En un momento en que España busca responder a una demanda sanitaria creciente, la patronal de la sanidad privada alza la voz contra el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Su presidente, Juan Manuel Baltar, considera que reducir la colaboración con el sector privado es un retroceso, y que las ideologías no deberían anteponerse a la atención de los pacientes. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros y ahora en el Congreso de los Diputados, deroga la Ley de 1997 y cierra definitivamente la puerta a modelos como Alzira, mientras el debate sobre cómo
Baltar (ASPE) rechaza la ley de gestión pública sanitaria: recortar la oferta asistencial "es un atraso"
"Me parece un atraso", dijo Baltar sobre recortar la oferta asistencial
Mark
Empecemos por lo básico: ¿qué cambia con esta ley?
Mimi
Deroga la Ley 15/1997, la que permitió el modelo Alzira, y elimina los esquemas en que una empresa privada construye y luego gestiona un hospital público. El resto de la gestión privada queda para casos excepcionales.
Mark
¿Qué condiciones fija Sanidad para esas excepciones?
Mimi
Que no sea posible la prestación directa, que se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia, y que se cumplan criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad.
Luke
Conviene separar lo que está en el texto de lo que se dice sobre él. Baltar sostiene que la ley recorta la oferta asistencial, pero la información que tenemos no aporta datos de cuánta oferta se perdería.
Mark
Es decir, su afirmación es una valoración.
Luke
Exacto. Es la posición de una patronal, no una cifra verificada. Y su confianza en que la ley no pase el trámite es una expectativa, no un dato.
Mimi
Además, la ley permite acuerdos, convenios o contratos con entidades privadas, así que no cierra del todo esa puerta; la restringe.
Mark
¿En qué fase está?
Mimi
En el Congreso, tras la aprobación del Consejo de Ministros en febrero.
Luke
Y no sabemos todavía si habrá enmiendas ni cómo votarán los grupos. Eso sigue abierto.
El Pulso
- La patronal ASPE califica de atraso el proyecto que limita la colaboración público-privada en la sanidad.
- El texto elimina el modelo Alzira, en el que una empresa construía y gestionaba un hospital público.
- Otras fórmulas privadas quedan reducidas a casos excepcionales, condicionadas a sostenibilidad y calidad.
- La norma avanza por el Congreso, y ASPE confía en frenarla y reclama marcos regulatorios estables.
En un momento en que España busca responder a una demanda sanitaria creciente, la patronal de la sanidad privada alza la voz contra el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Su presidente, Juan Manuel Baltar, considera que reducir la colaboración con el sector privado es un retroceso, y que las ideologías no deberían anteponerse a la atención de los pacientes. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros y ahora en el Congreso de los Diputados, deroga la Ley de 1997 y cierra definitivamente la puerta a modelos como Alzira, mientras el debate sobre cómo debe organizarse la salud pública sigue abierto.
Juan Manuel Baltar, nuevo presidente de ASPE, aprovechó la presentación del plan estratégico de la patronal hasta 2030 para cuestionar con dureza el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Para él, en un país con una demanda asistencial tan alta, recortar la oferta sanitaria es un error, y anteponer posiciones ideológicas a las necesidades de los pacientes, también.
El proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero y ahora en tramitación en el Congreso, deroga la Ley 15/1997 que abrió paso al modelo Alzira y otras fórmulas de gestión. En su lugar, permite la gestión mediante medios propios o acuerdos, convenios y contratos con entidades públicas o privadas. Pero el modelo en el que una empresa construye y gestiona un hospital desaparece de forma definitiva, y el resto de participación privada queda reducida a situaciones excepcionales, solo cuando no sea posible la prestación directa y se garanticen sostenibilidad, eficiencia y calidad.
ASPE responde defendiendo marcos regulatorios estables, la compatibilidad entre lo público y lo privado y la libertad de ejercicio profesional. Su plan incluye también medidas para mejorar el entorno laboral y el reconocimiento de los profesionales. Ahora la decisión está en manos del Parlamento, donde se verá si el texto avanza tal como lo aprobó el Gobierno o si la presión del sector logra frenarlo.
El presidente de ASPE, Juan Manuel Baltar, eligió la presentación del plan estratégico de su organización hasta 2030 para pronunciarse sobre el texto que más inquieta hoy a la sanidad privada: el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Su juicio fue directo. Ante la demanda asistencial que vive España, dijo, recortar la oferta no es una solución. "Me parece un atraso", afirmó.
La norma limita la colaboración público-privada en la sanidad. El Consejo de Ministros le dio luz verde en febrero de este año y ahora se tramita en el Congreso de los Diputados. Baltar, que es el nuevo presidente de la patronal, expresó su confianza en que el proyecto no supere ese trámite parlamentario. Añadió que anteponer ideologías a la solución de los problemas de los pacientes es un error, y aseguró que ASPE apoyará los conciertos y las concesiones.
El proyecto deroga la Ley 15/1997, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, que abrió la puerta al llamado modelo Alzira y a otras fórmulas de gestión. En su lugar, establece que la prestación y la gestión sanitaria podrán realizarse con medios propios, pero también mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, conforme a la Ley General de Sanidad.
El texto elimina de forma definitiva los modelos en los que una empresa privada asume la construcción de un hospital y después su gestión. Es el caso del modelo Alzira, nacido en la Comunidad Valenciana en 1999 de la mano de Ribera Salud.
Para el resto de fórmulas de gestión privada, el anteproyecto reduce la participación de los grupos privados en servicios sanitarios de titularidad pública a casos excepcionales. Según el Ministerio de Sanidad, solo podrá autorizarse cuando no sea posible la prestación directa, se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia del sistema, y se cumplan criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad.
En el mismo acto, ASPE defendió la necesidad de marcos regulatorios estables que no penalicen la compatibilidad entre la actividad pública y la privada. También reiteró que la libertad de ejercicio profesional es un valor esencial para la calidad del sistema.
El plan estratégico de la patronal incluye medidas para favorecer entornos laborales estables, reforzar el reconocimiento profesional y avanzar hacia modelos organizativos que optimicen el desempeño asistencial.
Lo que viene ahora es el recorrido parlamentario de la ley en el Congreso, donde se decidirá si el texto sale adelante tal como lo aprobó el Gobierno o si la oposición de organizaciones como ASPE logra frenarlo.
Citas Notables
No creemos que ante la situación de demanda que vive España, recortar la oferta asistencial sea una solución. Me parece un atraso.— Juan Manuel Baltar, presidente de ASPE
Anteponer ideologías en la solución de los problemas de los pacientes es un error. Apoyaremos los conciertos y las concesiones.— Juan Manuel Baltar, presidente de ASPE
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