Banquero vinculado a la realeza muere bajo sospecha en caso de nueve años sin resolver

En mayo de 2017, las cámaras de seguridad del puente de Putney en Londres capturaron un momento que permanecería sin resolver durante casi una década. Un hombre corriendo empujó a una mujer de treinta y tres años directamente hacia la trayectoria de un autobús de dos pisos. El conductor logró esquivar el vehículo por centímetros. La víctima sufrió heridas menores. El video se viralizó, convirtiendo al desconocido en uno de los hombres más buscados de la capital británica. La policía interrogó a decenas de personas, realizó varios arrestos, pero ninguno llevó a una acusación. En 2018, Scotland Yard cerró el expediente por falta de pistas nuevas.

El caso del "Putney Pusher" permaneció congelado hasta junio de este año, cuando la policía reabrió la investigación y arrestó a Nicholas Brandram, un banquero de cuarenta y cuatro años y exoficial del Ejército británico que había servido en Afganistán. Lo detuvieron bajo sospecha de intento de causar lesiones graves. Después de interrogarlo, lo dejaron en libertad mientras continuaban las averiguaciones. Nunca fue acusado formalmente del ataque. Su identificación como sospechoso devolvió el antiguo video al centro de la atención mediática y pública.

Brandram ocupaba un puesto como director en la banca privada de HSBC. Pero su perfil tenía otra dimensión que multiplicó el interés de los medios: era nieto de la princesa Catalina de Grecia y Dinamarca y tataranieto de la reina Victoria. Los vínculos con la realeza europea transformaron un caso de violencia callejera en una historia que cruzaba las fronteras entre la investigación policial ordinaria y el escrutinio de la prensa sobre figuras conectadas con las casas reales.

El martes por la noche, policías y paramédicos acudieron a la vivienda de Brandram en Chiswick, al oeste de Londres, después de que fuera encontrado inconsciente. Fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades indicaron que el fallecimiento no presentaba, por ahora, circunstancias sospechosas. Nueve años después del ataque en el puente, el caso adquirió una dimensión trágica e inesperada.

Un día después de su muerte, la familia de Brandram rompió el silencio con una declaración contundente. Afirmaron que Nicholas no era el Putney Pusher. Según ellos, no existía ADN ni otras pruebas forenses que lo vincularan con la agresión. No había elementos que demostraran que estuviera en Putney Bridge en ese momento ni evidencias confiables de que fuera el hombre registrado por las cámaras. Sostuvieron que Brandram había colaborado voluntariamente con los investigadores, facilitado una muestra de ADN y participado en procedimientos de identificación, pero que pese a ello permaneció durante meses bajo sospecha pública.

La familia responsabilizó a la Policía Metropolitana por la presión que sufrió durante los meses de investigación. Afirmaron que la exposición del caso le provocó vergüenza, ansiedad y humillación. Cuestionaron que Scotland Yard no hubiera despejado públicamente las sospechas cuando, según ellos, carecía de pruebas suficientes. Medios británicos informaron además que los familiares consideraban relevante que Brandram hubiera enviado un correo electrónico desde su trabajo unos treinta minutos después del ataque y que algunas características físicas descritas por testigos no coincidían con las suyas.

Tras las acusaciones de la familia, Scotland Yard se remitió a sí misma al Independent Office for Police Conduct, el organismo independiente que supervisa la conducta policial británica, para que revise sus contactos con Brandram antes de su muerte. La policía expresó sus condolencias y reconoció que una investigación de este tipo puede generar una fuerte presión sobre las personas involucradas. Sin embargo, señaló que las pesquisas sobre el ataque de 2017 siguen abiertas. El caso permanece formalmente sin resolver, ahora marcado no solo por la violencia de 2017 sino por las preguntas que rodean la investigación que siguió nueve años después.