Antonio Sanz defiende su gestión tras la crisis de los cribados: "Mis decisiones las tomo para salvar vidas"

Antonio Sanz llegó a la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía cuando la crisis de los cribados de cáncer de mama ya estaba abierta: miles de mujeres afectadas, una denuncia por supuesta manipulación de pruebas y un clima político tenso. En una entrevista con Diario de Jerez repasa cómo afrontó aquellos primeros días y defiende que sus decisiones se guían por la salud pública y no por el cálculo electoral.

Según su relato, reconocieron el problema desde el primer momento y lo ordenaron en dos prioridades: atender a las mujeres afectadas y evitar que volviera a ocurrir. Fijaron el 30 de noviembre como fecha límite para realizar las pruebas pendientes de las 2.317 mujeres afectadas. Se trataba de mujeres a las que no se había ofrecido información, todas con un diagnóstico BI-RADS 3, que Sanz describe como prácticamente benigno pero que, sumado a ciertos retrasos, dejó nuevas pruebas sin hacer. Dice que lo abordaron en coordinación con asociaciones y entidades de pacientes, y asegura que el compromiso se cumplió.

A continuación llegaron las medidas estructurales. La Junta aprobó una orden que obliga a informar a todas las mujeres, sea cual sea su clasificación BI-RADS. Creó una comisión de seguimiento, que ya se ha reunido tres veces y en la que participan asociaciones, colegios profesionales, sociedades científicas y responsables del sistema. Designó además 32 referentes en las unidades de mama. Y puso en marcha el Plan Integral de Cribado, con 100 millones de inversión extraordinaria y el objetivo de contratar a 705 profesionales. El plan incluye extender proyectos ya probados, como el piloto de inteligencia artificial en el cribado de mama en Córdoba.

Sobre la denuncia por supuesta desaparición o manipulación de pruebas, Sanz sostiene que era técnicamente imposible. Afirma que los expertos de la Dirección General de Tecnologías de la Información le certificaron que el sistema deja trazabilidad total y que el acceso exige múltiples autorizaciones. Lo ocurrido, dice, fue una caída puntual que hizo que algunas usuarias vieran un mensaje de «no accesible». Como respuesta, la Junta multiplicó por cinco la capacidad del sistema e implantó una cola que indica cuántas personas esperan y el tiempo estimado. Recuerda también que se asumieron responsabilidades políticas al más alto nivel, con la dimisión de la anterior consejera.

Quedan por presentar tres líneas de trabajo definidas por la comisión: revisar y mejorar el aplicativo del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, optimizar el circuito de la usuaria y crear un procedimiento normalizado para las unidades de mama de todos los hospitales. Hasta ahora, explica, había recomendaciones generales que cada hospital adaptaba.

El consejero admite que la crisis le afectó. Cuenta que su momento más duro fue la denuncia de desaparición de pruebas, por el riesgo de alarma social sobre un programa que salva vidas, y habla de impotencia ante acusaciones que, asegura, sabía imposibles. Califica de falso que hubiera miles de casos fuera de control y critica la «política carroñera» de la oposición. Afirma que la decisión de la Fiscalía respalda que decían la verdad. A la pregunta de si el episodio puede costarle votos al PP, responde que su preocupación no son los votos y que toma sus decisiones para salvar vidas.

Sobre el sistema en su conjunto, ofrece cifras: 588 millones de actos sanitarios al año, entre ellos 86 millones de consultas de Atención Primaria, 12,5 millones de urgencias, 533.000 ingresos, 475.000 intervenciones y 450 millones de pruebas diagnósticas. Añade que la plantilla ha crecido casi 30.000 profesionales desde 2018 y que el presupuesto subió 1.000 millones solo en el último año.

Por otro lado, un juzgado investiga prórrogas de contratos de emergencia. Sanz confía en que se hicieron conforme a la ley, recuerda que el paso de control previo a permanente es un modelo que también aplicó el PSOE en Andalucía y asegura que la Junta ha colaborado con todas las investigaciones. En salud mental juvenil, habla de un grupo interdisciplinar entre Educación, Integración Social y Salud, tres unidades de trastornos alimentarios y 212 nuevas contrataciones. Descarta un adelanto electoral, aunque todo depende de la fecha de las generales.