Ayuso rechaza negociar con profesores en huelga: «Es intolerable, nos desprecian»

Una semana después de que los profesores de Madrid salieran a las calles, la Consejería de Educación ha dejado clara su posición: no hay mesa de negociación. No importa cuántos docentes hayan secundado la movilización, ni cuántas veces se hayan manifestado pidiendo diálogo. La consejera Mercedes Zarzalejo ha cerrado la puerta, y desde el gobierno regional remiten una y otra vez a sus declaraciones del lunes como respuesta definitiva: las reivindicaciones, dice, están fuera del alcance de lo que Madrid puede hacer.

La huelga fue convocada en junio, meses antes de cualquier contexto electoral. Pero el gobierno madrileño la ha etiquetado como "política", un argumento que los sindicatos rechazan tajantemente. El 24 de agosto, veinte organizaciones enviaron una carta formal a la Consejería detallando seis puntos clave de sus demandas e instando a negociar antes de llegar al paro. La consejería nunca respondió. Jessica Belda, portavoz de CGT, recuerda que el escrito advertía sobre "años de lucha, manifestaciones y apelaciones directas" sin ser escuchados, y expresaba la voluntad de "llegar a un acuerdo que evite la precipitación a una situación de conflicto tan gravosa como la huelga indefinida". Esa voluntad de diálogo fue ignorada.

El lunes fue especialmente tenso. Manifestantes esperaban a la presidenta Isabel Díaz-Ayuso a la salida del Palacio de Santoña, donde participaba en un foro de la mujer. La policía cargó contra los concentrados. La Delegación del Gobierno confirmó que investigará lo ocurrido, mientras el comité de huelga denunció las cargas como "violentas y desproporcionadas". Zarzalejo respondió expresando preocupación por "la agresividad y conflictividad" de las protestas, mencionando específicamente el corte de la carretera de Valencia y lo que llamó un "escrache" en un instituto de Vallecas. Desde Comisiones Obreras, su portavoz Aída San Millán fue contundente: "Tanto la consejera como la presidenta escalaron mucho el conflicto el lunes, tanto de manera física como verbal. Es una vergüenza que la Comunidad maltrate a sus funcionarios, que nos llame personas violentas cuando son las mismas personas que están sacando adelante el trabajo en sus centros educativos".

Las cifras de seguimiento varían según quién las mida. La Comunidad habla de un 10,4% el martes, mientras que UGT estima un 30%. Lo que no hay discrepancia es en lo que piden los docentes: reducir las horas de clase a 17 semanales en secundaria y 22 en infantil y primaria; bajar las ratios de estudiantes por aula; aumentar personal especializado; atajar la segregación entre educación pública y concertada; subir los salarios 600 euros mensuales; reducir la carga burocrática, y mejorar infraestructuras, incluyendo climatización y eliminación de amianto.

Zarzalejo ha argumentado que cumplir estas demandas sería imposible. Bajar las ratios como piden significaría perder 282.000 plazas educativas o crear 328 nuevos colegios en un año. Reducir el horario lectivo requeriría más de 13.600 contrataciones. Pero San Millán ve en estas mismas palabras una confesión: la consejera está reconociendo que Madrid tiene un déficit de profesores y de colegios. "Nadie les ha pedido que lo resuelvan en un año, pero lo que no puede ser es que no lo tengan nunca", dice.

Belda, de CGT, subraya que las demandas no son invenciones de Madrid. "La tabla de reivindicaciones pide derechos que ya se tienen en otras comunidades autónomas. Decir que son excesivas es decir que le parece excesivo cumplir las recomendaciones de la UNESCO de que haya una orientadora por cada 250 alumnos o que le parece excesivo que nuestras alumnas no estén hacinadas en el aula, que se retire el amianto de las aulas o que nuestros sueldos lleven congelados desde 2011". Chema Pinto, de UGT, va más allá: la negativa a negociar "atenta contra las leyes del Estado". Según la ley sindical, dice, la consejería debería haberse sentado con ellos desde el primer día de huelga. "Creemos que son demandas posibles y factibles. No traemos nada que no exista en otras partes de España", afirma.

Pinto termina con una acusación más profunda: "Esta cerrazón solo se explica bajo una política dirigida a fomentar la educación concertada y privada que deja morir a la pública". Mientras tanto, la huelga continúa, sin visos de que la Comunidad de Madrid abra la puerta al diálogo que los sindicatos siguen pidiendo.