Ayuso cede a empresas privadas 500 viviendas públicas por 75 años sin canon alguno

La Comunidad de Madrid ha diseñado un acuerdo que entrega a empresas privadas la gestión de más de 500 viviendas de alquiler protegido durante los próximos 75 años. A cambio de asumir los costos de construcción —cifrados en alrededor de 100 millones de euros— las compañías adjudicatarias cobrarán todas las rentas sin pagar canon alguno a la Administración, una estructura que genera ingresos brutos acumulados superiores a 350 millones de euros a precios de 2026, cifra que alcanza los 800 millones en términos nominales cuando se proyecta a lo largo de la concesión completa.

La operación se materializa a través de tres licitaciones en terrenos de Hortaleza, San Blas-Canillejas y Los Berrocales. Según los documentos de contratación publicados por la Comunidad, los adjudicatarios no solo construirán los edificios, sino que también gestionarán, mantendrán y explotarán las viviendas durante tres cuartos de siglo. La rentabilidad estimada ronda el 7% anual, cifra que la Administración regional defiende como razonable y acorde con el coste del capital. Las viviendas no revertirán al dominio público hasta comienzos del siglo XXII.

Los pliegos de condiciones establecen que al menos el 5% de las viviendas debe reservarse para familias con ingresos inferiores a 29.000 euros anuales, porcentaje que puede duplicarse hasta el 10% si el adjudicatario lo ofrece como mejora en su propuesta. La Comunidad argumenta que no exigir un canon evita que ese coste se traslade a los inquilinos, maximizando así la reducción de alquileres. Un portavoz de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, dirigida por Jorge Rodrigo, sostiene además que las empresas asumen el riesgo de ocupación y morosidad, aunque los pliegos contemplan una cobertura parcial por parte de la Administración.

Esta estrategia de cesión de terrenos públicos a privados se replica en otros sectores. El modelo ya se ha aplicado en la educación concertada, donde colegios privados explotan parcelas públicas durante décadas, y en el Plan Vive, el programa de viviendas de alquiler de la región. Desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder en 2019, la Comunidad ha cedido más de un centenar de terrenos públicos cuya explotación dependerá de privados durante décadas, una decisión que limita las opciones de gobiernos futuros y garantiza que los adjudicatarios tengan tiempo suficiente para recuperar sus inversiones.

La oposición de izquierdas cuestiona radicalmente este modelo. Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, afirma que el enfoque del PP ha colocado a Madrid a la cabeza en precios de vivienda y expulsa a la población mientras atrae a fondos inmobiliarios. Advierte que las empresas tenderán a inflar los servicios ofrecidos —limpieza, mantenimiento, garaje— para aumentar las rentas finales que pagan los inquilinos, tal como sucede en el Plan Vive. Moruno también critica la gestión de la Agencia de Vivienda Social, señalando que ha construido menos de 350 viviendas de nueva promoción desde 2019 y se ha deshecho de más viviendas de las que ha inaugurado.

El PSOE de Madrid, dirigido por el ministro Óscar López, ve en estas cesiones una confesión de incapacidad. El diputado Javier Guardiola sostiene que la Comunidad reconoce que no puede gestionar vivienda social ni construir por sí sola parque público, proponiendo en su lugar un modelo de construcción de vivienda pública de protección permanente. Moruno recuerda además que la Comunidad anunció hace años la compra de 175 viviendas pero solo ha adquirido 5, y que solo recuperó 1.721 viviendas vendidas a un fondo buitre gracias a una orden judicial.

Para los operadores privados, el negocio es sustancial. Además de cobrar rentas, pueden facturar por gastos comunes —limitados al 15% de la renta máxima—, alquiler de bajos comerciales sin límite, y plazas de garaje no vinculadas a viviendas. En algunos casos, la Agencia de Vivienda Social asume parte de la morosidad. Este modelo de cesión de terrenos públicos a largo plazo, empleado también por otras regiones gobernadas por el PSOE como Navarra y Castilla-La Mancha, consolida el control privado sobre el parque de vivienda asequible madrileño durante décadas, dejando a gobiernos futuros con opciones limitadas para revertir la estrategia.