Ayuso pasa de pagar 51 comidas de trabajo en 2022 a solo dos este año, y la identidad de quienes invitan sigue oculta

La identidad de los pagadores es, por ahora, un misterio
La ley madrileña no obliga a publicar quién abona las comidas de trabajo que no paga la Comunidad.
Mark

Partamos de lo básico: ¿qué ha cambiado exactamente?

Mimi

Que la Comunidad de Madrid pagó 51 comidas de trabajo de Ayuso en 2022 y este año solo dos. El Gobierno regional explica que el resto las abonan terceros que la invitan.

Mark

Entonces el gasto público ha bajado, pero ¿es eso una buena noticia?

Mimi

Depende. El gasto baja, pero también desaparece la información sobre quién paga. Lo que antes era visible en las cuentas ahora no lo es.

Luke

Conviene separar lo que sabemos de lo que se atribuye. Que terceros pagan es la explicación del Gobierno madrileño; en lo que tenemos no hay una verificación independiente de eso.

Mark

¿Y por qué no se conoce quiénes son?

Mimi

Porque la ley madrileña no exige publicar datos sobre comidas pagadas por terceros. El Gobierno dice que, sin obligación, no los divulga.

Luke

Eso tampoco prueba que haya conflicto de interés. Es un riesgo que se plantea, no un hecho constatado.

Mark

¿Qué no sabemos todavía?

Luke

Cuántas comidas se han celebrado en total, con quién y quién ha pagado cada una. Las dos cifras solo cuentan las que pagó la Comunidad.

Mimi

Y por eso la pregunta que sigue abierta es si habrá más transparencia, por decisión del Gobierno o por un cambio legal.

  • Las cifras cuentan un salto brusco: de 51 comidas pagadas por la Comunidad en 2022 a solo dos este año.
  • El Gobierno madrileño explica que el resto corre a cargo de terceros, pero sin revelar sus nombres.
  • La ausencia de obligación legal de publicar a los pagadores deja abierta la sombra de posibles conflictos de interés.
  • El gasto no ha desaparecido, solo ha cambiado de manos, y la trazabilidad pública se ha quedado fuera de la mesa.

En la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha pasado de costear con fondos públicos 51 comidas de trabajo en 2022 a apenas dos en lo que va de este año. El Gobierno regional atribuye la diferencia a terceros que las invitan, pero la ley madrileña no obliga a revelar quiénes son. Así, un gasto que antes quedaba a la vista de todos se desplaza hacia un terreno sin rastro público, y la pregunta de quién sienta a la mesa del poder vuelve a ocupar el centro de la vida democrática.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pagó con cargo a las arcas regionales 51 comidas de trabajo en 2022. Este año solo ha abonado dos. La explicación del Gobierno madrileño es que el resto las pagan otras personas o entidades que la invitan.

El dato central no es que Ayuso coma menos con interlocutores de trabajo, sino que el gasto ha dejado de aparecer en las cuentas públicas. Lo que antes salía del presupuesto regional ahora corre, según el Ejecutivo, a cargo de quienes la sientan a su mesa.

La gran incógnita es quiénes son esos anfitriones. La ley madrileña no exige publicar datos sobre las comidas costeadas por terceros, y el Gobierno regional sostiene que, al no existir esa obligación, no hace público quién invita.

Cuando una institución paga sus propias comidas, el gasto queda registrado y es fiscalizable. Cuando paga un tercero, ese control desaparece. No hay constancia en la información disponible de ninguna irregularidad concreta, pero sí queda por ver si se presentan solicitudes de transparencia, iniciativas para reformar la ley o si el Ejecutivo aclara quiénes son los anfitriones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pagó con cargo a las arcas regionales 51 comidas de trabajo en 2022. En lo que va de este año, solo ha abonado dos. La diferencia es enorme, y la explicación que ofrece el Gobierno madrileño es que el resto de las comidas las pagan otras personas o entidades que la invitan.

Ese es el punto central de la información publicada por El País: no que Ayuso coma menos con interlocutores de trabajo, sino que el gasto ha dejado de figurar en las cuentas públicas porque lo asume un tercero. Lo que antes salía del presupuesto regional ahora, según el Ejecutivo autonómico, corre a cargo de quienes sientan a la presidenta a su mesa.

La cuestión que queda sin respuesta es quiénes son esos anfitriones. La identidad de los pagadores es, por ahora, un misterio. El motivo, según la información, es que la ley madrileña no exige publicar datos sobre las comidas abonadas por terceros. El Gobierno regional sostiene que, al no existir esa obligación legal, no hace público quién invita.

El contraste entre las dos cifras es el dato que ordena todo lo demás. Pasar de 51 comidas pagadas por la Comunidad en 2022 a dos en el año en curso supone que casi todo el volumen de encuentros de este tipo se ha trasladado a un régimen sin rastro público. La información disponible no precisa cuántas comidas se han celebrado en total ni en qué circunstancias, y tampoco detalla quiénes han sido los invitantes.

La falta de transparencia sobre los pagadores abre preguntas sobre posibles conflictos de interés. Cuando una institución paga sus propias comidas, el gasto queda registrado y es fiscalizable. Cuando paga un tercero, ese control desaparece, y con él la posibilidad de saber si quien invita tiene intereses en decisiones del Gobierno regional. Es una cuestión que el propio planteamiento de la noticia señala como digna de seguimiento, sin que haya constancia en el material disponible de ninguna irregularidad concreta.

Lo que sí está establecido es el marco legal: la normativa de la Comunidad de Madrid no obliga a divulgar información sobre las comidas costeadas por terceros. Cualquier cambio en esa situación pasaría por modificar la norma o por que el Gobierno decida, por voluntad propia, ofrecer más datos.

Queda por ver si se plantean demandas de información, solicitudes de transparencia o iniciativas para reformar la ley, y si el Ejecutivo regional aclara quiénes son los anfitriones de la presidenta.

Las comidas restantes las abonan terceros, y su identidad no se publica porque no hay obligación legal de hacerlo.
— Gobierno de la Comunidad de Madrid (paráfrasis)
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