Antonio Sanz defiende su gestión de los cribados y rechaza un adelanto electoral en Andalucía

Antonio Sanz llegó a la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía en mitad de una crisis sin precedentes: fallos en los cribados de cáncer de mama, miles de mujeres afectadas, una denuncia por supuesta manipulación de pruebas y un clima político tenso. En una entrevista con El Día de Córdoba repasa cómo la afrontó y defiende que actuó con rapidez y con transparencia.

Según el consejero, desde el primer día fijó dos prioridades: atender a las mujeres afectadas y evitar que algo así se repitiera. Marcó el 30 de noviembre como fecha límite para realizar todas las pruebas pendientes de las 2.317 mujeres afectadas. Explica que hubo que delimitar la magnitud del problema: eran mujeres a las que no se había informado, todas con un diagnóstico BI-RADS 3, que describe como prácticamente benigno, pero que, sumado a determinados retrasos, tenían nuevas pruebas pendientes. Dice que lo hizo en coordinación con asociaciones y entidades de pacientes, y asegura que el compromiso se cumplió.

A ello añadió medidas estructurales. Se aprobó una orden que obliga a informar a todas las mujeres, sea cual sea su clasificación BI-RADS. Se creó una comisión de seguimiento, con asociaciones, colegios profesionales, sociedades científicas y responsables del sistema, que ya se ha reunido tres veces. Se designaron 32 referentes en las unidades de mama. Y se puso en marcha el Plan Integral de Cribado, con una inversión extraordinaria de 100 millones y el objetivo de contratar a 705 profesionales, que incluye extender proyectos como el piloto de inteligencia artificial en el cribado de mama en Córdoba.

Sobre la denuncia por supuesta manipulación o desaparición de pruebas, Sanz sostiene que advirtió desde el primer minuto de que era técnicamente imposible. Afirma que los expertos de la Dirección General de Tecnologías de la Información le certificaron que el sistema deja trazabilidad total y que no pudo haber desaparición ni manipulación de datos. Lo ocurrido, dice, fue una caída puntual que hizo que algunas usuarias vieran un mensaje de «no accesible». Como respuesta, se multiplicó por cinco la capacidad del sistema y se implantó una cola que indica cuántas personas esperan y el tiempo estimado. Recuerda además que hubo responsabilidades políticas al más alto nivel, con la dimisión de la anterior consejera. Cita en su defensa la decisión de la Fiscalía, que, a su juicio, respalda que decían la verdad.

Quedan tareas pendientes. La comisión ha definido tres líneas que se presentarán pronto: revisar el aplicativo del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, optimizar el circuito de la usuaria y crear un procedimiento normalizado para las unidades de mama de todos los hospitales. Hasta ahora había recomendaciones generales que cada centro adaptaba.

El consejero reconoce el impacto personal: se declara optimista y acostumbrado a gestionar crisis, pero admite que una situación así afecta. El momento más duro fue la denuncia de desaparición de pruebas, por el riesgo de alarma social en torno a un programa que salva vidas. Habla de impotencia ante acusaciones que, asegura, sabía imposibles, y critica la «política carroñera» de la oposición. Preguntado por el coste electoral, responde que decide pensando en la salud pública y no en los votos, y reprocha a quienes gobernaron antes no haber implantado los cribados de colon y de cuello de útero.

Al hablar del sistema en general, ofrece cifras: 588 millones de actos sanitarios al año, 86 millones de consultas de Atención Primaria, 12,5 millones de urgencias, 533.000 ingresos y 475.000 intervenciones quirúrgicas. Señala que la plantilla ha crecido casi 30.000 profesionales desde 2018 y que el presupuesto subió 1.000 millones solo en el último año.

Sobre la investigación de un juzgado a las prórrogas de contratos de emergencia, dice confiar en que se hicieron conforme a la ley y que se ha colaborado con todas las investigaciones. En salud mental juvenil, ante la preocupación por los suicidios de adolescentes, cita un grupo interdisciplinar entre Educación, Integración Social y Salud, tres unidades de trastornos alimentarios y 212 nuevas contrataciones. La entrevista aborda también el posible adelanto electoral, que descarta apelando a la estabilidad, aunque todo depende de la fecha de las elecciones generales.