En el cruce entre la justicia y la política, la Audiencia Nacional ha salido al paso para defender a la jueza Tardón, cuya investigación sobre la crisis migratoria de Ceuta ha incomodado al Gobierno. El presidente de la institución rechazó las acusaciones del ministro Óscar Puente, recordando que la independencia judicial no es un privilegio corporativo sino una condición necesaria para que el Estado de derecho funcione. Cuando el poder ejecutivo cuestiona públicamente a quienes lo investigan, la línea entre la crítica legítima y la presión institucional se vuelve difícil de trazar.