno Regional de Huancavelica estallaron disturbios. La policía respondió lanzando bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud. Cuando el humo se disipó, quedaban dos personas heridas. El gobernador aclaró públicamente que el cambio de sede había sido necesario porque Ticllasuca Guerrero se encontraba en Pilpichaca, pero la explicación no apaciguó el descontento. Lo que había comenzado como una negociación entre líderes y funcionarios terminó como un enfrentamiento entre la población y la policía, con el acuerdo firmado pero rechazado, y el paro indefinido continuando a pesar de las promesas escritas.