En las márgenes de una festividad popular, donde la multitud ofrece tanto celebración como vulnerabilidad, una banda de seis personas —cinco de ellas ingresadas irregularmente al país— fue detenida en Coquimbo con 64 teléfonos celulares sustraídos durante las jornadas de La Pampilla. El hallazgo revela no un acto impulsivo, sino una operación coordinada que convierte el desorden festivo en oportunidad sistemática. La justicia ha respondido con prisión preventiva para los cinco principales imputados, aunque la investigación apenas comienza: decenas de víctimas aún esperan reconocer lo que les f
Banda peruana en prisión preventiva por robo masivo de celulares en La Pampilla
Sesenta celulares ocultos en un terreno baldío, otros en una bolsa
¿Por qué la Fiscalía pidió prisión preventiva pero el tribunal solo consideró el peligro de fuga?
El tribunal tiene discreción para evaluar cada causal. Probablemente consideró que el riesgo de que huyeran era el más evidente, dado que eran extranjeros sin documentación regular.
Pero eso es especulación. Lo que sabemos es que el tribunal rechazó explícitamente el argumento de peligro para la seguridad. Eso es un dato importante.
¿Qué significa que "no todas las víctimas han reconocido sus teléfonos"?
Que muchas personas perdieron sus celulares durante La Pampilla, pero aún no han venido a identificarlos entre los 64 incautados. Algunos ni siquiera saben que sus equipos fueron recuperados.
O simplemente no saben dónde presentarse. La Fiscalía no especifica si han hecho una convocatoria pública o si solo esperan que las víctimas aparezcan.
¿Hay diferencia significativa entre los cinco y el sexto imputado?
Sí. Los cinco entraron ilegalmente, no tienen documentos, y el tribunal los vio como riesgo de fuga. El sexto entró legalmente, así que recibió medidas menos restrictivas.
Pero ambos grupos están acusados de lo mismo: receptación de bienes robados. La diferencia en el trato depende de su estatus migratorio, no de la gravedad del delito.
¿Qué tan organizada era esta operación?
La Fiscalía dice que había coordinación entre ellos. Los 64 celulares distribuidos en dos lugares diferentes sugiere cierta planificación.
Pero "coordinación" es la interpretación de la Fiscalía. Lo que sabemos es que estaban juntos en un departamento con muchos celulares. Eso es el hecho.
¿Cuánto tiempo tienen para resolver esto?
Sesenta días. Es el plazo estándar para investigaciones de este tipo.
Y en esos 60 días necesitan que las víctimas se presenten, que se verifique la procedencia de cada teléfono, y que se determine si hay otros implicados. Es un plazo ajustado.
The Pulse
- Carabineros irrumpió en un departamento del sector El Sauce y encontró 64 celulares distribuidos con deliberada ocultación: algunos enterrados en un terreno baldío, otros en bolsas, mientras los detenidos intentaban deshacerse de objetos comprometedores.
- La Fiscalía de Coquimbo argumentó que no se trataba de posesión casual, sino de una estructura coordinada entre los seis imputados para receptar bienes robados de manera sistemática durante el multitudinario evento de La Pampilla.
- El tribunal decretó prisión preventiva para cinco de los imputados —con fianza de un millón de pesos cada uno— por peligro de fuga, mientras que el sexto, ingresado regularmente al país, quedó en libertad con firma quincenal y arraigo nacional.
- La investigación tiene 60 días de plazo y enfrenta un obstáculo concreto: no todas las víctimas han podido identificar sus dispositivos entre los incautados, lo que deja incompleto el mapa real del daño causado.
En las márgenes de una festividad popular, donde la multitud ofrece tanto celebración como vulnerabilidad, una banda de seis personas —cinco de ellas ingresadas irregularmente al país— fue detenida en Coquimbo con 64 teléfonos celulares sustraídos durante las jornadas de La Pampilla. El hallazgo revela no un acto impulsivo, sino una operación coordinada que convierte el desorden festivo en oportunidad sistemática. La justicia ha respondido con prisión preventiva para los cinco principales imputados, aunque la investigación apenas comienza: decenas de víctimas aún esperan reconocer lo que les fue arrebatado.
