Atacan con drones la alcaldía de Rioblanco en el centro de Colombia

El domingo por la mañana, mientras la mayoría de los empleados públicos descansaba en sus casas, drones y disparos impactaron contra la alcaldía de Rioblanco, un municipio en el departamento del Tolima, en el corazón de Colombia. El ataque, registrado el 9 de agosto de 2026, no dejó víctimas fatales precisamente porque era fin de semana y el edificio estaba prácticamente vacío. Pero la ausencia de muertos no minimizó el mensaje que los atacantes intentaban enviar.

La gobernadora regional, Adriana Magali Matiz, confirmó los hechos a través de redes sociales y señaló directamente a grupos armados ilegales como responsables. En la zona operan disidencias de las FARC, y Matiz no dudó en apuntar hacia ellos. Videos publicados por la gobernadora mostraban el humo saliendo de las fachadas del edificio municipal, mientras que en otros se escuchaban disparos al aire. El mensaje de Matiz fue claro: los criminales buscaban sembrar pánico y desestabilizar a la población, pero las autoridades no permitirían que sus acciones sometieran a la ciudadanía.

Este ataque a Rioblanco no fue un incidente aislado. Formaba parte de una escalada de violencia coordinada que se desplegó simultáneamente en múltiples regiones del país. Entre el viernes y el sábado anteriores, grupos armados ejecutaron ataques, hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos en once departamentos: Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. La Defensoría del Pueblo emitió alertas pidiendo prevención de estos atentados, reconociendo la magnitud de la ofensiva.

El ataque más letal ocurrió a casi mil kilómetros de distancia, en San Roque, un municipio en el departamento de Cesar, en el noreste del país. Allí, drones cargados con explosivos fueron lanzados contra el puesto policial local. El subintendente Argemiro Rodelo Canchila, de 43 años y dieciocho de servicio en la Policía Nacional, murió en el ataque. Su muerte marcó el primer costo humano confirmado de esta nueva oleada de violencia.

La sincronización de estos ataques en múltiples puntos del territorio sugería una estrategia coordinada. Ocurrían apenas un día después de que Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia de la república, lo que llevaba a preguntarse si los grupos armados estaban enviando un mensaje político o simplemente aprovechaban el momento de transición para demostrar capacidad operativa. La gobernadora Matiz pidió medidas inmediatas: refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública, evaluación de un toque de queda en Rioblanco y, sobre todo, protección de la vida de los ciudadanos. El municipio necesitaba toda la capacidad institucional disponible para recuperar la tranquilidad y garantizar seguridad a sus habitantes. Lo que estaba en juego no era solo infraestructura municipal, sino la confianza de comunidades enteras en la capacidad del Estado para protegerlas.