Barbados, 50 años después: 73 vidas y una deuda de justicia sin resolver

Hace cincuenta años, el 6 de octubre de 1976, un Douglas DC-8 de Cubana de Aviación despegó de Barbados hacia Jamaica en lo que debería haber sido un tramo más de un vuelo que terminaría en La Habana. Minutos después, dos explosiones sacudieron la aeronave. La tripulación intentó regresar al aeropuerto, pero el avión se desplomó en el mar. Murieron sus 73 ocupantes: 57 cubanos, 11 guyaneses y cinco norcoreanos. Entre ellos viajaban los 24 miembros del equipo nacional de esgrima de Cuba, que regresaban de una competencia regional, y varios jóvenes guyaneses que se dirigían a la isla para estudiar.

El atentado al vuelo 455 se convirtió en uno de los actos de terrorismo más graves contra la aviación civil jamás cometidos en América. Medio siglo después, sin embargo, el caso permanece marcado por una ausencia fundamental: quienes fueron identificados como los principales organizadores de la operación nunca fueron condenados por el crimen. En 2022, los países de la Comunidad del Caribe y Cuba establecieron el 6 de octubre como Día CARICOM-Cuba contra el Terrorismo, reconociendo explícitamente en la Declaración de Bridgetown que por aquel crimen «no ha habido rendición de cuentas».

La investigación comenzó casi de inmediato. Horas después de que el avión fuera destruido, las autoridades detuvieron en Trinidad y Tobago a dos venezolanos, Hernán Ricardo Lozano y Freddy Lugo, quienes habían viajado en el vuelo 455 pero descendieron en Barbados antes de las explosiones. Ambos trabajaban para una empresa de seguridad dirigida por Luis Posada Carriles. Fueron condenados en Venezuela a veinte años de prisión. Pero la investigación también señaló a Posada Carriles y a Orlando Bosch, dos hombres con vínculos documentados en diferentes momentos con los servicios de inteligencia estadounidenses. Documentos desclasificados décadas después proporcionaron evidencia sustancial de su conocimiento previo del atentado. Un informe del Departamento de Estado recogió información de una fuente según la cual Posada había declarado días antes del ataque: «Vamos a atacar un avión cubano», y que «Orlando tiene los detalles». Un documento del FBI identificó a los dos hombres que colocaron las bombas como parte del grupo de apoyo de la operación.

Los registros desclasificados documentaron los vínculos de Posada con la Agencia Central de Inteligencia, información previa sobre planes de sectores violentos del exilio cubano en Florida para atacar aeronaves, y comunicaciones de inteligencia que situaban a Posada y Bosch en el entorno inmediato de la operación. Sin embargo, ninguno de los dos hombres fue condenado por Barbados. Orlando Bosch pasó años encarcelado en Venezuela, pero fue absuelto en los procesos relacionados con el atentado y salió en libertad en 1987. Posteriormente regresó a Estados Unidos. Las autoridades migratorias estadounidenses intentaron deportarlo, y el propio Departamento de Justicia lo consideró una amenaza para la seguridad pública, pero en 1990 la administración de George H. W. Bush permitió que permaneciera en el país. Bosch vivió en Miami hasta su muerte en 2011. Luis Posada Carriles tampoco fue condenado por la destrucción del vuelo 455. Estuvo detenido en Venezuela durante el proceso, pero escapó de prisión en 1985 antes de que existiera una sentencia definitiva. Años después reapareció en Estados Unidos. Venezuela solicitó su extradición, pero Posada nunca regresó para enfrentar el juicio por Barbados. Murió en Miami en 2018.

De ese modo, los dos hombres señalados durante décadas como principales organizadores del atentado murieron sin cumplir una condena por la muerte de las 73 personas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago resumió el caso señalando que Posada y Bosch, identificados como presuntos autores intelectuales, «nunca pagaron un precio por sus papeles en aquel acto de terrorismo». La cobertura periodística del caso también refleja esta asimetría. El atentado tuvo amplia repercusión internacional cuando ocurrió, y medios estadounidenses como The Washington Post siguieron los procesos contra Bosch y Posada durante los años setenta. Pero con el paso del tiempo, el caso perdió presencia en la memoria mediática internacional. Cuarenta años después del atentado, The Washington Post señaló precisamente esa desigualdad: el asesinato de los integrantes del equipo cubano de esgrima no había quedado fijado en la memoria colectiva internacional de la misma manera que otros ataques contra deportistas, como el cometido en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972.

La prensa estadounidense recuperó el caso periódicamente cuando Posada Carriles volvió a convertirse en asunto judicial y migratorio en Estados Unidos. En 2006, treinta años después del atentado, The Washington Post presentó su presencia en territorio estadounidense como una prueba de incoherencia en la política de Washington contra el terrorismo después del 11 de septiembre: Estados Unidos reclamaba que ningún país ofreciera refugio a terroristas mientras Posada permanecía bajo su jurisdicción sin ser procesado por Barbados. Los documentos desclasificados por el National Security Archive modificaron el tratamiento periodístico del caso, permitiendo pasar de una reconstrucción sustentada principalmente en acusaciones políticas y testimonios judiciales a otra respaldada por informes internos del FBI, la CIA y el Departamento de Estado.

En Barbados permanece un monumento con los nombres de las víctimas frente al mar donde cayó el avión. En Guyana y Trinidad y Tobago existen también espacios de recordación. Y desde 2022 el Caribe convirtió cada 6 de octubre en una jornada regional contra el terrorismo. Cincuenta años después, el vuelo 455 sigue siendo una historia con dos dimensiones inseparables: la humana, representada por 73 personas que emprendieron un vuelo comercial y nunca llegaron a su destino, y la judicial y política, marcada por una pregunta que ha acompañado al caso durante medio siglo: cómo uno de los atentados más mortíferos contra un avión civil en la historia de América pudo terminar sin que los hombres señalados como sus principales organizadores fueran condenados por él.