El 20 de septiembre, Carabineros llegó a un departamento del sector El Sauce, en Coquimbo, y encontró lo que la Fiscalía describiría como el resultado de una operación deliberada: 64 teléfonos celulares distribuidos con cuidado para evitar ser descubiertos, algunos ocultos en un terreno baldío, otros guardados en bolsas. Al momento de la irrupción policial, algunos de los presentes intentaron deshacerse de ciertos objetos, un gesto que no pasó inadvertido.
Los cinco detenidos —un hombre y cuatro mujeres, todos ciudadanos peruanos ingresados irregularmente al país— fueron formalizados por receptación reiterada. La Fiscalía de Coquimbo no los acusó simplemente de tener bienes ajenos, sino de actuar de manera coordinada y sistemática. Ninguno portaba documentación de identificación válida. El tribunal decretó prisión preventiva para los cinco, aunque solo por la causal de peligro de fuga —no por peligro para la seguridad de la sociedad, como también había solicitado el Ministerio Público—, y fijó una fianza de un millón de pesos por imputado.
Paralelamente, la Fiscalía formalizó a un sexto sujeto, detenido el mismo día en otra dirección de la ciudad con 16 celulares sustraídos entre el 18 y el 20 de septiembre. A diferencia del grupo anterior, este hombre había ingresado regularmente al país. El tribunal rechazó la prisión preventiva solicitada y le impuso medidas menos restrictivas: firma quincenal y arraigo nacional.
Todos los robos ocurrieron durante las jornadas de La Pampilla, evento masivo que congregó a miles de personas y que, en sus márgenes, dejó a múltiples víctimas sin sus teléfonos. La investigación, con un plazo de 60 días, aún no ha cerrado su círculo: varias de esas víctimas no han logrado reconocer sus dispositivos entre los incautados, y la magnitud completa de la operación sigue siendo una pregunta abierta.
Cinco ciudadanos peruanos ingresados irregularmente al país fueron sorprendidos el 20 de septiembre en un departamento del sector El Sauce, en Coquimbo, con 64 teléfonos celulares en su poder. Los equipos estaban distribuidos de manera deliberada: algunos ocultos en un terreno baldío, otros guardados dentro de una bolsa. Cuando Carabineros irrumpió en el lugar, algunos de los detenidos intentaron deshacerse de ciertos objetos, lo que sugería conciencia de la ilegalidad de lo que poseían.
La Fiscalía de Coquimbo formalizó a este grupo de un hombre y cuatro mujeres por el delito de receptación reiterada. Los antecedentes presentados por el Ministerio Público indicaban que ninguno de los cinco contaba con documentación de identificación válida en el país. La acusación no era simplemente por posesión de bienes robados, sino por un patrón de conducta coordinada: la Fiscalía argumentó que existía una organización deliberada entre los imputados para desarrollar estas acciones de manera sistemática.
El tribunal decretó prisión preventiva para los cinco, aunque no por ambas causales que la Fiscalía había solicitado. Mientras que el Ministerio Público había pedido encarcelamiento tanto por peligro para la seguridad de la sociedad como por peligro de fuga, el Juzgado de Garantía consideró que la causal de peligro de fuga era suficiente para justificar la medida más restrictiva. Cada uno de los cinco imputados fue obligado a pagar una fianza de un millón de pesos.
La investigación no se limitó a este grupo. La Fiscalía también formalizó a un sexto sujeto, detenido el mismo día en un departamento de calle Manuel Jesús Rivera con 16 teléfonos celulares sustraídos entre el 18 y el 20 de septiembre. Este imputado, a diferencia de los cinco anteriores, había ingresado regularmente al país. Aunque la Fiscalía solicitó su prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, el tribunal optó por medidas cautelares menos severas: firma quincenal y arraigo nacional, permitiéndole permanecer en libertad bajo vigilancia.
Los robos ocurrieron durante las jornadas de La Pampilla, un evento que generó múltiples víctimas despojadas de sus dispositivos móviles. Sin embargo, la investigación aún no ha avanzado completamente en la identificación de los afectados. Desde la Fiscalía reconocieron que no todas las víctimas han logrado reconocer sus teléfonos celulares entre los incautados. Ambas investigaciones cuentan con un plazo de 60 días para su desarrollo, tiempo durante el cual se espera que más víctimas se presenten a reclamar sus equipos y que se esclarezca la magnitud completa de la operación delictiva.
Notable Quotes
Existiría una coordinación entre los imputados para desarrollar estas acciones— Fiscalía de Coquimbo
Aún no todas las víctimas han reconocido sus teléfonos celulares— Fiscalía de Coquimbo